La inhabilitación de Marine Le Pen divide a Francia: ¿exceso de los jueces o mera aplicación de la ley?

La presidenta del tribunal correccional de París, Bénédicte de Perthuis, ya lo advirtió el lunes antes de dictar la sentencia a Marine Le Pen: “La lectura va a ser larga porque este caso va más allá del tribunal”. Poco después, la declaraba culpable de malversación de fondos públicos y la condenaba a cuatro años de prisión, dos con brazalete electrónico, y cinco años de inhabilitación con efecto inmediato, lo que hace muy difícil que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, en la que partía como favorita. Su partido, el Reagrupamiento Nacional, fue el más votado en las legislativas del pasado julio (con casi 11 millones de apoyos) y es el que más escaños tiene (124). La sentencia ha desatado un tsunami en el país, donde el debate gira en torno a su inhabilitación inmediata. Puede recurrir la pena de cárcel, pero no esta medida, que divide a la clase política entre quienes creen que es excesiva y los que defienden que se ha aplicado la ley.

“La sentencia tiene impacto político, pero no es una decisión política. La sentencia es la aplicación estricta del derecho, pues los jueces han visto que tenía un rol mayor en la infracción probada”, explica Jean-Philippe Derosier, profesor de Derecho Público en la Universidad de Lille. “El tribunal no ha juzgado ideas ni un programa, sino el desvío de fondos de millones de euros. Aunque las consecuencias de esta decisión sean políticas, no se puede invertir el orden de las cosas”, denuncia Alexandra Vaillant, secretaria general de la Unión Sindical de Magistrados, el sindicato de jueces y fiscales más importante de Francia. Muestra de la división sobre el asunto es el resultado de un sondeo de Elabe realizado tras la sentencia: el 57% de los franceses considera que es una decisión acorde con los hechos.

El propio primer ministro, François Bayrou, ha denunciado que Francia es el único país donde existe esta posibilidad de inhabilitar automáticamente a un condenado. Aunque se recurra, la medida sigue vigente hasta nuevo veredicto. “Este caso se explica porque el tribunal ha visto un riesgo de reincidencia, que se justifica en el hecho de que Le Pen no reconoce que haya una infracción en los hechos probados. Por eso hay un riesgo de que vuelva a cometerlos”, añade el profesor Derosier.

La medida viene de la llamada Ley Sapin, que se aprobó en 2016, un año antes de las presidenciales de 2017, las que ganó Emmanuel Macron frente a Le Pen. Esta norma contra la corrupción daba más poder a los jueces a la hora de aplicar esta pena complementaria de inhabilitación para los cargos electos condenados. Se aprobó con mayoría en la Asamblea. Entonces, el partido de Le Pen contaba solo con dos diputados: Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la líder, que votó en contra, y Gilbert Collard, que no votó. Le Pen aún no tenía escaño.

Antes de su entrada en vigor, “era opcional, el juez tenía que justificar por qué aplicaba la inhabilitación. Ahora tiene que justificar por qué no la aplica”. Así ocurrió este lunes en el caso de Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, condenado a tres años de inhabilitación, pero en su caso sin ejecución inmediata. Se argumentó que era “para preservar la libertad de los electores que habían elegido al alcalde” antes de la condena.

No es el caso de Le Pen, que aún no ha recibido el aval de las urnas. “La pena se ha explicado y motivado. La inhabilitación es una herramienta que tiene un tribunal desde hace años. No solo puede aplicarla, sino que debe hacerlo y si no lo hace debe motivarlo. Los jueces aplican las leyes. Es sorprendente escuchar a los políticos criticar una medida que ellos han votado”, dice Vaillant.

Que se haya aplicado, incluso sabiendo que Le Pen era favorita en 2027, “demuestra que nadie está por encima de la justicia”, añade. “No es cualquier candidata, es alguien con altas posibilidades de ganar, y ha cometido una infracción que no es un exceso de velocidad. En Francia, el presidente tiene inmunidad y una buena posición para orientar reformas que le exoneren de sus responsabilidades”, refuerza Derosier.

Otras condenas

No es la primera condena a una figura política de primer nivel con un impacto electoral. En 2004, Alain Juppé, potencial candidato de la derecha francesa a las elecciones de 2007, vio esfumarse sus aspiraciones tras ser condenado a 14 meses de cárcel y un año de inhabilitación en el caso de los empleos ficticios del Ayuntamiento de París. Dimitió y aquellas elecciones las ganó Nicolas Sarkozy, que hoy lleva un brazalete electrónico tras haber sido condenado por tráfico de influencias.

En 2017, otra decisión judicial dilapidó las opciones de llegar al Elíseo del ex primer ministro François Fillon. Fue condenado a cinco años de prisión y 10 años de inhabilitación por la contratación fraudulenta de su mujer como asistente parlamentaria sin que ejerciera como tal. Fillon recurrió al tribunal de apelación y luego al de Casación.

Le Pen ha recurrido la sentencia. El tribunal de Apelación ha dicho, a través de un comunicado, que espera una decisión en verano de 2026. “Se trata de un caso complejo, con muchos implicados. En medio del revuelo en la Asamblea, la política del RN volvió a denunciar el martes una persecución de la justicia y citó a Charles de Montesquieu, el padre de la división de poderes del Estado: “No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia”.