Ocho detenidos por el asesinato de dos periodistas ecuatorianos

Ocho detenidos, 91 registros de viviendas y la incautación de munición antiaérea. Este es el resultado de los dos primeros días de ofensiva militar y policial en la frontera entre Ecuador y Colombia. Después de confirmarse el viernes la muerte de los tres civiles ecuatorianos secuestrados durante casi tres semanas, el Gobierno ecuatoriano ha relacionado este domingo al grupo responsable con el crimen organizado mexicano.

"Tenemos información que sí, a través de 'Guacho' [líder del grupo Oliver Sinisterra], hay otra estructura y que existiría ese nexo con los carteles mexicanos", ha adelantado el ministro de Interior, César Navas, en una rueda de prensa ofrecida para informar sobre los operativos desplegados durante el fin de semana contra el grupo armado irregular, liderado por Walter Arízala, a quien se atribuye el secuestro y los últimos atentados en la zona. Este lunes, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha dado al criminal 10 días para que se entregue o lo entreguen.

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Aunque se detuvieron a nueve personas, ocho han sido relacionadas y procesadas por la ola de ataques que vive Ecuador desde finales de enero y por el secuestro y asesinato de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio desaparecidos desde el 26 de marzo. No obstante, el Gobierno ecuatoriano ha reconocido que aún no tiene detalles sobre dónde se encuentran los cuerpos de Paúl Rivas, de 45 años, Javier Ortega, de 32, y Efraín Segarra, de 60. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, apuntó durante el fin de semana que los fallecidos están en territorio colombiano.

De hecho, las autoridades del país vecino han instalado un equipo forense en el municipio de Tumaco, en el departamento fronterizo de Nariño, para que los cuerpos puedan ser recibidos una vez que el grupo responsable entregue al Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo ha confirmado el vicepresidente del país, Óscar Naranjo. El sábado la organización humanitaria aceptó formalmente el pedido de intermediación que le hizo Ecuador para poder recuperar los cuerpos.

Sin embargo, la disidencia Oliver Sinisterra envió este lunes un nuevo comunicado dando marcha atrás en la entrega de los periodistas asesinados, como protesta por las detenciones del fin de semana y ante la falta de garantías que tendrían sus unidades para desplazarse. La Cruz Roja ha tomado nota y se mantiene a la espera de que se restablezcan las relaciones entre los Gobiernos y el grupo irregular para poder intermediar “siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes y se den las condiciones de seguridad necesarias en terreno”.

Entre los ocho detenidos este fin de semana hay una mujer embarazada para quien se ha dispuesto medidas sustitutivas de prisión. Los demás han sido distribuidos en diferentes cárceles ecuatorianas mientras son procesados. El comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, ha explicado ante los medios que, desde que comenzaron los ataques en el lado ecuatoriano de la frontera, hace tres meses, han sido detenidas 43 personas. Entre ellas, hay familiares de Guacho. El mando policial también ha comentado que cuando se localizó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico de El Comercio, antes de su secuestro, se encontraron chalecos antibalas. Algo que no es “muy normal”, ha dicho el alto mando policial.

Los periodistas presentes en la convocatoria para informar de los operativos se han indignado y han cuestionado a las autoridades si se insinuaba que la culpa era de los propios periodistas secuestrados. El ministro de Interior ha salido rápidamente a aclarar que no se culpabiliza a nadie de lo sucedido. Según los datos de la investigación, los tres secuestrados llegaron hasta el pueblo de Mataje, antes de desaparecer. No fueron interceptados en la carretera.