El Tribunal Constitucional: la olla a presión de la política en Perú
Tras la disolución del Parlamento, el enfrentamiento político y la protección de los investigados por corrupción ha pasado a manos de esta instancia judicial
Importantes políticos peruanos investigados por corrupción, como la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y magistrados ligados a la trama de corrupción del sistema de justicia contaron hasta el pasado 30 de septiembre con la colaboración de la mayoría opositora en el Congreso, formada por el fujimorista Fuerza Popular y el Partido Aprista. Pero desde que el presidente peruano, Martín Vizcarra, disolviera aquel día el Parlamento, el enfrentamiento político y la protección de los investigados por corrupción ha pasado, en mayor medida incluso a manos del Tribunal Constitucional.
Este jueves, el tribunal ha puesto fin a dos semanas de silencio, y ha anunciado que el 29 de octubre decidirá si admite a trámite la petición del presidente de la Comisión Permanente del Legislativo, Pedro Olaechea, para que se evalúe si el jefe de Estado actuó de acuerdo con la Constitución cuando cerró el Congreso y convocó a elecciones legislativas.
Olaechea, un empresario que llegó al Congreso con la agrupación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que votaba alineado con Fuerza Popular, asumió dicho cargo a finales de julio. Aunque no pertenece al partido que lidera Keiko Fujimori, forma parte de una pequeña bancada satélite del fujimorismo, llamada Acción Republicana.
Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre aplicando el artículo 134 de la Constitución, que da al presidente la facultad de cerrarlo y convocar a elecciones parlamentarias si el Legislativo niega su confianza —vota en contra de iniciativas legislativas que el Gobierno marca como prioritarias— a dos consejos de ministros.
Se trata de la primera vez que un presidente cierra el Congreso basándose en este artículo. De acuerdo a la carta magna, tras la disolución del Legislativo, subsiste la Comisión Permanente del Congreso, que tiene la función de recibir los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo y en el futuro dar cuenta de ellos a los nuevos congresistas que asumirán el cargo en unos meses.
Este jueves, el pleno del Constitucional votó para postergar otra decisión controvertida: si permite la incorporación de un magistrado. Vizcarra cerró el Congreso después de que este rechazó debatir si se incluían criterios de transparencia y pluralismo en la elección de los magistrados de la corte. La mayoría parlamentaria prefirió elegir a nuevos magistrados que iban a sustituir a quienes tienen su período vencido, y en una votación que fue impugnada eligieron a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo de Olaechea y letrado ligado al abogado personal de Donald Trump, Rudolph Giuliani. Su nombramiento era determinante para la oposición, ya que hubieran conseguido que la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional representaran los intereses de fujimoristas, apristas y de los investigados por la corrupción en el sistema de justicia. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso pidió al presidente del Tribunal Constitucional que incorpore a su primo, y este jueves cinco de siete magistrados se opusieron a que jure su cargo “en tanto no concluya el procedimiento parlamentario correspondiente”.
El trasfondo de la corrupción
“Este Congreso que tuvo una mayoría abrumadora del fujimorismo en cierta forma podría entenderse como una mafia de mafias, no fue solamente el congresista que buscaba hacer o mantener su negocio o emprendimientos corruptos individuales o de grupo, ahora tenemos, la representación vinculada a actividades ilegales”, explica Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional.
La lucha de la oposición por hacerse con el Constitucional es para Rotta otro episodio de la búsqueda de impunidad “que ha sido muy fuerte en el último año”, precisa. “Desde que estalló Lava Jato —las revelaciones de entrega de sobornos de Odebrecht a políticos en América Latina—, hemos visto la pantomima que fue la comisión investigadora de Lava Jato en el Congreso, los ataques a los fiscales que estaban investigando: son un montón de acciones que apuntan a mantener la impunidad y el sabotaje de las reformas judicial y política.”, añade Rotta.
El presidente del Constitucional, Ernesto Blume, un aliado de los intereses del fujimorismo y políticos afines, ha anunciado que la próxima semana entregará su posicionamiento sobre el hábeas corpus que busca anular la prisión preventiva de la líder de Fuerza Popular, investigada por lavado de activos y que ha cumplido un año en una cárcel en Lima.
La hija mayor de Alberto Fujimori está en prisión para evitar que obstaculice la investigación por recibir fondos de Odebrecht en la campaña electoral de 2011. A finales de septiembre, la Corte Suprema redujo de 36 a 18 meses el tiempo de prisión preventiva de Keiko Fujimori.
