La impunidad cubre a los muertos y heridos de las protestas de 2019 en Ecuador

Patricia Mosquera no olvida la ansiedad que vivió al llegar al hospital. Una llamada le había alertado que su hermano, Édison, había caído herido en la jornada de protestas que vivió Quito el 7 de octubre de 2019. “Sabíamos que él estaba mal, pero no sabíamos cuál era la magnitud”, recuerda. Los doctores entraban y salían apresurados de la sala hospitalaria hasta que llamaron a Patricia para decirle que Édison había recibido un impacto de proyectil en el lado izquierdo de la cabeza, en la parte baja del oído. Cinco días después Édison murió, a los 30 años de edad, cuando un tercer paro cerebral lo fulminó. Hoy, Patricia sabe que la munición que causó la muerte de su hermano fue un perdigón de goma. “¿Cómo una bala de goma puede entrar dañando tanto, alojándose de esta manera? ¡Una bala de goma! ¡Si es un arma no letal!”, cuestiona.

En esas manifestaciones hubo seis muertos, de acuerdo con el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), que fue conformada por la Defensoría del Pueblo y que tomó como referencia una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este equipo confirmó que cuatro de esas muertes habrían sido causadas por el impacto de municiones no letales. También verificó que 22 personas nombradas en el informe de la CEVJ sufrieron lesiones físicas permanentes y de largo plazo provocadas por ese mismo tipo de municiones. La mayoría perdió un ojo, quedó ciega o tuvo fracturas del cráneo que generaron algún tipo de discapacidad. La Policía, por su parte, contó 470 policías agredidos y 208 uniformados secuestrados. Fueron las manifestaciones más violentas de los últimos 15 años.

Las estadísticas de la Fiscalía reflejan el nivel de impunidad detrás de la violencia de octubre de 2019. Esta institución recibió 743 denuncias relacionadas con esas protestas, la mayor parte por daño de bienes, pero solo en 66 casos ha habido personas procesadas. Hasta el momento, 19 han recibido sentencia condenatoria. Documentos oficiales muestran que las agresiones contra los manifestantes se dieron en medio de un desabastecimiento de bombas lacrimógenas y balas de goma, lo que dio lugar a contratos públicos opacos que no constan en el portal de Compras Públicas ni en las páginas de transparencia de las instituciones gubernamentales. Además, la Policía ecuatoriana contó con la ayuda de sus pares de Colombia y Perú para abastecerse de municiones no letales, préstamos que no habían sido revelados antes.

Un mes después de la crisis, el Gobierno ecuatoriano prestó a Bolivia ese mismo tipo de material para contener las protestas desencadenadas por la salida del expresidente Evo Morales y la llegada de un gobierno de transición encabezado por la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, municiones que no han sido devueltas. Por este préstamo existe un proceso penal en Bolivia, mientras que en Ecuador hay una indagación previa y un examen especial de la Contraloría General del Estado en marcha.

Estos son algunos de los hallazgos de la investigación El negocio de la represión, en la que participaron El Universo de Ecuador, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios de la región.

Municiones para una semana

El entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, apareció en cadena nacional la noche del 1 de octubre de 2019 para informar de la anulación del subsidio a la gasolina extra y al diésel, los combustibles más utilizados en el país. La pensó como una medida que le ahorraría al fisco unos 1.400 millones de dólares anuales. A la mañana siguiente, los transportistas anunciaron un paro nacional, mientras las organizaciones sociales se preparaban para las movilizaciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, comenzó ese mismo día las protestas en las comunidades y advirtió que los manifestantes se trasladarían a Quito.

Los policías también se alistaban. La Dirección General de Logística de la Policía Nacional, al mando del general Fernando Correa Gordillo, informó a la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, que había gases lacrimógenos para contener una semana de protestas, según contó ella a este diario. Un informe policial señala que antes de las protestas, la Policía tenía 5.200 unidades de gases lacrimógenos, entre granadas de mano y cartuchos de largo y corto alcance. El documento hace referencia a una gran compra de ese material realizada en febrero de 2019. Sin embargo, no hay rastro de esa adquisición en el portal de Compras Públicas, tampoco en las páginas de transparencia del Ministerio de Gobierno y la Policía. El Universo solicitó la información a esta cartera y al recién creado Ministerio del Interior, pero no recibió respuesta. La directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), María Sara Jijón, tampoco aceptó una entrevista.

El caos inició el 3 de octubre. En medio del paro nacional de transportistas, se reportaron intentos de saqueo a locales comerciales en Guayaquil. Frente a ello, el Gobierno anunció un estado de excepción de 60 días. Los transportistas alzaron el paro dos días después. Los estudiantes, trabajadores, gremios sociales e indígenas tomaron la posta. La Conaie asumió el liderazgo de las protestas.

El 5 de octubre, el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Comandancia General de la Policía para administrar los recursos que servirían para contener la violencia. Los indígenas llegaron a la capital el 7 de octubre en medio de desmanes. Un destacamento policial y una tanqueta del Ejército fueron incendiados. Los dirigentes de la Conaie responsabilizaron de esos hechos a supuestos infiltrados.

Ese día, Édison Mosquera protestaba en el sector de Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. Una cámara de seguridad grabó el momento en que los policías avanzaron hacia los manifestantes y él cayó. Patricia Mosquera vio esas imágenes meses después. Vio que su hermano se levantó y recogió algo del piso, vio que un policía lo golpeó y que dos más se unieron a la agresión, vio que su hermano cayó de nuevo y que uno de los policías le disparó directamente. Tras el ataque, fue llevado a un hospital.

Ese mismo día, el presidente Moreno trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil. Por la tarde se reportó la primera muerte en las protestas. Era un joven que había caído de un puente en la capital durante una persecución policial. El 8 de octubre, manifestantes indígenas intentaron tomar las instalaciones del palacio de la Asamblea Nacional, que en esos días se mantenía en suspenso. Los militares los desalojaron en medio de los desmanes. Romo diría semanas después que esa toma fue parte de un plan para derrocar al presidente Moreno e instalar una Asamblea Constituyente.

Colombia y Perú vinieron al auxilio

Tras una semana de caos, los recursos policiales empezaron a mermar. Colombia y Perú acudieron al auxilio del Gobierno ecuatoriano. Romo contó que llamó por teléfono a sus pares de Colombia y Perú para solicitarles gases lacrimógenos en préstamo. La exministra recuerda que conversó con Guillermo Botero Nieto, el entonces ministro de Defensa colombiano y hoy embajador de ese país en Chile. No conserva en su memoria con qué autoridad peruana trató.

La exministra sostiene que esos préstamos se hicieron en virtud de acuerdos de cooperación en el marco de Ameripol, un organismo que reúne a 35 instituciones policiales de la región, y que sus llamadas a los ministros fueron más por un gesto diplomático, para informarles que el comandante ecuatoriano se pondría en contacto con sus pares de Colombia y Perú para gestionar los préstamos. “Es un tema de cooperación entre policías (...). No recuerdo que el presidente (Lenín Moreno) haya hecho o haya tenido que hacer una llamada”, afirmó Romo.

Un informe del PMU instalado en la Comandancia policial ecuatoriana, que meses después llegaría a la Asamblea Nacional, detalló el material que la Policía de Colombia entregó el 9 y el 10 de octubre: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanzagases. El material era de fabricación estadounidense, de las marcas Combined Systems y Safariland, según corrobora otro documento del Ministerio de Gobierno al que tuvo acceso El Universo.

La Policía Nacional colombiana confirmó a este equipo el préstamo a su par en Ecuador, explicando que lo hizo en virtud de un memorando de entendimiento de cooperación en seguridad que existe entre los dos países desde diciembre de 2018. En su respuesta, la Policía colombiana explicó que las condiciones para el préstamo incluían que su par ecuatoriano pusiera en marcha “medidas que permitan hacer trazabilidad a los elementos” y que, bajo ninguna circunstancia, podría “ceder ni transferir ni dar una destinación diferente” a esos equipos.

Su cuadro del material prestado es casi idéntico al que registran los documentos ecuatorianos, salvo que los describe todos como de la marca estadounidense Combined Systems (a excepción de los diez fusiles lanzagases, cuyo fabricante Ecuador no identificaba y que en Colombia fueron descritos como hechos por la empresa brasileña Condor). Y estableció un plazo de devolución máximo del 31 de diciembre de 2020.

El Gobierno colombiano informó que fue una ayuda única. “No ha habido ningún otro préstamo de armamento no letal, tampoco de elementos de consumo, a otros cuerpos policiales o militares de algún país de América Latina en los años 2018 a 2022″, dijo en su respuesta el general Henry Sanabria Cely, director administrativo y financiero de la Policía colombiana. En cambio, el informe del PMU en Ecuador no menciona nada sobre el material entregado por Perú. Una fuente que trabajó junto a la exministra Romo durante las protestas dijo a El Universo que ese material fue donado, no prestado. No recordaba si estaba a punto de caducar o ya estaba caducado.

Romo expresó desconocer el asunto. “Estoy casi segura de que fue donación. No sé si es que hubo una parte que era donación y una parte que era préstamo. Tendría que verificar en los documentos (...) No conozco los detalles, peor aún la motivación para donar, pero si Perú tenía más material o ya había contratado un recambio, tal vez para Perú era una opción donar”, aseguró Romo.

Tras la entrevista, la exministra entregó un detalle del material que prestó Perú: 1.000 granadas lacrimógenas, 5.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma. El portal IDL-Reporteros, de Perú, confirmó para esta investigación la entrega de municiones no letales a Ecuador. El expresidente Martín Vizcarra afirmó a ese medio que “hubo un acuerdo directo entre las direcciones generales de la Policía entre Perú y Ecuador. Este fue el único préstamo interinstitucional. La idea era que se devuelva inmediatamente apenas llegara el material que compró ese país”. Esto coincide con el informe del PMU ecuatoriano, que indica que el 9 de octubre el Ministerio de Gobierno adquirió municiones no letales de calibre 12 mm: 1.800 perdigones de goma, 375 saquetes (bean bag) y 375 municiones de gas lacrimógeno. Sin embargo, un contrato de esas características tampoco aparece en el portal de Compras Públicas ni en la página de ese Ministerio.

El informe del PMU está firmado por el general Patricio Carrillo Rosero, actual ministro del Interior, que en ese entonces se desempeñaba como director general de Operaciones, y once oficiales más. El Universo le solicitó una entrevista para este reportaje, pero no obtuvo respuesta.

La violencia escaló

Mientras la Policía se reabastecía de material, la violencia escalaba en Quito. La noche del 9 de octubre murió el líder indígena de Cotopaxi Inocencio Tucumbi. Su hijo Gustavo, de 34 años, sostiene que hubo testigos de cuando los policías acorralaron a Inocencio y a otros manifestantes y este recibió un impacto de bomba lacrimógena en la frente.

La versión oficial asegura, en cambio, que Inocencio cayó de un muro, algo que Romo sostiene hasta ahora. Uno de sus fundamentos es el resultado de autopsia que, según ella, concluyó que el trauma craneoencefálico se debió a una precipitación. “Mi padre no se cayó. La marca de la bomba en las fotos es clara en la frente, ese impacto no fue de una caída”, reitera Gustavo. Sin embargo, las investigaciones judiciales no han dado la razón a ninguna de las dos partes, pues la causa de la muerte aún es incierta.

El féretro fue velado al día siguiente en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el centro norte de Quito, donde se concentraban los manifestantes. En ese acto, cientos de indígenas bajo el liderazgo de Jaime Vargas, presidente de la Conaie, retuvieron a diez policías y a varios periodistas que realizaban sus coberturas.

Uno de estos, Freddy Paredes, de la cadena Teleamazonas, recibió un piedrazo en la cabeza de un manifestante cuando caminaba por la calle, luego de haber logrado negociar su liberación. El periodista cayó al piso inconsciente. Como producto de la agresión tuvo que ser operado de la clavícula. El agresor, Juan Manuel Guacho, que era empleado eventual del Consejo Nacional Electoral, fue condenado a cuatro meses y medio de prisión y a cancelar una reparación de 2.000 dólares, que nunca pagó, indicó Paredes.

La muerte de Inocencio Tucumbi no paró la violencia. El 11 de octubre, Francisco Tapia Vega (de 26 años) acudió a las protestas para brindar comida a los manifestantes. Estaba a unas cinco cuadras del Ágora, en las calles Sodiro y Gran Colombia, cuando recibió impactos de perdigones en la cara. Perdió la vista del ojo derecho, pues aún se aloja ahí una de esas municiones y no cuenta con los recursos para costear la operación.

Ninguna investigación judicial se ha abierto por este caso, por lo que se desconoce de dónde provinieron los perdigones. Francisco, sin embargo, dice tener la certeza de que fue la Policía. Ni él ni sus familiares pusieron la denuncia por desconocimiento. Dicen que cuando se enteraron de que debían realizar ese trámite, el plazo ya había pasado.

El 12 de octubre la violencia era incontenible. En medio de las manifestaciones, encapuchados incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado y las instalaciones del canal Teleamazonas. La tarde de ese día, el presidente Moreno decretó el toque de queda y la militarización de Quito. Horas más tarde, anunció que revisaría el Decreto 833, que eliminó el subsidio de la gasolina extra y el diésel. Esto dio paso al diálogo con la Conaie.

Luego de una tregua, el Gobierno y los líderes indígenas se reunieron la noche del 13 de octubre, mediados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Acordaron crear una comisión que elaboraría un nuevo decreto en reemplazo del 833.

Control con bombas caducadas

Fueron 11 días de caos. Semanas después, en una entrevista con el medio digital La Posta, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, contaba más días de crisis, 20 en total tomando en cuenta manifestaciones previas. En ese diálogo, Romo reconoció que la Policía había usado gases lacrimógenos caducados para repeler las protestas, como ya se había denunciado en redes sociales. “Usamos también las bombas que estaban caducadas (...). Estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano. Por cierto, las bombas caducadas no son más perjudiciales. Las bombas caducadas son menos efectivas… Hacen llorar menos”, justificó.

Estas declaraciones le costarían la censura y la destitución un año después, como resultado de un juicio político tramitado en la Asamblea Nacional. El uso de gas lacrimógeno caducado fue una de las tres causales para la resolución. En el juicio político no se pudo establecer la marca de las bombas caducadas ni su origen. No se sabe si vinieron de Colombia, de Perú o si fueron compradas directamente por el Gobierno ecuatoriano. Tampoco quedó claro si el uso de bombas vencidas puede provocar daños a la salud.

Los asambleístas interpelantes presentaron un artículo publicado por la agencia de noticias científicas de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, que asegura que el gas caducado se convierte en tóxico potencialmente mortal. En su descargo, Romo presentó un informe de la fabricante ecuatoriana Santa Bárbara, una empresa pública que sigue los lineamientos del Ministerio de Defensa, que afirma que “el uso de bombas lacrimógenas caducadas no causa daño a la salud”.

El mismo documento sugería que para verificar el uso seguro de las bombas caducadas era necesario realizar un análisis químico, que no fue practicado. De acuerdo con Anna Feigenbaum, profesora de la Universidad de Bournemouth (de Reino Unido), quien ha investigado durante años sobre esta industria, el uso de bombas lacrimógenas luego de su fecha de vencimiento podría poner en peligro a los propios policías, ya que el mecanismo para activar el artefacto puede fallar provocando una explosión. (Enlace a la nota de Efecto Cocuyo).

Las bombas se fueron a Bolivia (mientras Colombia pedía las suyas)

En la misma entrevista en la que Romo reconoció que se usaron bombas caducadas se refirió a la crisis política que atravesaba Bolivia, pues días antes Evo Morales había renunciado al poder.

Cuatro días después de esas declaraciones, el 16 de noviembre de 2019, Romo envió un oficio al entonces ministro de Defensa boliviano, Luis Fernando López Julio, indicando su aceptación de prestarle material antidisturbios para repeler las protestas en su país. Romo contó que recibió la llamada del Gobierno boliviano y dispuso al comandante de la Policía que procediera con el préstamo del material.

Un informe de la Agregaduría de Defensa de Bolivia en Ecuador señala que un avión de la Fuerza Aérea Boliviana aterrizó en Quito ese mismo 16 de noviembre para retirar granadas y proyectiles no letales. Quien entregó el material, detalla el documento, fue el entonces director de Logística de la Policía ecuatoriana, el general Fernando Correa Gordillo. Documentos oficiales muestran que se embarcaron municiones fabricadas por la ecuatoriana Santa Bárbara EP y la brasileña Condor: 5.000 granadas de mano GL-302, 2.398 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. (Ver historia de Bolivia). Cinco días después de que Ecuador envió ese cargamento a Bolivia, en Colombia, país que había hecho un préstamo de bombas a la Policía ecuatoriana, se desató una ola de protestas que duró tres meses.

Solo en su primera jornada de confrontaciones con la fuerza pública, la del 21 de noviembre, causó tres muertos y 120 heridos. Dos días después, el 23 de noviembre, ocurriría el evento que marcó el imaginario colectivo colombiano de esa protesta y su represión por parte de la Policía. Dilan Cruz, un estudiante de 17 años, recibió el impacto en la cabeza de una munición tipo bean bag, disparada por un agente del cuerpo antidisturbios de la Policía colombiana, el Esmad. A partir de videos publicados en redes sociales, Cerosetenta reconstruyó el instante en que el policía apuntó y disparó directamente a Cruz, causándole la herida que ocasionó su muerte dos días más tarde.

Casi un año después, la Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó a la fuerza pública suspender el uso de escopetas de calibre 12 mm, el arma teóricamente no letal con la que fue asesinado Cruz, para reprimir protestas civiles. Por estas manifestaciones, en diciembre de 2019, la Policía colombiana estaba desesperada por recuperar los gases lacrimógenos prestados a Ecuador. Los oficiales ecuatorianos, al no contar con el material, presionaban a su vez a sus homólogos de Bolivia. El 18 de ese mes, el agregado boliviano de Defensa en Ecuador envió un informe a su ministro de Defensa, Luis Fernando López, transmitiendo la preocupación de la Policía ecuatoriana por recuperar ese material.

En su comunicación, escrita tres semanas después de que se iniciaran las protestas en Colombia, el coronel José Luis Frías Cordero pidió al gobierno de transición de Áñez devolver el préstamo a Ecuador, ya que ese país “también tiene una deuda de granadas con la Policía Nacional de Colombia, que fueron prestadas durante los conflictos sociales del mes de octubre”, según consta en el documento obtenido por El Deber. La insistencia de la Policía ecuatoriana duró varios meses. El 27 de mayo de 2020, Patricio Carrillo Rosero, que había ascendido a comandante general, envió un oficio a la Embajada boliviana exigiendo la devolución del préstamo.

En junio de 2021, el asambleísta del correísmo Fausto Jarrín Terán (quien además ha sido abogado de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, sentenciados por corrupción) denunció por posible peculado a Lenín Moreno y a María Paula Romo, por la entrega de las bombas lacrimógenas a Bolivia. Según él, el perjuicio al Estado ecuatoriano alcanzaría los 300.000 dólares.

La indagación de este caso se mantiene bajo reserva en la Fiscalía. Para Romo, esa denuncia no tiene sustento. “En otros periodos se han hecho préstamos similares, es decir que no fue solamente a Bolivia, no fue solamente ese año. Lo que constituye una actividad habitual entre policías. En este caso en particular se le está tratando de dar un tinte político”, argumentó.

Ecuador devolvió (y también prestó) a Colombia

Cuando comandaba la Policía, Patricio Carrillo presentó a la ministra Romo en junio de 2020 un proyecto para adquirir equipamiento para la Policía por 15,8 millones de dólares. De estos, 2,4 millones de dólares se usarían para comprar bombas lacrimógenas. El oficial apuntó que en las protestas de octubre se usaron unas 38.600 municiones de todo tipo y que en el rastrillo quedaban unas 62.500, de las cuales el 73 % estaba caducado. Es decir, solo había disponibles 16.740 unidades, “insuficiente para el control de manifestaciones”, añadió. Carrillo dejó sentado su temor por una nueva ola de protestas debido a las medidas restrictivas que el Gobierno aplicó para mitigar la pandemia de la covid-19.

Para satisfacer la demanda de Carrillo, el Ministerio de Gobierno usó una plataforma digital que hasta ahora está disponible en su sitio web, por fuera del portal de Compras Públicas, que sirve para gestionar adquisiciones internacionales. Sin embargo, no se atendieron la mayoría de las necesidades de la Policía.

Un informe del Ministerio de Finanzas muestra que se destinaron 14,2 millones de dólares al proyecto de Carrillo, pero se devengaron apenas 2,5 millones. Se desconoce en qué se utilizó ese dinero. El Sercop no aclaró si conoce sobre el uso de esta plataforma. Romo indicó que durante su gestión se hicieron dos grandes contratos a través de esa plataforma digital, cuyo fin era adquirir los productos directamente a los fabricantes internacionales sin pasar por los intermediarios locales, para ahorrar dinero. También aseguró que estas compras fueron declaradas confidenciales por cuestiones de seguridad nacional.

Uno de estos contratos, puntualizó Romo, se firmó con la brasileña Condor para adquirir 103.360 municiones no letales, entre granadas lacrimógenas y aturdidoras, cartuchos lacrimógenos, cartuchos de perdigones de goma y cartuchos de energía conducida. Un arsenal, casi el triple de lo que se usó para reprimir las protestas de octubre de 2019. El contrato también incluyó la compra de 200 escopetas lanzagases y 500 pistolas de energía conducida. Según Romo, el costo total ascendió a 2.787.680 de dólares. Se desconoce la fecha del contrato. Romo añadió que Ecuador sí devolvió en abril de 2021 el material prestado por Colombia y que, además, le colaboró con bombas lacrimógenas días después.

El 28 de abril de ese año se inició en Colombia una nueva ronda de manifestaciones en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque. Fueron tres meses de paro nacional y de violentas confrontaciones entre policías y manifestantes. Solo en la primera semana se reportaron 24 muertos, más de 800 heridos y 89 personas desaparecidas.

Un caso especialmente emblemático ocurrió el 5 de mayo, cuando el estudiante universitario Lucas Villa, que había estado activo en las marchas, fue asesinado en Pereira después de recibir varios impactos de arma de fuego. Una reconstrucción hecha por Cerosetenta, en alianza con Baudó y Forensic Architecture, demostró que el crimen contra el estudiante fue premeditado, que los tiros que recibió, de parte de dos civiles a bordo de una moto, fueron del estilo de una ejecución y que sus agresores coordinaron el ataque con cómplices en la escena. La investigación además reveló que había agentes de policía cercanos al lugar y que, sin embargo, atendieron el llamado de auxilio de otros manifestantes mucho después de lo sucedido.

En esos días de disturbios, llegó a Colombia material no letal desde Ecuador. La Policía colombiana le confirmó al CLIP que Ecuador en efecto terminó de devolverle el material que le había prestado, pero solo hasta el primero de mayo de 2021 -es decir, tres días después de iniciado el paro nacional en Colombia y cuatro meses después del plazo máximo para la devolución-.

Aquel día llegó a Bogotá todo el material prestado, salvo 10 fusiles lanzagranadas que habían sido entregados con anterioridad, el 21 de noviembre de 2019, dentro del plazo acordado. Según el general Sanabria Cely, Ecuador hizo la devolución “con las mismas especificaciones técnicas y en las mismas cantidades a dicho préstamo”. Es decir, 7.140 cartuchos calibre 37 milímetros, 2.000 calibre 40 milímetros, 8.000 granadas de mano trifásicas, 2.000 granadas multimpacto y los ya mencionados 10 fusiles lanzagases.

No obstante, según la Policía colombiana, Ecuador entregó armas no letales de una marca distinta a la que recibió: las municiones prestadas eran de fabricación estadounidense, mientras que las devueltas fueron hechas por la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais, incluyendo municiones de los modelos GL203T, GL203L, GL202, GL302 y GM102. Al menos una de esas referencias resulta llamativa: la alianza periodística El negocio de la represión encontró que varios lotes de granadas del modelo GL203L, de Condor, fueron desaprobadas en Brasil por la Policía Militar de São Paulo en 2020.

En otro reportaje de esta serie, el medio brasileño UOL estableció que -tras realizar pruebas técnicas en algunos lotes de esas municiones- los oficiales de São Paulo determinaron que estaban fuera de los estándares considerados seguros y adecuados por esa institución, por lo que rescindió un contrato con la empresa proveedora.

Asimismo, ese fue -según determinó el medio chileno Interferencia, otro socio del proyecto- el mismo modelo de munición que portaba el policía acusado de herir de gravedad a la hoy senadora Fabiola Campillai durante las protestas de 2019 en Santiago de Chile. Campillai hoy es una víctima emblemática del uso desproporcionado de la fuerza en la respuesta policial a las protestas. (La justicia aún no ha fallado el caso y la defensa ha controvertido la marca de las municiones que usó el policía acusado el día de los hechos). Ambos episodios sucedieron entre seis meses y un año y medio antes de que Ecuador enviara material de ese mismo modelo a Colombia.

Según indicó la exministra María Paula Romo a El Universo, el 10 de mayo de 2021 -es decir, nueve días después de la devolución de las municiones- la Policía ecuatoriana hizo un nuevo préstamo a su par en Colombia de 35.000 municiones no letales, incluyendo 5.500 granadas de gas lacrimógeno, 9.500 proyectiles lacrimógenos de largo alcance, 12.500 proyectiles de corto alcance y 7.500 cartuchos de propulsión de cargas múltiples. La Policía colombiana no respondió sobre este segundo préstamo.

Al cabo de casi tres años, la justicia en Ecuador no ha dado respuesta a las víctimas de ese octubre de 2019. La angustia que sienten los familiares de los muertos y la impotencia de quienes quedaron con discapacidades persisten. A ello se suma la opacidad sobre los negocios de las municiones no letales. No hay transparencia. No se sabe qué saldos hay entre los países que se han prestado ese material para salir del apuro de sus crisis políticas. No se sabe la totalidad de las compras que ha realizado la fuerza pública ecuatoriana en los últimos años. No se sabe si tendrá material suficiente para controlar las manifestaciones anunciadas para las próximas semanas o si tendrá que usar bombas caducadas, de nuevo.

Una investigación colaborativa y transfronteriza del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, El Clip en conjunto con Animal Político de México, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, Efecto Cocuyo de Venezuela, El País América, El Universo de Ecuador, Interferencia de Chile, No Ficción de Guatemala, Revista Anfibia de Argentina, UOL de Brasil y Noticias Telemundo de Estados Unidos.

Proyecto gráfico Fábrica Memética de El Surti de Paraguay

Producción documental JUT Media - Revisión legal El Veinte

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.