Kuczynski: “Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales”

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ha ofrecido un nuevo mensaje a la Nación este miércoles, la noche antes de que el Congreso vote su destitución por sus vínculos con el caso Odebrecht. En un discurso que parecía especialmente dirigido a los parlamentarios, el mandatario planteó que su posible cese constituiría no solo un golpe político, sino también económico. "Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas. Pero las intenciones de nuestros opositores quedan desenmascaradas por su comportamiento apresurado y abusivo”, aseguró.

Acompañado de sus dos vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, Kuczynski se defendió asegurando que no ha cometido acto de corrupción alguno en toda su vida y pidió disculpas por no haber atendido la recomendación de confrontar al partido fujimorista, Fuerza Popular, que es mayoría en el Congreso y el principal promotor de su destitución.

“Ustedes han sido testigos de mi disposición al diálogo con la que he intentado conducir mi Gobierno, pero han sido también testigos de la actitud agresiva de la mayoría opositora que controla el Congreso. En los primeros 15 meses, cinco de mis ministros fueron censurados o forzados a renunciar, un verdadero récord histórico. Ahora es evidente que desde un principio se buscaba llegar a lo que está ocurriendo hoy”, expresó.

El mandatario, que el pasado domingo en una entrevista en televisión volvió a defender ante la ciudadanía su inocencia, también pidió disculpas por no haber sido prolijo con los archivos de su empresa Westfield Capital -a través de la cual le acusan de haber recibido pagos de Odebrecht-, pero también por su manera de hacer política.

“Otro error –hoy lo veo claramente– fue esperar algo distinto de nuestros opositores. Muchos me aconsejaron que a la primera censura respondiera con una cuestión de confianza, no los escuché y asumo mi responsabilidad. Decidí optar por el diálogo, no por la confrontación. Hoy estamos viendo las consecuencias de esta decisión”, agregó. Asimismo, el presidente invocó al respeto a la democracia y al equilibrio de poderes. “La Constitución y la democracia están bajo ataque", aseguró. 

Kuczynski informó de que sus vicepresidentes "no quieren ser parte de un Gobierno que nazca de una maniobra justa y antidemocrática. Estamos a punto de recuperar el dinamismo económico que el Perú perdió tres años atrás. El ataque a la Presidencia de la República, a la Fiscalía de la Nación y al Tribunal Constitucional constituiría no solo un golpe político , sino también un golpe económico al Perú próspero que todos queremos. Tenemos que defenderlo", afirmó.

Pese a todo, Kuczynski ha recibido el apoyo de los gobernadores de Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura contra la moción que debatirá este jueves para destituirlo. Pese a que el viernes 93 de 130 congresistas se pronunciaron a favor de debatir la moción, los 87 votos necesarios para sacar del cargo al presidente no estaban asegurados este miércoles y el oficialismo maniobraba para impedir la derrota.

El mandatario pidió el martes al Legislativo, la documentación que fundamenta la moción, pero a pocas horas de que se iniciara la sesión el jefe de Estado no los había recibido. Por recomendación de su abogado, Alberto Borea, el mandatario envió el martes una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresando “la profunda preocupación” de su Gobierno ante “hechos que afectan la estabilidad democrática” del país. Kuczynski enumera el intento del fujimorismo de destituir a tres miembros del Tribunal Constitucional, al fiscal general y el propio proceso en su contra, en el cual el Congreso lo acusa de “incapacidad moral”, una figura contemplada en la Constitución.

El exbanquero indica que esos hechos, según la Carta Democrática Interamericana, “atentan contra la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”, y solicita el envío de un observador para la sesión de debate. Almagro anunció este miércoles que enviará una delegación a Perú.

Fuerza Popular (con 71 de 130 escaños en el Congreso) divulgó el miércoles de la semana pasada un documento que solicitó a la transnacional brasileña Odebrecht —que tejió una trama de sobornos en el continente para hacerse con contratos de obra pública— sobre los pagos realizados entre 2004 y 2013 a dos empresas vinculadas con Kuczynski. El monto total asciende a 4,8 millones de dólares, 752.000 depositados en Westfield Capital, una firma de banca de inversión que abrió en 1992 en Estados Unidos el ahora presidente.

El mandatario ha explicado que cuando asumió como ministro durante el Gobierno de Alejandro Toledo, entre 2004 y 2006, se había desligado de su empresa y dejado los negocios en manos del gestor Gerardo Sepúlveda. El economista chileno aseguró a los diarios El Mercurio y El Comercio que nunca había informado a Kuczynski sobre los contratos cerrados en esos años. Fuerza Popular promovió la destitución con el argumento de que el jefe de Estado había mentido a la comisión parlamentaria de investigación del caso Lava Jato cuando declaró en octubre que nunca había tenido vínculos profesionales con Odebrecht.

El pasado viernes 93 congresistas votaron a favor de debatir el cese del presidente, pero todavía seguían este miércoles las negociaciones de los congresistas oficialistas de Peruanos por el Kambio (PPK) con otros parlamentarios para evitar la debacle. El partido APRA, que la semana pasada se sumó con firmeza a la moción junto a Fuerza Popular y el izquierdista Frente Amplio, se mostraba más flexible este miércoles. El parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén, por ejemplo, afirmó en un programa radial que si Kuczynski demostraba que no conocía los contratos de Odebrecht con Sepúlveda, no habría motivo para la destitución.

Documentos de sustento

La vocera de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza dijo a EL PAÍS que “no puede ser que una elección popular de 30 millones de peruanos sea cambiada por una mayoría autoritaria. La forma como se le ha entregado la moción al presidente no precisa cuál es el cargo [por el que indican que tiene “incapacidad moral permanente”], no hay un fundamento para la vacancia [destitución]”. Y agregó: “Hay un golpe sistemático a la gobernabilidad en el país: la arremetida contra el Tribunal Constitucional y contra el Fiscal de la Nación, la prolongación de la legislatura hasta el 12 de enero. Ya lapidaron al presidente sin escucharlo, y esa es una mala práctica inconstitucional”.

Otro cambio ocurre en la bancada del izquierdista Nuevo Perú, que también votó a favor de debatir la moción la semana pasada, ahora matiza su posición. “Tiene que haber algún fundamento razonable que lleve a romper el orden democrático. Hemos dicho que hay un golpe institucional en curso, con una fuerza como el fujimorismo tan grande, y con el pasado que tiene, es una acción que amerita tomar en cuenta en las decisiones que se van a tomar”, dijo Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, a la prensa en Lima.