Boris Johnson se compromete a preservar lo pactado para Irlanda del Norte en el Brexit pero pide cambios a la UE

El Gobierno británico, dispuesto a tramitar un proyecto de ley que modificaría unilateralmente parte del acuerdo firmado con Bruselas, para aumentar su presión negociadora

Manifestantes frente al castillo de Hillsborough, en Belfast, este lunes, antes de la llegada de Boris Johnson a la capital de Irlanda del Norte.
Manifestantes frente al castillo de Hillsborough, en Belfast, este lunes, antes de la llegada de Boris Johnson a la capital de Irlanda del Norte.Peter Morrison (AP)

Boris Johnson se definió una vez a sí mismo como un carro de la compra: por mucho que lo empujes en una dirección, acaba oscilando hacia ambos lados. Era un modo de admitir su escasa capacidad de concentrarse hasta el final en un objetivo. Por eso, su estrategia para Irlanda del Norte ha sido acogida con escepticismo por aliados —los unionistas— y por rivales —la Unión Europea—. El primer ministro ha viajado este lunes a Belfast para reunirse con protestantes y católicos, e intentar colaborar en la resolución de una crisis que amenaza nuevamente con bloquear sine die las instituciones autonómicas de la región.

El Partido Unionista Democrático, al que los republicanos del Sinn Féin han arrebatado la primera posición en la Asamblea de Stormont (el parlamento autónomo norirlandés) en unas elecciones históricas, está empeñado en bloquear la formación de Gobierno hasta que Londres no se deshaga del Protocolo de Irlanda, el documento anejo al Acuerdo de Retirada de la UE que Johnson firmó para sacar adelante su deseado Brexit. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que llevó la paz a este territorio, impone un reparto de poder entre protestantes y católicos para que las instituciones autonómicas funcionen. Si los unionistas no colaboran, el resultado es la parálisis.

Johnson ha llevado debajo del brazo compromisos y buenas palabras para contentar a todos los partidos políticos, con los que iba a reunirse, además de suavizar —que no retirar— sus amenazas hacia la UE. Aun así, ha habido actos de protesta en todo el territorio, con carteles en los que podía leerse “No te acerques, Johnson” o “Protejamos el Protocolo”.

Su visita iba precedida de un extenso artículo en el Belfast Telegraph, que los portavoces de Downing Street atribuyen exclusivamente al puño y letra del primer ministro, escrito sin ayuda de asesores. “Siempre mantendremos abierta la puerta a un diálogo sincero. Y continuaremos protegiendo el mercado interior [de la UE], como ha sido protegido desde que existe el Protocolo de Irlanda. Del mismo modo que protegeremos la frontera abierta con la República de Irlanda, algo que ha sido siempre de suma importancia”, ha escrito Johnson.

Esa era la zanahoria. El palo llegaba dos párrafos después. “Confío en que cambie la posición de la UE. Si no, será necesario actuar. El Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar a consumidores, ciudadanos y empresas de Irlanda del Norte que serán protegidos en el largo plazo. En los próximos días, ofreceremos al Parlamento más detalles de cuáles serán los pasos siguientes, cuando regrese [a Londres] al término de mis discusiones con los partidos locales”, advertía Johnson.

Este mismo martes, la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, podría presentar ante la Cámara de los Comunes las líneas maestras de una ley que revocaría unilateralmente partes sustanciales del Protocolo de Irlanda. El propósito de este tratado fue, en su día, evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. El acuerdo de paz diluyó, hasta hacer invisible, la demarcación territorial que separaba la República de Irlanda (miembro de la UE) del territorio británico. Cualquier señal de una nueva división, aunque su propósito fuera el mero control aduanero, para proteger el Mercado Interior de la Unión Europea, podía reavivar tensiones y violencia sectaria. Se optó a cambio por que Irlanda del Norte siguiera dentro del espacio aduanero y comercial de la UE, y que los controles aduaneros y sanitarios se desplazaran —simbólicamente; en la práctica debían llevarse a cabo en instalaciones portuarias interiores— al mar de Irlanda.

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En una región que ha avanzado notablemente económica y políticamente, todavía perviven los recelos mutuos entre sus dos principales comunidades. Lo que beneficia a una, despierta los temores de la otra. Y los unionistas comenzaron a sospechar, justa o injustamente, que el Protocolo les alejaba aún más del Reino Unido y se convertía en la enésima puñalada en la espalda de Londres. Resultado: episodios de violencia sectaria en las calles y, de nuevo, parálisis en las instituciones. “No podemos ocultar el hecho de que el delicado equilibrio que pudo crearse en 1998 ha sido alterado. Una parte de la comunidad política de Irlanda del Norte siente que sus aspiraciones y su identidad han sido amenazadas con la puesta en práctica del protocolo”, ha escrito Johnson.

El líder del DUP, Jeffrey Donaldson, ha dejado claro al primer ministro británico que no le bastaban palabras y necesitaba hechos. No volverán a las instituciones autonómicas hasta que la nueva legislación que promete el Gobierno, para revocar partes del protocolo, sea aprobada.

La UE, en alerta

El anuncio que llevará a cabo la ministra Truss en el Parlamento será muy vago, anticipan fuentes gubernamentales británicas. Apenas será el comienzo de un largo trámite legislativo —podría tardar hasta un año— que sufrirá muchas enmiendas durante el trayecto. Por eso, la interpretación general coincide en ver la estrategia más como un arma de presión negociadora que como un hecho consumado. En medio de la crisis actual, con la guerra de Ucrania, la inflación galopante y una economía renqueante, lo último que desea Johnson es una guerra comercial con la UE.

El ministro de Exteriores de la República de Irlanda, Simon Coveney, ha pedido templanza. Es el miembro de la UE que más directamente sufriría una nueva crisis entre Bruselas y Londres. “Es el momento de la calma, el diálogo y el compromiso entre dos socios como el Reino Unido y la UE, para solucionar todos estos asuntos tan importantes”, ha dicho Coveney este lunes. El ministro quería recalcar el importante matiz de que la ley con la que Londres amenaza con desvirtuar el Protocolo ni siquiera había echado a andar. “La alternativa [al diálogo] es llevar a cabo medidas unilaterales que generen tensión, rencor, enfrentamientos, acciones legales, y que, por supuesto, pondrían en cuestión la aplicación del Tratado de Comercio y Cooperación, porque este tratado y el Acuerdo de Retirada están interconectados, y el uno depende del otro”, explicaba Coveney. Un modo relativamente sutil de dejar claro a Johnson que la guerra comercial era posible.


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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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