El asesinato de cuatro personas en Puebla pone en entredicho la actuación de las fiscalías en México

Angélica Serpa supo que había pasado algo malo la noche del domingo cuando la ubicación de su hijo se estancó en el GPS tras un viaje en Uber. José Antonio Parada, un estudiante de Medicina de 22 años, viajó desde Bogotá a México en enero para hacer su internado en el Estado de Puebla, a 100 kilómetros al este de Ciudad de México. El domingo, poco después de las diez de la noche, pidió un servicio de transporte después de visitar junto a dos compañeros, Ximena Quijano, colombiana de 25 años y Francisco Tirado, mexicano de 22, el carnaval de Huejotzingo, a las afueras de la capital del Estado. José Antonio envió al chat de la familia en Whatsapp fotos del evento. Poco después, Angélica no volvió a oír de su hijo. Los tres estudiantes y el conductor, Josué Emanuel Vital, de 29 años, fueron asesinados. Serpa llamó desde Colombia a un amigo de José Antonio y, tras presentar una denuncia, la policía encontró los cuerpos la mañana del lunes. El homicidio múltiple ha enfurecido a la comunidad estudiantil de Puebla, que se volcó a las calles de la ciudad el martes en una manifestación multitudinaria que exige medidas eficientes para frenar la inseguridad. Esta madrugada, los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde estudiaba Francisco Tirado, declararon el paro indefinido y tomaron las facultades de la institución. 

La Fiscalía de Puebla ha capturado a tres presuntos sospechosos, dos hombres, uno de 46 años y otro de 23, además de una mujer de 22 años. Las autoridades, sin embargo, aún no tienen claro el móvil del crimen. La mañana de este miércoles, el encargado de la Fiscalía, Gilberto Higuera, admitió que maneja dos líneas de investigación. La primera cree que los detenidos robaban coches por la zona, aunque ninguno de los presuntos responsables tiene antecedentes penales. La segunda indica que la estudiante Ximena Quijano y la mujer detenida riñeron durante el carnaval por un sombrero que portaba Quijano. El fiscal asegura que esta teoría no puede descartarse porque la estudiante colombiana fue la víctima que más disparos recibió y porque el sombrero se encontraba en una de las casas requisadas en la zona de Santa Ana Xalmimilulco. 

Hijo de un zootecnista y una médica, José Antonio deseaba terminar su internado en mayo. Desde México compartía sus aprendizajes y vivencias con su familia. El domingo, poco antes de su trágica muerte, había mandado al chat familiar fotografías del carnaval. “Lo estaba pasando rico. Estaba feliz. Era normal verlo así”, relata desde Bogotá Walter Serpa, tío del estudiante. 

Las versiones del salvaje homicidio han rebasado las fronteras mexicanas. “Ya hemos escuchado cosas horribles en redes diciendo que fue un ajuste de bandas”, relata Serpa, quien pide a las autoridades mexicanas no procesar el crimen como suele hacerse en países afectados por la violencia de la delincuencia organizada. “No queremos que lo vayan a presentar como un falso positivo [un supuesto narcotraficante], la sociedad mexicana tiene que saber que mataron a un muchacho de bien, de familia y un estudiante”, sostiene. 

El padre de Ximena, Jorge Quijano, también ha expresado su dolor frente a los medios de comunicación colombianos. “Eran niños que tenían un sueño enorme de ser los mejores médicos del mundo, ese era el sueño de ellos, ese sueño que fueron construyendo desde el primer semestre en que se conocieron José Antonio y Ximena”, dijo. La familia de ambos estudiantes extranjeros se encuentra en México para repatriar los cuerpos a Bogotá. 

Puebla, como otras muchas regiones de México, vive una crisis de violencia. El Estado fue el segundo, por detrás de Nuevo León, con más feminicidios registrados en enero de 2020. La región también es la segunda con más denuncias por el robo clandestino de combustible, llamado popularmente huachicoleo, con 1.850 perforaciones registradas en 2019 frente a las 4.051 de Hidalgo. El homicidio de este fin de semana enciende nuevamente una rabia vivida en la entidad en 2017, cuando Mara Castilla, una estudiante de 19 años, fue agredida y asesinada por un conductor de Cabify en el municipio de Cholula.

Los estudiantes continuaban movilizados este miércoles en Puebla, una ciudad de un millón y medio de habitantes. “Estamos hartos de ser blanco fácil y que las autoridades nos den atole con el dedo con medidas superficiales que duran menos de una semana”, dice Diana López, estudiante de medicina de 20 años. El sentimiento es generalizado en su facultad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Es el centro al que había llegado Tirado a estudiar desde Veracruz para convertirse en doctor. Sus compañeros han tomado las instalaciones hasta que se les prometa un cambio en las políticas de seguridad de la ciudad.

Los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado (UPAEP), donde los colombianos Parada y Quijano realizaban prácticas, también se han unido al paro que afecta el sur de la ciudad, donde ambas universidades tienen las facultades de Medicina. La Universidad Unisánitas de Bogotá también ha declarado tres días de luto por los homicidios. Los conductores de Uber y taxistas de Puebla también se han manifestado en memoria del conductor asesinado, Josué Manuel Vital, quien tenía un hijo de siete años.