“Les doy mi sangre y mi cabello, porque cuando se llevaron a mi hijo ya me lo quitaron todo”

En el número 910 de la avenida Explanada la sangre se escurre por las paredes claras. También está manchada la puerta negra de la sede que el Gobierno del Estado de México tiene en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más acomodados de la capital. En rojo se lee amnistía, justicia y libertad. Con su propia sangre, decenas de mujeres han escrito lo que llevan meses pidiendo: la excarcelación de sus hijos, hermanos o esposos que están “injustamente presos”. Fueron víctimas de torturas, fabricaciones de delitos o irregularidades en sus procesos penales, según ha dejado acreditado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). La mayoría de ellos son jóvenes, de entornos sociales muy humildes y de piel morena. “En el Estado de México se criminaliza la juventud, la pobreza y lo indígena”, apunta el abogado Antonio Lara, del centro Zeferino Ladrillero. Un informe de esta organización calcula que en el Estado de México hay más de 19.000 personas privadas de libertad que no tuvieron derecho a un proceso justo y regular.

En 2015, Antonio Candelaria tenía 22 años, estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Londres e iba a clases de teatro. También trabajaba de taxista para costear sus estudios. Ahora, Antonio Candelaria tiene 27 años y pasa desde hace seis los días en la cárcel. Fue detenido el 20 de abril de 2015 en el centro comercial Mundo E, en Ciudad de México. “En el vídeo de seguridad se ve cómo se lo llevan hombres y mujeres sin uniforme. Nosotros pensamos al principio que era un secuestro”, cuenta su madre, Alicia Reyes.

Después de tres días sin noticias, Antonio llamó desde la prisión federal de Nayarit donde estaba arrestado: lo acusaban de secuestro, vinculación al crimen organizado y extorsión. A Reyes se le quiebra un poco la voz cuando relata que en las 72 horas que ellos lo buscaban por calles y hospitales, su hijo había sido rapado y amenazado con una pistola, ahogado con una toalla mojada, había recibido toques eléctricos, se había desmayado y los golpes lo habían levantado de nuevo. La policía quería que confesara que formaba parte de un cartel, pero nunca firmó la hoja en blanco. “Tuvieron que abrir una carpeta de investigación por tortura, pero no le dieron seguimiento”, narra Reyes. El juez federal encargado del caso se declaró incompetente y, a los tres meses, Antonio ingresó en el penal de Barrientos, en el Estado de México. Ya solo le achacaban el delito de extorsión. En un juicio oral, en el que la familia acusa que no tuvo la defensa adecuada, lo condenaron a 43 años que, tras un amparo, se convirtieron en 40.

La Ley de Amnistía se ha vuelto la última esperanza de esta y muchas familias, que denuncian casos plagados de errores. Bajo el paraguas de la iniciativa federal, en diciembre del año pasado, el Congreso del Estado de México aprobó el reglamento para amnistiar a personas privadas de libertad que están en la cárcel —con o sin sentencia— por delitos menores. Estos pueden ser crímenes contra la salud, robo en algunas modalidades, aborto, sedición o delitos involuntarios, por ejemplo.

Además, esta ley de amnistía contempla a los condenados por crímenes de alto impacto, como homicidio o secuestro, que fueron torturados o víctimas de irregularidades en su proceso, siempre que lo acredite algún organismo público de derechos humanos. Con base en ese dictamen, una comisión legislativa emite su recomendación al Poder Judicial sobre estos casos especiales. El diputado de Morena Gerardo Ulloa, presidente de la comisión, lo definió así: “No se puede negar que hubo fabricación de delitos para imputar a gente de escasos recursos en causas penales por ilícitos como secuestro y hasta homicidios”.

Pero la última palabra sobre estos casos la tienen los jueces, quienes hasta ahora solo han aprobado una solicitud. “Se trata de una actitud de encaprichamiento institucional. Hubo una directriz general que emitía que nadie en el poder judicial del Estado de México iba a permitir que se reconociera que se hicieron mal las cosas”, explica el abogado Antonio Lara, del centro Zeferino Ladrillero. “Para el Poder Judicial estos casos son puntos negros en su historial. En el discurso público no se admiten este tipo de errores. Se consideran casos aislados”, añade. Los informes de las organizaciones de derechos humanos en el Estado apuntan entre 13.000 y 19.000 de esos casos de personas “injustamente presas” de un total de 30.000 individuos encarcelados. Es decir, la mitad de la población penitenciaria total en la entidad no tuvo derecho al debido proceso.

“Lo reconocí por moreno y por mugroso”

Las familias han reaccionado con desesperación ante la negativa de los jueces. La semana pasada, la abuela, la tía y la madre de Antonio Candelaria, acompañadas de más de una veintena de mujeres que luchan por casos similares, se raparon el cabello frente al palacio del Poder Judicial del Estado de México. Este jueves, todas ellas se han sacado sangre con la que pintar los muros de la representación estatal. Las enfermeras les han pinchado y en una jeringuilla se han llevado el líquido. Con un guante han arrastrado las palabras: “Amnistía que se cumpla”. Estas mujeres, ahora rapadas y con los dedos manchados de sangre, han recibido recientemente el apoyo de la CODHEM. La organización de Derechos Humanos ha emitido un dictamen favorable para la liberación de sus familiares pues ha documentado irregularidades, fabricación de delitos o torturas. En total, la CODHEM se ha pronunciado a favor de 24 casos.

Las irregularidades detectadas se repiten: arrestos sin orden de aprehensión, horas y días incomunicados, malos tratos durante la detención, condenas con base en únicos testigos o indicios. Es el caso de Daniel Plácido quien fue acusado de secuestro y señalado por la víctima cuando caminaba por las calles de Toluca. “Dijo que reconoció a mi hermano por moreno y por mugroso. En la declaración consta que lo identificó porque estaba lleno de suciedad”, cuenta indignada Lady Plácido, de 33 años. Explica que Daniel llevaba la ropa y las manos manchadas porque trabajaba en una vulcanizadora, reparando llantas, y en una herrería ayudando a su padre. Fue arrestado el 5 de noviembre de 2015 cuando tenía 26 años. “Cuando lo detuvieron le dijeron que iban a violar a su esposa y a su hija delante de sus ojos si no reconocía lo que había hecho. Le dijeron que nos iban a desaparecer”. Sin pruebas científicas, ni peritajes, sin huellas ni registro de llamadas que respaldaran la identificación del testigo, Daniel Plácido fue condenado a 70 años.

Las causas, según las organizaciones de derechos humanos, hay que encontrarlas en las políticas de efectividad de las fiscalías. “El Ministerio Público en el Estado de México entiende la efectividad como más gente en la cárcel. El problema de entenderlo así es que no importa quien esté en la cárcel siempre que tengas a alguien en la cárcel”, apunta Lara, que reformula: “Los detienen porque necesitan que alguien pague el robo, secuestro u homicidio que hubo”. En el Centro Zeferino Ladrillero constatan que muchos de los que están injustamente presos son chicos jóvenes que “por ser pobres no alcanzaron la justicia”. Además de una criminalización de los rasgos indígenas.

Le ocurrió a Daniel González, mazahua de Villa Victoria, preso con 27 años en 2015. “Les doy mi sangre y mi cabello, porque cuando se llevaron a mi hijo ya me lo quitaron todo”, dice su madre, Silvia Romero. Es también Luis Edgardo Ávila, a quien le pidieron dinero o terrenos para dejarlo libre, pero no tenía, a quien su hermana Edelmira juró sacar de prisión hace ya siete años. En las paredes y en las conversaciones, estas mujeres comparten la misma duda: “Ya está la ley y el pronunciamiento de derechos humanos, ¿por qué no los quieren dejar salir?”.

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