Las potencias de América Latina urgen a Maduro a aceptar ayuda humanitaria

La primera reunión para abordar de forma conjunta la crisis migratoria de venezolanos ha terminado este martes con una declaración de 18 puntos en la que 11 países de América Latina piden a Venezuela que acepte ayuda humanitaria en su territorio para resolver sus problemas en origen. En el documento, apoyado por todos menos por Bolivia, los gobiernos regionales “reiteran su preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos y hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados”.

Los representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay se reunieron, junto con el de Bolivia, durante dos días en Quito para abordar el impacto en los países de la región del aluvión de ciudadanos venezolanos que ha huido de su países en las últimas semanas, disparando la cifra de desplazados de los últimos cuatro años cuando comenzó el flujo migratorio. El delegado de República Dominicana también se abstuvo de firmar la Declaración de Quito, por un inconveniente de salud.

La tibia reacción de los once países, que se ciño a ofrecer ayuda a Venezuela y solicitar más recursos financieros para los que reciben más migrantes, emplazó a una segunda convocatoria que se celebrará la segunda semana de noviembre, también en Quito. Mientras tanto, los estados afectados por la llegada masiva de venezolanos en condiciones cada vez más precarias, podrán “continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno”, de acuerdo al punto 2, para ofrecer a los miles de desplazados asistencia humanitaria, mecanismos para permanecer en el territorio de forma regular y herramientas para combatir el tráfico ilícito y la explotación de migrantes.

Aparte de pedir a Venezuela que acepte cooperación en su territorio, los once firmantes exhortaron al régimen de Nicolás Maduro a que tome “de manera urgente y prioritaria” las medidas necesarias para expedir documentos de identidad y oficiales, como el pasaporte, la cédula de identidad o certificados apostillados, para evitar a sus ciudadanos los problemas que están encontrando en sus nuevos destinos al pasar los controles migratorios u obtener permisos de trabajo.

Este punto ataca, en concreto, a la disposición de las últimas dos semanas de Ecuador y Perú de exigir a los venezolanos que quieran cruzar la frontera un pasaporte válido y en vigencia, a sabiendas de que muchos de ellos carecen de ese documento por las dificultades y el alto costo de obtenerlo en su país, ya sea de forma oficial o en el mercado negro. Por ello, la Declaración de Quito también incluye un apartado para que los gobiernos latinoamericanos, de acuerdo con la legislación nacional, acojan “los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”.

Además, ante los picos de xenofobia que han ido apareciendo en los países de la región contra la población venezolana instalada, los Estados implicados se comprometen “a la lucha coordinada contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia”, implementando iniciativas y esfuerzos estatales, en la medida en que sea posible para cada país.