El regreso de las protestas evidencia la fractura política en Bolivia

Cuatro meses después del exilio del expresidente de Bolivia Evo Morales, los conflictos sociales volvieron a las calles de El Alto, ciudad de inmigrantes aimaras que colinda con La Paz, la capital de Bolivia. Vecinos de la urbe chocaron con la policía afuera de la reunión extraordinaria del Senado realizada en el barrio de Senkata. Fue en ese barrio donde murieron diez manifestantes que protestaban en contra del Gobierno interino de Jeanine Áñez en noviembre. Esta sesión había sido convocada por los senadores del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que controla la Cámara Alta, como homenaje a lo que ellos llaman “masacre de Senkata”. Las autoridades bolivianas, sin embargo, lo han descrito como el sofocamiento de un “atentado terrorista” contra la planta de acopio de gasolina del lugar.

Los familiares de las víctimas, junto a otras personas que –según el Gobierno boliviano– pertenecían al MAS, arrojaron huevos y basura sobre los senadores oficialistas que salían con un fuerte resguardo policial de su reunión en Senkata. La policía boliviana disparó gases lacrimógenos. El candidato a la presidencia Carlos Mesa criticó que estos afectaran, también, a los niños de un colegio cercano.

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En un acontecimiento estrechamente relacionado, otro grupo de manifestantes lanzó piedras al convoy que llevaba a la presidenta Áñez y a una parte de su Gabinete de vuelta a La Paz. No se produjeron daños de consideración. El oficialismo trató de poner paños fríos sobre los sucesos, que atribuyó a “pequeños grupos violentos afines al MAS”. También responsabilizó de ellos a Eva Copa, presidenta del Senado, una militante del partido izquierdista. Copa se había empeñado en realizar una sesión del Senado en El Alto y, al mismo tiempo, había advertido a los senadores oficialistas que no asistieran a ella. “No somos salvajes para que nos echen gases”, dijo la senadora refiriéndose a sus paisanos.

El MAS está enfocado en denunciar las supuestas violaciones de los derechos humanos de sus militantes, de los miembros de los sindicatos y los “movimientos sociales” por parte del Gobierno de Añez. Este partido ha intentado, sin éxito, que los ministros responsables de la seguridad comparezcan ante la Asamblea Legislativa para explicar lo sucedido en Senkata y en otras partes de Bolivia, como en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, donde murieron otros diez campesinos. Uno de estos ministros es el de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció que sancionaría a los responsables del ataque con piedras contra el convoy presidencial. “Que luego no lloriqueen por (la existencia de una supuesta) persecución política”, advirtió.

El MAS también se ha confrontado con el fiscal general, Juan Lanchipa, por no investigar las muertes de los manifestantes en contra de la gestión de Áñez y, en cambio, actuar rigurosamente en contra de las centenas de autoridades del anterior Gobierno que se encuentran procesadas, detenidas, asiladas o exiliadas por distintas causas.

Según las encuestas electorales, el partido del expresidente Evo Morales, que hace unos meses todavía era cuestionado en El Alto, se ha hecho fuerte en esta ciudad, que un día fuera su más importante bastión. El candidato del MAS, el economista Luis Arce, atrae casi la mitad (49%) de la intención de voto de la región de La Paz. Esta región es una de las que tienen más indígenas en Bolivia. Si las elecciones fueran ahora, Arce obtendría alrededor del 36% de los votos válidos en todo el país, lo que lo llevaría al desempate con alguno de los candidatos del centro, la derecha o la extrema derecha que hoy compiten por el segundo puesto. En este momento, el mejor situado para lograrlo es Mesa, con 21%. Le sigue de cerca la presidenta Jeanine Áñez, que tiene el 20% de los votos válidos (esto es, sin contar los nulos y los blancos, como establece la legislación boliviana). Cierra el grupo de vanguardia de la carrera electoral el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho, con un 10%. Por sus propuestas y su estilo de campaña, ha sido equiparado con Jair Bolsonaro, pero su apoyo se halla casi exclusivamente circunscrito a la región de Santa Cruz.

Los sucesos de El Alto muestran la polarización política en el país sudamericano. Bolivia está dividida en dos grandes bloques: uno popular y rural, que se opone radicalmente al actual Gobierno y acaricia la posibilidad de que la izquierda retorne al poder, y otro urbano y más acomodado, que aborrece al MAS y considera que, sin este partido, no habría ninguna división social en el país. El segundo es el bloque mayoritario, aunque, hasta ahora, no ha encontrado la forma de expresar esta mayoría en las urnas.