Las tensiones entre México y Estados Unidos crecen por los conflictos sindicales y las diferencias sobre el T-MEC

Las nuevas disposiciones del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han generado nuevas tensiones entre los países y estas se acercan a un punto de inflexión. Dos denuncias de abusos en derechos laborales y corrupción en sindicatos en México, así como diferencias en las interpretaciones de las reglas de origen de las exportaciones muestran la contención entre México y Estados Unidos a partir de lo negociado bajo administraciones anteriores en 2018.

Unos 6.000 trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, votarán esta semana a favor o en contra del contrato colectivo de trabajo negociado por la una de las organizaciones sindicales más grandes del país, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) — marcando, a su vez, un hito en la historia laboral de México. Este martes, mismo día que inicia la consulta en Guanajuato, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que viajará a Washington con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el 9 de septiembre como parte del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), encabezado allá por la vicepresidenta, Kamala Harris. El éxito de la consulta, medido por la transparencia y credibilidad, sentará las bases de esas reuniones.

Si bien el alcance del DEAN va más allá del comercio, “el T-MEC estará más que presente en esa reunión por la magnitud que representa”, asegura Ignacio Martínez Cortés, académico coordinador del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. “Por eso es muy importante que el tema sindical salga lo más limpio posible para que no se llegue con ese frente abierto a la reunión”, agrega el experto en comercio internacional. Además, si la consulta falla, Estados Unidos pudiera imponer un arancel de hasta 25% a la producción de la planta en Silao.

Una de las diferencias más grandes entre el antiguo TLCAN y el nuevo T-MEC son las disposiciones que se ofrecen a autoridades de denunciar abusos laborales por parte de los sindicatos. El T-MEC incluyó la creación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR), un procedimiento inédito de resolución de controversias. Cuando, en mayo, las autoridades estadounidenses recibieron información de que el sindicato de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao sufrían “serias violaciones” a sus derechos, Estados Unidos utilizó el mecanismo para exigir se hiciera la consulta. El T-MEC también permitió la presencia de más agregados laborales extranjeros.

La de Silao es la segunda denuncia presentada por parte de la Administración de Joe Biden en la que acusan al sindicato de una planta en México de impedir que los trabajadores se organicen en una organización alternativa a la suya. Otro caso es el de la empresa Tridonex, en Matamoros (Tamaulipas), que finalmente llegó a un acuerdo con la Administración de Biden en el que se comprometió a indemnizar a 154 trabajadores que fueron despedidos, así como a garantizar la libre asociación de los trabajadores, entre otras acciones.

“Los dos casos que inició Estados Unidos se encontraron fallas y en los dos casos el Gobierno de México tomó acción”, dijo Juan Carlos Baker, consultor y uno de los negociadores del T-MEC bajo la Administración anterior en México. “Esto pudiera verse como un éxito, pero hay argumentos y quejas también de que las empresas y los sindicatos en Estados Unidos no tienen la misma protección de su Gobierno que sí tienen en México”, agrega.

El domingo, dos días antes de la votación en Silao, la CTM emitió un comunicado en que acusaban a sindicatos extranjeros de interferir en el proceso. “Existe, desde hace varias semanas, una constante presión de sindicatos americanos hacia las autoridades mexicanas y hacia los trabajadores de esta planta automotriz para tratar de influir en el resultado; por lo cual, rechazamos esta injerencia”, apunta el comunicado.

Para garantizar la legitimidad, la votación será observada por el Instituto Nacional Electoral (INE) así como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El INE ha sido blanco de ataques del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien, tan recientemente como el lunes, propuso en conferencia de prensa una reforma a la institución, ya que “no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, dijo, “entonces, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio”.

Por su parte, la secretaria Clouthier, de México, ha expresado su desacuerdo con la manera en que Estados Unidos está interpretando las reglas de origen en el sector automotriz, las cuales definen cuánto porcentaje de las partes que componen un producto exportado debe ser producido en el país, versus importado de países que no pertenecen al T-MEC. En julio, tras una reunión con sus contrapartes estadounidense y canadiense, Clouthier dijo que desde que el tratado entró en funcionamiento tanto Canadá como México han expresado que la interpretación de las reglas como las está haciendo la Administración de Biden “no es lo que acordamos en términos del T-MEC y hemos pedido que se haga una revisión de este tema y que la interpretación sea lo que se acordó”.

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