Los laboristas británicos exigen que se revele la identidad del diputado conservador acusado de violación

El grupo parlamentario conservador del Reino Unido quiso aparentar firmeza y tolerancia cero cuando decidió prohibir al diputado acusado de violación que pusiera un pie en el Palacio de Westminster. El resultado de la maniobra, por el contrario, ha derivado en un ambiente de caza de brujas y de acusaciones de hipocresía. La oposición del Partido Laborista ha exigido que no se oculte la identidad del político investigado, de unos 50 años, al que la Policía Metropolitana de Londres acusa de “acoso y abuso sexual, violación, abuso de poder y de confianza y malas prácticas en un cargo público”.

Este miércoles fue puesto en libertad después de depositar una fianza, y fueron pocos los diputados conservadores que osaron no dejarse ver por la Cámara de los Comunes. Sus propios compañeros y la prensa ya habían comenzado a sumar, restar, y comprobar ausencias y presencias, en busca del diputado investigado. “Si yo fuera un votante de la circunscripción que representa este diputado, sentiría que tengo derecho a ser informada”, ha dicho a la BBC Jess Phillips, portavoz laboralista sobre Violencia Doméstica y Protección de las Mujeres. “Nada puede evitar ahora que siga viendo a sus votantes en privado, sin vigilancia”, ha advertido.

La oposición laborista sabe que camina sobre un delgado alambre en un asunto que, legalmente, es complejo de gestionar. El jefe del grupo parlamentario conservador, Chris Heaton-Harris, ha suspendido de facto al diputado investigado al prohibirle que acuda al edificio de la Cámara de los Comunes. Pero, como representante político dotado de un mandato por los electores, podría desafiar esa prohibición. Todo sugiere, sin embargo, que prefiere mantenerse alejado del radar.

Solo habría dos modos de revelar su identidad. Antes de 2016, el speaker (presidente) del Parlamento estaba obligado a informar oralmente o por escrito a la Cámara cuando uno de sus miembros se hallaba bajo investigación policial. Con el argumento de proteger el derecho de intimidad del sospechoso, y de sus víctimas, ya no es necesario realizar una comunicación que, inevitablemente, revelaba la identidad del investigado. Una segunda opción sería expulsarle oficialmente del grupo parlamentario, bien de modo provisional o definitivo. Una decisión tan grave debe ser formalizada oficialmente, y a la fuerza supondría hacer público el nombre del expulsado. “Dada la naturaleza de las acusaciones, la pertenencia del diputado al grupo parlamentario debe suspenderse. Obviamente, a partir de ese momento, su identidad sería pública”, ha dicho un portavoz del líder de la oposición laborista, Keir Starmer.

Con la enorme discreción que le otorgan los usos de un Parlamento tan antiguo como el del Reino Unido, el speaker, Lindsay Hoyle, ha aceptado la decisión de los conservadores de prohibir al diputado en cuestión el acceso al edificio, pero ha advertido a la vez al resto de representantes que deben abstenerse de poner nombre al sospechoso, porque sería “algo completamente inapropiado”.

“Privilegio parlamentario”

Lo que el derecho llama “privilegio parlamentario” —que en el caso español sería la inmunidad parlamentaria— protege a los diputados si deciden revelar asuntos o identidades bajo investigación policial o judicial, si lo hacen bajo el techo de la Cámara de los Comunes. Es un modo de reforzar el libre debate político y la soberanía del Parlamento de todo tipo de presiones. El diputado laborista Chris Bryant echó mano recientemente de esta prerrogativa para señalar los trapicheos de algunos oligarcas rusos, como Román Abramóvich, cuando el Gobierno de Boris Johnson todavía mantenía dudas legales sobre el modo de desplegar las sanciones económicas contra estos individuos por la invasión rusa de Ucrania.

El temor a ser el primero en desenmascarar al diputado investigado por violación se retroalimenta entre políticos y periodistas. Las leyes antidifamación del Reino Unido son especialmente duras, y pocos medios se la juegan por un nombre concreto. En 2020, una sentencia del Tribunal de Apelación ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo impidió a la agencia de noticias Bloomberg desvelar la identidad de un empresario que figuraba en los documentos policiales de una investigación sobre corrupción.

Los jueces pueden, además, imponer lo que se denomina una super injunction (superorden), que prohíbe a los medios informar sobre determinados asuntos investigados, bajo amenaza de penas severas para los infractores. No ha ocurrido así, todavía, en el caso del diputado investigado por violación, pero las superórdenes han sido especialmente criticadas por las organizaciones feministas, que las consideran un modo de proteger a hombres poderosos de sus presuntas fechorías sexuales.

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