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La Auditoría Superior detecta irregularidades en el desembolso de 12.276 millones de pesos en el primer año de López Obrador

En su informe sobre el gasto público de 2019, la dependencia señala anomalías importantes en la Secretaría de Cultura, el aeropuerto que impulsó el PRI y los programas sociales del nuevo Gobierno. El monto es menos de la mitad de lo detectado en el último año de Peña Nieto

López Obrador, en un evento de Sembrando Vida en Oaxaca.
López Obrador, en un evento de Sembrando Vida en Oaxaca.Presidencia / Presidencia

En su segundo informe sobre el gasto público del Gobierno mexicano y los órganos autónomos en 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el desembolso de 12.276 millones de pesos, unos 650 millones de dólares. Es el resultado del análisis de decenas de contratos de obra pública, convenios y esquemas de apoyo directo del Ejecutivo y de entes federales independientes. El trabajo de la ASF refiere por primera vez la fiscalización de programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. El monto es menor que en 2018, el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se detectaron irregularidades por 28.876 millones de pesos, unos 1.440 millones de dólares.

Entre los entes fiscalizados con mayores señalamientos de presuntas irregularidades se encuentran la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., encargado de la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, impulsado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). También aparecen Pemex o la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Con los señalamientos, la ASF invita a las entidades a que aporten documentación para solventar las irregularidades. En caso de no hacerlo, los auditores pueden proponer sanciones, incluso presentar denuncias penales.

Dentro de los señalamientos a la Secretaría de Bienestar, dependencia a cargo de Javier May, destacan los del programa Sembrando Vida y el esquema de “contratación de Servidores de la Nación”. Sembrando Vida es uno de los programas sociales emblema del Gobierno de López Obrador. Su objetivo, según la propia secretaría, es “atender la pobreza rural y la degradación ambiental” mediante proyectos agroforestales. La ASF explica, por ejemplo, que Bienestar dice haber entregado 74.962 apoyos económicos en efectivo a 61.602 beneficiarios por un valor de 338 millones de pesos, pero que no acreditó su entrega. Los señalamientos al programa Sembrando Vida suman un total de 609 millones de pesos, unos 30 millones de dólares.

En el caso del programa de Servidores de la Nación, el señalamiento es parecido. Adscritos a la Secretaría de Bienestar, el ministerio encargado de combate a la pobreza, los servidores han fungido de brigada del Gobierno federal en diferentes situaciones, la última, en la logística de la administración de las vacunas contra la covid-19. La ASF indica en este caso que Bienestar carece de documentación que compruebe el pago de 321 millones de pesos que la secretaría asegura haber pagado a los servidores de la nación en 2019. La ASF dice también que Bienestar transfirió 87 millones de pesos a tres cuentas bancarias “sin que presentara evidencia documental justificativa” que acredite que el dinero se usó para los honorarios de los servidores de la nación. Los señalamientos a Bienestar por este programa suman un total de 561 millones de pesos, algo más de 28 millones de dólares.

EL PAÍS ha contactado a un vocero de la secretaría de Bienestar, que ha recordado que la ASF permite, en esta etapa, que las dependencias auditadas resuelvan las irregularidades señaladas por los auditores. El vocero no ha querido comentar los casos de Sembrando Vida o el esquema de contratación de Servidores de la Nación.

El viejo nuevo aeropuerto

En el caso del aeropuerto que proyectó el Gobierno de Enrique Peña Nieto en el municipio de Texcoco (Estado de México), a las afueras de Ciudad de México, los auditores señalan irregularidades en el gasto de 3.215 millones de pesos. Proyecto estrella de la administración anterior, el Gobierno entrante sometió la obra a consulta popular. Antes siquiera de tomar posesión, López Obrador y su equipo preguntaron a la ciudadanía si querían que se construyera el aeródromo, una obra que superaría los 13.000 millones de dólares. La participación en la consulta fue baja, apenas un millón de personas, pero la respuesta fue que no. López Obrador decidió sepultar la obra, aunque su Gobierno ha seguido pagando parte de los contratos comprometidos durante la era Peña Nieto.

Varias de las irregularidades señaladas por los auditores apuntan a pagos realizados por “conceptos fuera del catálogo original”. Así por ejemplo, en el contrato del “proyecto ejecutivo de pistas, rodajes, plataformas, ayudas a la navegación y otras instalaciones” del aeropuerto, la ASF indica que se pagaron ocho millones de pesos en el “diseño de infraestructura adicional para los paquetes de licitación nº 19 (pista 3), nº 20 (pista 6)”, etcétera, una suma que no era contemplada originalmente.

En el contrato de la construcción del “edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso, estacionamientos, torre de control y centros de control de operaciones”, los auditores afirman que no se acreditó “la realización del acompañamiento arquitectónico”, motivo por el que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México desembolsó 229 millones de pesos, 11 millones y medio de dólares.

La ASF detectó irregularidades igualmente en pagos de 266 millones de pesos, 13 millones de dólares, con cargo al contrato para construir “las plataformas de la terminal, el edificio satélite, la terminal de carga y mantenimiento de aeronaves, del edificio del centro intermodal de transporte terrestre” y otras instalaciones. Y también en los contratos para la construcción de las “losas de cimentación” de la terminal y del centro de transporte terrestre intermodal, por 102 y 63 millones de pesos respectivamente.

No es la primera vez que la ASF señala pagos indebidos en la construcción del aeródromo o en la fase de cancelación de las obras. Los auditores señalaron en 2020 irregularidades en el pago de 2.598 millones de pesos ejercidos en 2018, todavía bajo el Gobierno de Peña Nieto.

Cultura y las deudas de años anteriores

La Secretaría de Cultura es una de las dependencias más analizadas por los auditores. Las irregularidades señaladas por la dependencia suman un total de 1.707 millones de pesos, poco más de 85 millones de dólares. Uno de las principales es el pago de 727 millones por supuestas deudas de años anteriores al 2019, “sin contar con la autorización correspondiente” y sin “proporcionar documentación que acredite que los bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción”.

El segundo lote de contratos del que sospechan los auditores son con agencias de viajes, Viajes Premier y Artmex Viajes. Se trata de dos contratos por 206 millones de pesos, unos 10 millones de dólares. La ASF señala que la secretaría no presentó documentación relativa a la justificación de los viajes. El tercero es un contrato con dos empresas, Visión y Estrategia de Negocios y Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa por 190, del que, dice la ASF, Cultura no presentó documentación que comprobara “la prestación de servicios”. Según una fuente de Cultura, este último contrato se firmó para contratar maestros de música, dibujo y teatro para niños en áreas rurales.

En total, la ASF realiza 27 señalamientos a la Secretaría de Cultura. Como en el resto de casos, la dependencia tiene ahora la oportunidad de aportar documentación que solvente las dudas de la ASF. Preguntado en general por la cantidad de irregularidades detectadas en el gasto de Secretaría de Cultura en 2018, un vocero de la dependencia ha indicado “las áreas responsables se encuentran informadas en relación a los requerimientos derivados de esta auditoría y están en proceso de seguir remitiendo información complementaría”.

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