Un grupo de familias de Países Bajos demanda al primer ministro por negligencia en el escándalo de las ayudas sociales

Un grupo de 80 padres de los Países Bajos, afectados por el escándalo de las ayudas a las familias que provocó en enero pasado la dimisión del Gobierno de centroderecha, ha presentado una demanda contra el primer ministro, Mark Rutte. Le acusan de haber forzado la devolución del subsidio a sabiendas de que se estaba violando la ley. También le señalan por no haber exigido la correcta aplicación de las normas fiscales, negándoles con ello la oportunidad de explicarse cuando eran acusados de fraude sin motivo. Una negligencia deliberada o grave, según Vasco Groeneveld, el abogado de los afectados.

Al presentar su renuncia, Rutte dijo que el Gabinete tomaba una decisión conjunta y él se sentía políticamente responsable, pero no en lo personal, de lo ocurrido. Cerca de 30.000 familias se endeudaron porque fueron obligadas por la Agencia Tributaria a retornar una prestación que les correspondía para el cuidado de sus hijos.

A mediados de enero, el mismo Groeneveld ya presentó una demanda contra cinco ministros y secretarios de Estado en nombre de una veintena de padres, víctimas del mismo caso. En ese momento, Rutte quedó al margen porque no quedó demostrada su responsabilidad legal. Sin embargo, tras la dimisión del Gobierno han aparecido nuevos datos aprovechados ahora por el abogado. Entre ellos, destaca la declaración del ahora primer ministro en funciones sobre el hecho de que su Gobierno “supiera ya entre mayo y junio de 2019 cómo era de grave el problema de las ayudas”. Rutte así lo admitió durante el debate parlamentario dedicado al escándalo, y añadió que estuvo “directamente involucrado en el asunto”. Por otro lado, los documentos hechos públicos en virtud de la Ley de Transparencia indican que “participó en la toma de decisiones sobre los pasos a seguir”. A pesar de ello, la reclamación ilegal de las ayudas por parte de la Agencia Tributaria siguió adelante hasta noviembre de 2019, e incluso después, y Groeneveld considera que Rutte sí puede ser considerado ahora legalmente responsable.

Para apoyar la reclamación de los padres, el abogado alude a las declaraciones de un diputado democristiano, Peter Omtzigt, que describió así el ambiente en el Gabinete en junio de 2019: “Cunde el pánico y todo el mundo está pensando en las repercusiones políticas, pero no en los padres”. Omtzigt respondió en 2017 a la llamada de la abogada Eva González Pérez, de origen español, que destapó el escándalo, y preguntó desde entonces en el Congreso sobre la labor de la Agencia Tributaria.

La comisión parlamentaria ante la que declararon todos los ministros involucrados en la concesión del subsidio familiar, incluido Rutte, concluyó que se había cometido “una injusticia sin precedentes” porque se había violado “el imperio de la ley” al no permitir margen de maniobra alguno a los padres, que no fueron escuchados.

A todo ello se sumó la discriminación derivada de las listas de apellidos y doble nacionalidad elaboradas por los funcionarios de tributos: en su mayoría, se trataba de padres de origen inmigrante. El Gobierno ha empezado a indemnizar con 30.000 euros a cada una de las familias, que no tendrán que devolver las deudas contraídas con instancias públicas. Sobre las deudas privadas acumuladas por la devolución de las ayudas no se ha tomado una decisión todavía.