Keiko Fujimori sale de prisión tras una polémica sentencia en el Constitucional peruano

La lideresa conservadora de la oposición, Keiko Fujimori, ha salido de la cárcel este viernes tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que anula la prisión preventiva que había ordenado la justicia en octubre del año pasado para evitar que obstruyera la investigación por lavado de dinero  por parte del Ministerio Público. De acuerdo con las pesquisas, la constructora brasileña Odebrecht entregó 1,2 millones de dólares a su campaña electoral en 2011. 

Fujimori, la presidenta del partido Fuerza Popular permaneció trece meses en prisión. Y ha sido excarcelada con una sentencia de cuatro votos contra tres, que dio la razón al habeas corpus presentado por la hermana de Fujimori ante el Constitucional bajo el argumento de que fue vulnerado "el derecho a la libertad personal”. 

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"Me voy a tomar un tiempo, después decidiré la segunda etapa de mi vida", dijo al salir del penal en Chorrillos. Aunque, de inmediato, añadió que se comprometerá a "ayudar a miles de hombres y mujeres que están sufriendo en las cárceles sin sentencia".

La resolución del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación, emitida el pasado jueves, ha estado salpicada de polémica: de los siete magistrados de la corte, tres -incluido el presidente Ernesto Blume- califican de “meras presunciones” las sospechas graves que vieron los jueces sobre el delito de lavado de activos que el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía imputa a Fujimori. El cuarto con el que hicieron mayoría es el voto singular del magistrado Carlos Ramos, quien no coincide con dicha argumentación, sino que estima que al haberse disuelto el Congreso -de mayoría fujimorista-, ya no hay peligro de obstrucción a la justicia.

La controversia en Perú también surgió porque Blume sostuvo que al elaborar la sentencia no incorporarían hechos posteriores a la presentación del habeas corpus, es decir, julio de este año, pero Ramos sustenta su voto en la disolución del Parlamento, que ocurrió el pasado 30 de septiembre. El presidente Martín Vizcarra adoptó esa medida tras meses de ataques y obstrucción de la mayoría parlamentaria fujimorista y sus aliados de varias bancadas conservadoras.

El Ejecutivo planteó en septiembre al Congreso una cuestión de confianza para que apruebe una ley que considere los principios de transparencia y publicidad en la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El Parlamento rehusó debatir el proyecto de ley y eligió a un nuevo afín al fujimorismo y que garantizaba los cuatro votos a favor del habeas corpus. Cuando el Congreso rehúsa la confianza a dos Gabinetes en un Gobierno, el presidente puede disolverlo. Eso fue lo que hizo Vizcarra y convocó a elecciones parlamentarias para enero.

Al redactar la argumentación a favor del habeas corpus para Fujimori, Blume descartó elementos que corroboran la hipótesis de la Fiscalía sobre el delito de lavado: las declaraciones de un colaborador eficaz de que Fujimori pidió a su jefe de campaña ocultar el dinero recibido de Odebrecht -usando prestanombres para hacer depósitos bancarios-, y los testimonios a la Fiscalía de poderosos empresarios acerca de los más de cuatro millones de dólares que entregaron a la campaña fujimorista de 2011 en dinero negro.

Los tres magistrados que quedaron en minoría y votaban por que Fujimori continuara en prisión preventiva, cuestionan la posición en mayoría por numerosos motivos técnicos y procesales, y por el motivo esgrimido por Ramos.

"Si el magistrado está dispuesto a incorporar elementos nuevos o posteriores a la presentación de la demanda, convendría preguntarse la razón por la cual únicamente toma en cuenta la disolución del Congreso y no la declaración del [colaborador eficaz] señor Yoshiyama Sasaki", destaca el voto singular de los tres tribunos en minoría.

Para Fujimori, en cambio, la decisión de la mayoría del Constitucional  "ha corregido un gran daño en un proceso lleno de abusos y arbitrariedades". Desde la tarde de este viernes unos 150 simpatizantes fujimoristas, en su mayoría mujeres adultas, aguardaban la salida de su líder.

"Me parece muy bien su liberación. Desde chiquita soy fanática de Keiko cuando hacía campaña con Rolando Reategui [en la región peruana San Martín]. Su papá daba alimentos para la gente humilde", comenta Libna Falcón, de 35 años. Ella fue una de las personas que se quedó hasta ver libre a Fujimori a las 20.35 (hora local).

Viernes negro en el gremio empresarial

La mañana del viernes, mientras decenas de simpatizantes fujimoristas esperaban afuera del penal de Chorrillos la excarcelación de la lideresa opositora, el fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, allanaba en la Torre Empresarial III de Lima, la sede de Confiep, el gremio que agrupa a los grandes empresarios en Perú.

Un juez autorizó dicha diligencia luego de que Pérez interrogara, en las dos últimas semanas, a nueve poderosos empresarios sobre los aportes a la campaña de Fujimori en 2011 y 2016. El dueño del principal grupo financiero, Dionisio Romero, reveló la semana pasada haber entregado a la entonces candidata 3,65 millones de dólares en efectivo en maletines, retirados de una cuenta de Credicorp. Al día siguiente, el presidente del directorio de la empresa láctea Gloria, Vito Rodríguez, dijo que entregó a Fujimori 200.000 dólares.

Confiep desarrolló en 2011 una campaña publicitaria “a favor de la empresa privada”, por radio y televisión, contra la candidatura de Ollanta Humala, el principal contendiente de Keiko Fujimori. Siete de los ejecutivos que han declarado en los últimos diez días a los fiscales sostienen que no aportaron para Fujimori pero sí entregaron unos 2,5 millones de dólares para ese otro fin.

La orden judicial de allanamiento e incautación habilita al fiscal Pérez a buscar documentos de “donaciones, recepción o entrega de dinero que realizaron los integrantes, asociados o miembros” de Confiep y comprobantes de gastos y compras del gremio empresarial para la campaña política de las elecciones generales en 2011 y 2016.

Las revelaciones de corrupción han impactado también esta semana al presidente peruano, Martín Vizcarra, ya que el pasado martes fue detenido el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien estuvo en el cargo desde marzo de 2018. Un juez ordenó la prisión preliminar del exprimer ministro por pactar con un fiscal superior para que este maniobrara a su favor en el Equipo Especial Lava Jato. La Fiscalía investiga a Villanueva por haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de San Martín. 

Las elecciones legislativas de enero son vistas por políticos investigados por corrupción como una vía para tener inmunidad hasta julio de 2021 y reforzar las redes que han perdido desde el cierre del Legislativo. Keiko Fujimori, sin embargo, tendrá una nueva audiencia de prisión preventiva.