Bolsonaro acusa a Leonardo DiCaprio y a organizaciones ambientales de financiar los incendios en la Amazonia

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EDITORIAL. Pulmón herido

El presidente Jair Bolsonaro ha encontrado una estrategia para eximirse de responsabilidades por los incendios de Amazonia, que conmocionaron al mundo en agosto de este año. El mandatario brasileño ha culpado sin pruebas, en vísperas de la cumbre climática conocida como COP25, a ONG por los fuegos que afectaron la selva y ha involucrado hasta el actor Leonardo DiCaprio. “Leonardo DiCaprio es un tipo muy majo, ¿a qué sí? Dando dinero para prender fuego en la Amazonia”, afirmó el presidente en la salida del Palacio del Planalto este viernes. Con esta declaración Bolsonaro alimentó su engrasada máquina de las redes sociales y de WhatsApp contra el actor y activista medioambiental y contra las ONG en general. También provocó un aluvión de memes que ridiculizaban sus declaraciones. De esta manera, logró nuevamente marcar la pauta de la prensa nacional e internacional.

DiCaprio negó este sábado que cooperara con la ONG investigada en Brasil. “Aunque merezcan apoyo, no la financiamos”, ha dicho el actor en una nota de prensa. DiCaprio, que maneja una fundación que lleva su nombre, aseguró que está orgulloso de participar en grupos que protegen el ecosistema y elogia al pueblo brasileño, porque “está trabajando para salvar su patrimonio natural”.

Bolsonaro no presentó ninguna prueba para demostrar sus afirmaciones. El 21 de agosto afirmó, en Brasilia, que se podría estar produciendo “una acción delictiva de esos de las ONG para llamar la atención contra mí persona, contra el Gobierno de Brasil. Esa es la guerra a la que nos enfrentamos.” Poco más de tres meses después, cuatro integrantes de la ONG Aquífero Alter do Chão, un balneario famoso al Norte de Brasil, fueron detenidos este martes, acusados de haber participado en varios incendios en esa zona del estado de Pará, localizada al norte de Brasil. Los arrestos se produjeron en una operación de la Policía Civil local basada únicamente en frágiles elementos, según los documentos analizados por EL PAÍS. Este suceso no solo avivó la teoría expuesta por Bolsonaro, sino que hizo que el presidente retomara, con toda la artillería, la campaña contra las ONG generando rumores falsos o sin pruebas.

La detención de João Victor Pereira Romano, Daniel Gutierrez Govino, Marcelo Aron Cwerner y Gustavo de Almeida Fernandes —todos pertenecientes a la Brigada Alter do Chão, principal proyecto del instituto en la zona, de lucha contra incendios― fue objeto de críticas de varias entidades medioambientales y de derechos humanos y también de la oposición política, que sospechan de que se trata de una acción políticamente motivada, entre otras razones, porque las únicas pruebas que presentaron los comisarios encargados del caso no fueron más que conjeturas a partir de conversaciones mantenidas entre los acusados, obtenidas de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Una de las conjeturas tiene que ver precisamente con Leonardo DiCaprio.

La mención al actor por parte de Bolsonaro nace, por lo que parece, de la propia petición de prisión de la Policía Civil contra los activistas, que se basa en una conversación de los brigadistas en la que citan al actor como donador de la organización WWF (World Wide Fund for Nature). En las conversaciones, los voluntarios decían que obtendrían una donación de 70.000 reales (16.500 dólares) de WWF y la Policía dijo, sin aportar pruebas, que eran los propios bomberos quienes provocaban los incendios para obtener esta clase de aportación. "En otra conversación, Marcelo y Gustavo charlan sobre el contrato con WWF, la cesión de imágenes y las donaciones de equipos. Gustavo dice que son dos contratos y que el financiador (que sería el actor Leonardo DiCaprio, conforme se escucha en otro diálogo) ya habría donado medio millón de reales a WWF, importe al que habría que ‘darle uso”, según el fragmento del documento.

Bajo la repercusión negativa de este tema, el juez del caso puso en libertad a los cuatro acusados este jueves, pero el caso está lejos de llegar a su fin. “Los acusados siguen siendo procesados y tendrán que cumplir medidas cautelares. Además, los equipos incautados durante la operación del pasado martes aún están en poder de la Policía, sin que haya ninguna justificación para tal decisión por parte de las autoridades”, ha afirmado Amnistía Internacional. Tras las críticas, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, ordenó la sustitución del comisario del caso, sin dar más detalles, y la Policía Civil dejó de conceder entrevistas y de hacer aclaraciones sobre el asunto. “El Gobierno del estado de Pará informa de que no se pronunciará hasta que se concluya la investigación policial”, anunció la institución en un comunicado.

EL PAÍS examinó la petición de prisión de la Policía Civil y la orden de prisión dictada por el juez, y entrevistó a varios expertos en pericia y delitos ambientales para analizar el caso. Aunque el comisario José Humberto Melo Júnior haya afirmado que entre las pruebas contra los miembros de la ONG había imágenes, testimonios y llamadas telefónicas interceptadas, la petición de prisión no menciona ningún testimonio o imagen.

Para pedir la prisión de los cuatro brigadistas, los comisarios solo citaron conversaciones telefónicas grabadas entre los días 26 de septiembre y 20 de noviembre. Las actuaciones policiales investigaban los incendios ocurridos en un área de protección ambiental (APA) de Alter do Chão entre el 14 y el 16 de septiembre. En la petición de prisión de los bomberos voluntarios, los comisarios citan genéricamente que “se recogieron testimonios” durante las diligencias policiales, pero no dicen si esas declaraciones vinculan a los cuatro hombres con los incendios en Alter do Chão. En otro fragmento de la petición de prisión, los comisarios dicen que una conversación "hace patente los rumores que escuchamos desde el comienzo de las pesquisas, que consiste en la implicación directa de los líderes de la brigada que asoló el APA de Alter do Chão, con el propósito de cobrar notoriedad para recaudar fondos”.

El abogado Michell Durans, que defiende a Daniel y a Marcelo, dice que la investigación tiene un “gran error”, porque interpreta fragmentos de conversaciones disociadas del contexto general. “Del contenido de esas largas conversaciones, escoge fragmentos sueltos y los interpreta de la forma que mejor se adecua a su intención acusatoria”, afirmó. “Creo que hay un equívoco por parte de la autoridad policial. Lo que no sé es si es premeditado o no. Hubo una precipitación al interpretar las transcripciones telefónicas a merced de su interés”, añadió.

La mención a organizaciones no gubernamentales y al actor DiCaprio para defenderse de acusaciones se produce en vísperas de la COP 25, en la que Brasil debe tener un papel central, y en la misma semana en que juristas brasileños presentaron una denuncia en contra del presidente brasileño en el Tribunal Penal Internacional, en La Haya, por incentivar el genocidio indígena y por su omisión sobre los crímenes ambientales en Amazonia.

Investigaciones en marcha

La prisión de los brigadistas también despertó el interés del Ministerio Público Federal, que ha solicitado el acceso a los autos para analizar si la competencia del caso es federal o regional. Los fiscales argumentaron en su petición de acceso que ya existe una investigación federal sobre los mismos incendios y que “ningún elemento apuntaba a la participación de brigadistas u organizaciones de la sociedad civil”. Las investigaciones de los fiscales apuntan hacia otra dirección. “Al contrario, la línea de las investigaciones federales, que se viene siguiendo desde 2015, apunta al asedio de grileiros [usurpadores de tierras públicas], a la ocupación desordenada y a la especulación inmobiliaria como causas de la degradación ambiental en Alter”, informaron en una nota.

La directora de la ONG Human Rights Watch en Brasil, Maria Laura Canineu, indicó a este periódico que un estudio de dicha entidad ya documentó la forma de actuar de las organizaciones criminales en la deforestación ilegal de la Amazonia, lo que coincide con las conclusiones de las de investigaciones de la Fiscalía Federal y de la Policía Federal. Ella también critica la falta de acciones del Gobierno de Bolsonaro “para cohibir la violencia contra los defensores de la selva, ya sean indígenas, pequeños productores rurales o incluso agentes públicos, y contra la impunidad que crea un entorno permisivo para la delincuencia en la Amazonia”.