La carrera contra los ‘agujeros negros’ fiscales en la UE

La Unión Europea (UE) ha adoptado una serie de normativas para cerrar las vías de escape que la existencia de diferentes sistemas fiscales en sus Estados permiten.

Luxemburgo forma parte de los que los anglosajones llaman los “sospechosos habituales”, esos países que sabemos que se opondrán de entrada a cualquier iniciativa fiscal que reduzca sus competencias en la materia. Por su parte, Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos y Fiscalidad, ha llegado incluso a llamarlos “agujeros negros fiscales”.

“Durante mucho tiempo, el crecimiento de algunos Estados, su modelo de negocio, como dicen, se basaba en una fiscalidad baja que podía fomentar la optimización fiscal, la evasión fiscal e, incluso a veces, digámoslo, el fraude fiscal. Creo que eso ya ha quedado atrás, porque crea unas inmensas pérdidas de ingresos para las finanzas públicas, y porque un modelo en el que un país construye su prosperidad perjudicando a las bases fiscales de los demás no se puede sostener”, explica desde su despacho en el décimo piso del Berlaymont, la sede de la Comisión en Bruselas.

Cuando se calmaron las aguas del escándalo Luxleaks sobre estos acuerdos fiscales, las resoluciones tributarias extremadamente generosas negociadas por la consultora PwC en nombre de las multinacionales con el fisco luxemburgués, en perjuicio de los ingresos de los países vecinos, nos pudimos dar cuenta de que la solución propuesta se podía aplicar, de hecho, en virtud de la legislación existente. En 2015, la Comisión Europea (el Parlamento Europeo ha financiado este reportaje) propuso que el intercambio de información entre países sobre estas resoluciones fuese automático. Pero ya se suponía que los Estados tenían que hacerlo en virtud de un intercambio que era “espontáneo y por petición”. Los países aprovecharon pocas veces estas disposiciones en el pasado.

Un juego finalmente colectivo

Sven Giegold, un eurodiputado de los Verdes, portavoz de su grupo para asuntos económicos y financieros, ha analizado minuciosamente una gran cantidad de documentos confidenciales del grupo del “Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas”. Este grupo nació en 1998 para garantizar una competencia fiscal no perjudicial entre los países europeos, gracias a la “presión de los pares”, y por tanto, sin medidas legislativas coercitivas. Anteriormente los trabajos de este grupo se mantuvieron muy en secreto. “De hecho, durante 19 años, los países que eran víctimas (de las prácticas fiscales luxemburguesas) aceptaban que se bloqueasen sus peticiones. Eso demuestra que es demasiado sencillo convertir a Luxemburgo y a los paraísos fiscales en los únicos actores responsables. También lo son los Estados miembros, en los que están establecidas las grandes empresas que utilizaban esos regímenes fiscales y que actuaban en su propio interés en vez de en el de sus ciudadanos”.

Nicolas Mackel, el consejero delegado de Luxembourg For Finance, la agencia encargada del desarrollo de la plaza financiera luxemburguesa, señalaba recientemente que el problema no era el sistema fiscal del Gran Ducado, sino la interacción entre los regímenes fiscales de los diferentes Estados.

Veamos el sencillo ejemplo de la resolución fiscal luxemburguesa respecto a McDonald’s. La Comisión Europea, impulsada por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, avisada por los sindicatos europeos, decidió tomar cartas en el asunto. En septiembre de 2018, se vio obligada a concluir que no existía una ayuda de Estado ilegal y que, a pesar de que los beneficios de la marca de comida rápida no tributaban ni en Luxemburgo ni en Estados Unidos, no incumplía la legislación fiscal.

¿Cómo era posible? Porque la sede de McDonald’s en Estados Unidos se consideraba un “establecimiento estable” (una entidad imponible, en resumidas cuentas) según la legislación luxemburguesa, pero no según la legislación estadounidense. Es un ejemplo de los llamados “montajes híbridos”, una entidad o un pago considerados de dos maneras diferentes en dos países. Y la consecuencia, por ejemplo, es que se consigue una deducción fiscal en uno y una no imposición en otro.

Una de las disposiciones de la directiva contra la evasión fiscal adoptada por los europeos en 2016 permitirá cerrar esta vía de escape. Pero, según Francis Weyzig, un asesor político de la ONG Oxfam, la carrera para cerrar estas vías de escape una tras otra puede que no termine nunca. Lo que hace falta, según él, son normas comunes con un tipo impositivo mínimo.

La Comisión Europea ha propuesto una definición común de la base imponible de las empresas. Pero aunque se han hecho esfuerzos en las legislaciones fiscales anteriores, los “sospechosos habituales” no van a dar su brazo a torcer en esto.

Traducción: News Clips.

Este artículo se publica en el marco de la alianza de medios LENA.