Al menos 22 muertos en dos motines en cárceles de Ecuador

El presidente, Guillermo Lasso, declara el estado de emergencia en las prisiones y atribuye las revueltas a la pugna entre “mafias”

Militares en el acceso a una de las prisiones escenario de los motines, la cárcel de Sierra Centro Norte, en Latacunga, el 22 de julio. En video, familiares esperan noticias tras las revueltas que dejaron una veintena de muertos.Foto: AFP | Video: Reuters (RODRIGO BUENDIA)

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este viernes en rueda de prensa la declaración del estado de emergencia en las cárceles del país, después de que la policía y el ejército sofocaran sendos motines en dos de los mayores centros penitenciarios de Ecuador, en los que han muerto 22 reclusos. Estas revueltas, que se desataron el miércoles por la noche, constituyen la segunda gran oleada de violencia de este año en las superpobladas prisiones ecuatorianas, después de que otros 79 presos murieran en otros motines el pasado mes de febrero.

Lasso aseguró que las fuerzas de seguridad han recuperado el control de las dos penitenciarías: la Cárcel Número 1 de Guayas, cerca de la ciudad de Guayaquil (a 420 kilómetros al suroeste de Quito, la capital), y la de Sierra Norte en Cotopaxi, próxima a la ciudad andina de Latacunga (a 108 kilómetros al sur de Quito) donde tuvo lugar la comparecencia del jefe de Estado ecuatoriano. El mandatario precisó que la actuación policial para sofocar las revueltas ha sido “contundente”, antes de advertir a las “mafias”, a las que atribuyó los motines, de que se usará todo “el poder de la ley para imponer el Estado de derecho y garantizar la ley y los derechos humanos”.

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“Quiero decirles a las mafias que pretenden amenazar a este país que se equivocan si creen que este gobierno actuará con la misma debilidad que los anteriores”, afirmó Lasso en alusión a la política penitenciaria del Gobierno de su predecesor en el cargo, Lenin Moreno.

En la rueda de prensa, compareció también la ministra de Gobierno (Interior) de Ecuador, Alexandra Vela. La ministra informó de que, solo en el penal de Latacunga, murieron 14 reos, mientras que otros 41 presos y cinco policías resultaron heridos. También reveló que una agente de policía fue violada durante el motín en esa cárcel y que 78 de un número que no precisó de internos fugados habían sido ya detenidos. Vela explicó que el resto de fallecidos, ocho, hasta alcanzar los 22 en los que sitúa este viernes el saldo oficial de víctimas, murieron en la prisión de Guayaquil.

El presidente ecuatoriano informó a su vez durante la rueda de prensa de la destitución del director del órgano de gestión penitenciaria del país, el Servicio Nacional de Atención a Internos (SNAI), Edmundo Moncayo, que será reemplazado por Fausto Cobo, un coronel en la reserva, también exdiputado del Parlamento ecuatoriano. Lasso precisó que de ahora en adelante serán los militares quienes controlen el acceso a los centros penitenciaros, mientras que la Policía se encargará de la seguridad en su interior.

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En febrero, cuatro cárceles ecuatorianas vivieron una oleada de enfrentamientos entre bandas rivales en los que murieron 79 personas, según datos oficiales. En esos motines se alcanzó un inusitado nivel de violencia. Los presos grabaron con teléfonos móviles cómo eran descuartizados y decapitados rivales de otras bandas, encarcelados en áreas de máxima seguridad. Para ello, se sirvieron de motosierras y machetes. Los reclusos exhibieron después como trofeos los miembros mutilados de sus adversarios. Las autoridades penitenciarias incluso se vieron obligadas a cortar la luz para que los reos no siguieran utilizando motosierras para atacar a otros presos.

Ecuador lleva años tratando de reducir la violencia en las superpobladas cárceles del país, que albergan a unos 38.000 reclusos. El estado de emergencia en las prisiones cuya declaración ha anunciado el presidente Lasso es la segunda medida de este tipo en tres años. Ya en 2019, el Gobierno del país decretó una medida análoga después de una serie de motines en apenas un mes y medio. Entonces, las autoridades reconocieron un acusado déficit de recursos e infraestructura que hacía imposible mantener el control y la seguridad dentro de los centros. Las celdas carecían de candados de seguridad porque los presos tenían herramientas para romperlos, las cámaras de vigilancia habían sido en su mayoría inhabilitadas y existía una red cómplice de funcionarios que permitía el tráfico de armas y de teléfonos móviles.

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