La disputa por la sociedad civil

La atención mediática en las elecciones presidenciales mexicanas se ha concentrado en los ataques personales entre los candidatos y en las encuestas, dando poco espacio a otros debates sustantivos.

En las dos semanas pasadas, el tema de la sociedad civil ha ocupado un lugar simbólico importante, puesto que el relativo prestigio de este concepto ha sido utilizado en los combates políticos propios de la coyuntura. Grupos empresariales y asociaciones civiles vinculadas a ellos publicaron un manifiesto y vienen realizando actividades diversas en las que se postula la importancia de continuar algunas de las reformas implantadas por el Gobierno actual. Este grupo sostiene que los avances democráticos de las dos décadas recientes deben atribuirse en buena medida al activismo de la sociedad civil, cuya representación se atribuyen.

Contra esta pretensión, se han levantado dos tipos de críticas: de un lado, se afirma que esta sociedad civil sólo persigue la agenda de la élite económica; de otra parte, se indica que esta sociedad civil es sólo una de muchas y que en todo caso el frente político creado por Andrés Manuel López Obrador incorpora a la política a la sociedad civil popular.

Detrás de este debate se ocultan diversos proyectos políticos que entienden de distinta forma que es la sociedad civil y en qué consiste su participación política.

El frente de organizaciones en el que participan la Coparmex, Causa en Común, Mexicanos Primero y otros grupos civiles vinculados a un círculo de empresarios relativamente progresistas, parecen reclamar para sí el monopolio de la representación civil, olvidando que ellos conforman tan solo una parte de la misma. Esta operación política ha mezclado los intereses sectoriales de algunos grupos empresariales con las agendas realmente democráticas que los think tanks que ellos financian están impulsando de unos años a la fecha.

Particularmente importante ha sido la labor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que llevó a cabo la investigación de la Estafa Maestra y de otros casos de corrupción sistémica en el actual Gobierno. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha hecho también una labor muy importante en la lucha por la transparencia, contra la corrupción y por la creación de instituciones de justicia eficaces y autónomas del poder ejecutivo. Criticar a estas y otras organizaciones profesionales porque son financiadas por el sector privado es injusto puesto que han prestado un servicio invaluable en la crítica del régimen.

Estos think tanks han trabajado hombro con hombro con organizaciones civiles profesionales que son autónomas del empresariado y de los partidos políticos y que han prestado también un gran servicio la democracia en los campos de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, como Fundar, Artículo XIX y otras ONG internacionales, y grupos de base que defienden los derechos humanos y reciben financiación externa para desarrollar sus actividades, sin que ello implique que sirvan al imperio, acusación ridícula de oportunistas de ocasión.

Por otra parte, la supuesta representación de los sectores populares a través del otorgamiento a algunos dirigentes de candidaturas a diputados locales y federales o senadurías constituye un mecanismo muy antiguo y muy ambiguo. Puede servir para darles voz a actores no representados en la política, pero puede servir también como instrumento de cooptación política corporativa. Para que los líderes populares representen realmente a sus bases se requiere que mantengan cierta autonomía de decisión en los cargos que ocupan, pues de otra manera simplemente serán vehículos de legitimación de las decisiones del poder ejecutivo.

La sociedad civil es tan plural y heterogénea como la sociedad misma. Su composición expresa las desigualdades económicas y políticas en cada momento histórico. En México los sectores populares son todavía débiles. En la presente década se consolidó un sector de ONG profesionales que ha impulsado una agenda democrática basada en la creación de instituciones autónomas del poder ejecutivo que defenderían los derechos de ciudadanía, la cual no ha podido ser instrumentada por más que se hayan creado leyes e instituciones para tal fin. La simulación legal y la colonización de las instituciones autónomas por decisión del PRI y del PAN no implica que esas instituciones no sean necesarias. Son más indispensables que nunca, pero deben gozar efectivamente de autonomía política. Confundir su inoperancia actual con su irrelevancia política es un grave error, como lo es pensar que dando candidaturas a líderes sociales se garantizan los intereses populares en el ejercicio de Gobierno. Más bien hay que fortalecer y democratizar los sindicatos y organizaciones sociales desde la autonomía, una tarea fundamental en un cambio de régimen.