El frente abierto por los terrenos del futuro aeropuerto de Ciudad de México

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró en 2019 que 749 hectáreas aledañas a la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, eran territorio nacional. Así quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril de ese año: 621 de esas hectáreas serían para comuneros del municipio de Xaltocan y las restantes, 128, para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que proyectaba allí el futuro aeropuerto Felipe Ángeles. Pero al menos una familia mantiene un frente abierto en los tribunales por esos terrenos, ya que defiende que 92 de esas hectáreas son privadas y reclaman una indemnización.

El padre de la familia, Raúl Romero Zenizo, presentó en de 2019 una demanda de amparo por la presunta violación de sus derechos fundamentales. De acuerdo con el demandante, parte de esos terrenos declarados como bienes nacionales eran, en realidad, suyos desde 1970. La causa avanza por la vía administrativa desde hace tres años mientras continúa la construcción del futuro aeropuerto Felipe Ángeles, una de las obras de infraestructura más importantes de este sexenio. Tras la demanda, la Sedena remitió a la Sedatu un documento en el que reconocía la propiedad privada de esa superficie reclamada con base en la valoración del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

La nota destaca “la disposición” de la familia “en apoyar el proyecto”, es decir, la construcción del futuro aeropuerto y continúa: “Con el fin de evitar conflictos legales que pudieran afectar los intereses de esta Secretaría de Estado, así como el multicitado proyecto, se solicita de su apoyo a fin de que se dé la solución al tema en comento”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye diciendo que la Sedena “cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”. Desde entonces, la familia insiste en obtener “una indemnización conforme a la ley por causa de expropiación”. Pero si los terrenos que reclama la familia como privados son considerados bienes nacionales, entonces no existe expropiación y, por ende, tampoco un resarcimiento económico.

El 8 de marzo, la familia presentó un nuevo recurso, esta vez por la vía penal, ante la Fiscalía General de la República (FGR). El escrito denuncia “a quien o quienes resulten responsables” por “falsificación de documentos”, según ha explicado Pablo Hernández Romo, el abogado de los denunciantes, a este periódico. “Consideramos que la declaratoria de bienes nacionales es un documento falso ideológico”, señala Hernández. De acuerdo con el escrito presentado ante el Ministerio Público, la familia cree que la Sedatu “asentó como ciertos los hechos que no son acordes a la realidad” al considerar esas 92 hectáreas como bienes nacionales.

De ese modo, la secretaría “engañó” al presidente Andrés Manuel López Obrador, “diciéndole que esos terrenos eran bienes nacionales”, defiende el letrado. “Es imposible porque la ley agraria establece qué se puede considerar bien nacional y una propiedad privada no puede considerarse bien nacional”, aclara. Hasta ahora, ni el abogado ni la familia cuentan con información sobre el avance de esta carpeta de investigación. Hernández Romo asegura que tiene más clientes que con casos similares, pero este ha sonado este martes en la opinión pública debido a una columna de opinión en la que el periodista Raymundo Riva Palacio expone este caso, que ha sido retomado por otros medios locales.

La Sedatu ha emitidio posteriormente una nota informativa en la que asegura que “cada una de las etapas” de la “regularización de terrenos alrededor del proyecto aeroportuario ha respetado los derechos de quienes pudieran ver afectados sus intereses” y replica que la regularización de tierras “proviene de una demanda social que la comunidad de Xaltocan ha tenido desde hace 50 años”. De acuerdo con la secretaría, la Sedena ha pagado por “más de 1.100 hectáreas” a ejidatarios o privados “que han probado legalmente su propiedad”. Pero según se lee en el comunicado, la propiedad de estas 92 hectáreas no están acreditadas.

La secretaría sostiene que “nadie presentó documentación que acreditara la propiedad de estos terrenos durante el periodo que marca la ley previo a la declaratoria” de 2019. “Inclusive, a la fecha no se ha demostrado la propiedad de estos terrenos”, dice el escrito. Sobre el reconocimiento que la Sedena hizo en 2019, un portavoz de la Sedatu ha asegurado a EL PAÍS que se trató de un “error” de Defensa y que “el registro en catastros locales no garantiza la propiedad del predio”. El denunciante, Raúl Romero Zenizo, falleció sin que se resolviera su caso y actualmente está pendiente su sucesión, de acuerdo con la secretaría. “Si la autoridad judicial dice que sí es propiedad privada, nosotros vamos a acatar”, ha asegurado.

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