Suecia reabre la investigación contra Assange por violación

La decisión de la fiscalía sueca de reabrir la investigación contra Julian Assange, de 47 años, por acoso sexual y violación puede derivar en una batalla por la extradición del cofundador de Wikileaks entre Washington y Estocolmo. El gobierno del Reino Unido deberá decidir a qué petición da prioridad, y asegurar además que Assange cumpla casi un año de condena en las prisiones británicas por haberse saltado las condiciones de su libertad provisional. El hacker permanece recluido en la cárcel de Belmarsh, al sureste de Londres.

La entrega a las autoridades británicas por parte de Ecuador, en cuya embajada londinense residió durante siete años bajo protección diplomática, ha reavivado todos los asuntos que Assange mantenía pendientes con la Justicia. En el caso de Suecia, hace frente a la acusación de violación y otros delitos contra la libertad sexual. Los hechos ocurrieron, presuntamente, en 2010, durante una conferencia que Wikileaks organizó en Estocolmo. Dos mujeres interpusieron sendas denuncias contra él, quien siempre ha defendido que el sexo fue consentido. La Fiscalía de Suecia decidió archivar provisionalmente el asunto ante la imposibilidad de avanzar. Assange fue además investigado por abusos y coacciones, pero esos delitos prescribieron en 2015. Las acusaciones más graves, reimpulsadas ahora por los abogados de las presuntas víctimas, corren el riego de prescribir en 2020. "Después de revisar las investigaciones preliminares en su estado actual, mi conclusión es que siguen existiendo evidencias suficientes como para sospechar que el Sr. Assange cometió una violación o un delito de menor grado", ha dicho este lunes Eva-Maria Persson, la vicefiscal general de Suecia.

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Las autoridades de ese país disponen ahora de 15 meses para impulsar la causa antes de que, de acuerdo con las leyes penales suecas, quede prescrita. Dado que Assange debe seguir cumpliendo la condena impuesta por un tribunal londinense, cualquier interrogatorio deberá realizarse vía telemática y con la colaboración del acusado.

El Gobierno de Estados Unidos ya comunicó a Londres su intención de cursar una orden de extradición contra el prófugo, al que acusa de un grave delito de revelación de secretos oficiales. En colaboración con la exsoldado estadounidense, Chelsea Manning, Assange publicó miles de informaciones relativas a las intervenciones militares en Irak y Afganistán.

Assange ha expresado constantemente su temor a ser extraditado a Estados Unidos, y se muestra dispuesto ahora a colaborar con las autoridades suecas. Defiende su inocencia, pero el equipo de abogados que le representa y la dirección de Wikileaks han sugerido ya que, el mejor de los dos desenlaces, sería su entrega a las autoridades suecas. "Desde la detención de Julian Assange el pasado 11 de abril, ha habido notables presiones políticas sobre el gobierno sueco para que reabrieran la investigación, aunque este caso siempre ha tenido presiones políticas. La reapertura del caso ofrecerá a Julian la oportunidad de defender su buen nombre", ha dicho Kristinn Hrafnsonn, la directora de la página web.

El "caso Assange" ha enfrentado además al Gobierno británico con la oposición laborista. Desde el propio líder de esta formación, Jeremy Corbyn, a decenas de diputados en Westminster, las reclamaciones para que no sea extraditado a Estados Unidos se han multiplicado. "Exigimos que haga todo lo que esté en su mano para asegurar que Julian Assange sea extraditado a Suecia en el caso de que este país curse una demanda de extradición", escribió la diputada Stella Creasy, respaldada por las firmas de más de 70 parlamentarios y miembros de la Cámara de los Lores, al ministro británico del Interior, Sajid Javid, el pasado abril.

Javid dispone de criterios legales para adoptar su decisión, como la gravedad de los delitos, el país que reclama al prófugo, el orden en que fueron cursadas las peticiones o si se trata de acusaciones o condenas firmes. Pero la decisión última no es automática y tiene un claro componente político que el Gobierno británico deberá sopesar. Los expertos auguran que el proceso puede llegar a demorarse hasta dos años.