El fiscal general autoriza al Departamento de Justicia a investigar las acusaciones de fraude electoral “si son creíbles” y alteran el resultado

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, entró este lunes en la batalla abierta por Donald Trump para judicializar el escrutinio de las elecciones presidenciales con un medido memorando en el que instruye a los fiscales federales de todo el país a investigar las acusaciones que sean “claramente creíbles” y afectan al resultado. La intervención del fiscal general resulta inusual, ya que la supervisión del desarrollo de las elecciones es responsabilidad de los Estados.

Barr se distancia de las teorías conspirativas del presidente: las investigaciones, recalca, “pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar al resultado de la elección en ese Estado”. Aun así, el mero hecho de la carta, a raíz de la acusación generalizada e infundada del presidente, pone en tela de juicio, una vez más, la independencia de Barr. A las pocas horas, Richard Pilger, responsable de la división de fraude electoral del Departamento de Justicia, presentó su dimisión, según The New York Times.

“Aunque resulta imperativo que las acusaciones creíbles se estudien en el momento adecuado y de la forma adecuada, también lo es que el Departamento de Justicia se comporte con la prudencia apropiada y mantenga su compromiso absoluto con la justicia y la neutralidad”, señala la nota de Barr, avanzada por Associated Press.

Trump lleva toda la campaña lanzando acusaciones infundadas de fraude en el voto por correo, que ha sido masivo en este 2020 marcado por la pandemia. El día de la cita con las urnas, el 3 de noviembre, conforme el escrutinio iba pareciendo más favorable al demócrata, el presidente decidió arrogarse la victoria y anunciar una campaña legal para cuestionar los resultados. El sábado, cuando Biden fue declarado vencedor al superar el listón de los 270 votos electorales, se negó a reconocer la derrota. Aún no lo ha hecho.

La batalla de Trump tiene al Partido Republicano dividido y buscando equilibrios difíciles. Algunos nombres importantes, como el expresidente George W. Bush o el senador y excandidato presidencial Mitt Romney, han felicitado al vicepresidente de la era Obama, ya presidente electo de Estados Unidos, y le han ofrecido su colaboración. Otros, como el recién reelegido senador Lindsey Graham, han abrazado las teorías conspirativas del republicano.

Por su parte, Barr y el jefe de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, han buscado una posición intermedia. No han reconocido a Biden como presidente ni desacreditado las acusaciones de Trump, pero tampoco se han lanzado a respaldarlas. “El presidente tiene al 100% el derecho de examinar las acusaciones de irregularidades y estudiar sus opciones legales”, dijo McConnell. “En Estados Unidos, se deben contar todos los votos legales, cualquier voto ilegal no se debe contar, el proceso debe ser transparente y observable para todos y los tribunales están para resolver las dudas”, añadió, señalando una obviedad que sirvió para asumir el lenguaje acusatorio de Trump: “Votos legales” frente a “votos ilegales”.

McConnell y Barr se reunieron el lunes por la tarde en el Capitolio poco antes de las declaraciones del senador y el memorando del fiscal general. En él, Barr también advierte de que las acusaciones que “claramente no impactan en el resultado a nivel nacional” deberían aplazarse hasta que esos comicios estén certificados. Los Estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas y los miembros del Colegio Electoral se reúnen el 14 de diciembre para completar el voto. Los tribunales inferiores, de momento, están tumbando la mayor parte de demandas presentadas hasta ahora en primera instancia, aunque Trump prepara muchas más, dirigidas, básicamente, a todos los Estados pendulares que esta vez le han dado la espalda.