Un escándalo empaña la campaña en Costa Rica y somete a pruebas a su sistema político

Costa Rica ha entrado en una campaña electoral cruzada por un complejo escándalo político que toca a los tres poderes de la República. El país centroamericano, uno de los más estables de América Latina y de mayor solidez en su sistema institucional, comienza el proceso hacia las elecciones generales de febrero de 2018 con la tendencia creciente de incertidumbre y escepticismo. La desconfianza se ha agravado por las noticias de los últimos meses sobre una trama de influencias políticas alrededor de un supuesto negocio de importación de cemento desde China.

Lo que se presentó como una aventura empresarial en 2014 para romper el dominio de las cementeras Cemex y Holcim en un mercado de 500 millones de dólares anuales en el país, es ahora el centro de innumerables cuestionamientos por la influencia indebida de políticos de diversos partidos, incluido Acción Ciudadana (PAC) que llevó a Luis Guillermo Solís al poder en 2014. Analistas ven ahora un inevitable impacto de esta trama en los resultados electorales del 4 de febrero, cuando se elige presidente, dos vicepresidentes y los 57 diputados.

Dos tercios del electorado carecen aún de preferencia electoral y la corrupción ocupa el primer lugar de los problemas nacionales junto al desempleo (con una tasa del 9%), según la encuesta de octubre del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica. El estudio muestra también el ascenso progresivo del candidato presidencial Juan Diego Castro, de discurso antisistema, que parece saber aprovechar el clima popular de hartazgo para poder entrar a una posible segunda vuelta.

Los cuestionamientos se dirigen al Ejecutivo, pero también a diputados y dirigentes de partidos opositores, y dos instituciones insignes. La primera, el Banco de Costa Rica, entidad estatal que financió con más de 30 millones de dólares el negocio de importación de cemento chino mediante procedimientos que ahora están bajo investigación. La segunda y más sensible: el poder Judicial, uno de los bastiones de la estabilidad costarricense (que ocupa el puesto 25 en el mundo, junto a Chile, según el informe Rule of Law Index), que ahora muestra señales de injerencias indebidas. Uno de sus magistrados está suspendido por sospechas de haber actuado en favor del negocio del cemento o de políticos vinculados.

Ese magistrado, un abogado mediático con formación de fiscal que ha ocupado cargos políticos en dos gobiernos, se llama Celso Gamboa y es allegado del fiscal general de la República, Jorge Chavarría. El fiscal general también está suspendido mientras se investiga por qué no avanzaban las investigaciones del caso apodado cementazo, como tampoco han progresado otras acusaciones contra políticos. La Fiscalía General está de manera interina en manos de una mujer, Emilia Navas, que ya ordenó reabrir investigaciones en este caso y otros en que hay poderosos involucrados, incluso alguno que podría afectar al expresidente Óscar Arias. Las alertas están encendidas.

En las redes sociales cunde la indignación. Algunos grupos ciudadanos piden la cabeza de Gamboa, la del fiscal general y del diputado Víctor Morales Zapata. Este un hombre de confianza del presidente Solís, que ha sido descrito como "un embajador de Juan Carlos Bolaños (el empresario importador de cemento chino)" por Mariano Figueres, que es amigo suyo, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y mano derecha del mandatario en la Casa Presidencial. También los empresarios piden la cabeza de un viceministro de Hacienda, pero Solís se resiste. De momento, nadie hay en la cárcel ni con culpas demostradas.

El caso se ha ido conociendo por partes en diversos medios de comunicación y mediante comparecencias públicas ante la comisión de diputados que investiga "el caso más grande de corrupción político empresarial de nuestra historia", como lo calificó la congresista Patricia Mora, del izquierdista Frente Amplio (FA).

Otras versiones discurren en voz baja y sin teléfonos. Algunos temen que les escuchen las conversaciones, como lo mencionaba el empresario Bolaños en un controvertido audio filtrado a la prensa, en el cual conversa con un exgerente bancario sobre un aparente plan para evitarse saldar los créditos en el BCR. Todos los días hay noticias nuevas, mientras dirigentes de cada partido intentan poner los focos contra posibles rivales para mejorar sus posibilidades en las elecciones de febrero.

El candidato mejor ubicado en las encuestas (aunque con cuotas que no bastarían para ganar en primera vuelta) es Antonio Álvarez Desanti, un veterano político y empresario adinerado que se postula por el Partido Liberación Nacional (PLN) con el fuerte apoyo de Óscar Arias, aunque ya debió sustituir a un candidato legislativo por sus vínculos con Bolaños. El segundo lugar en las encuestas lo ocupa el abogado Juan Diego Castro, de discurso de mano dura y de críticas frecuentes al sistema. En entrevistas le han preguntado si se siente el Donald Trump de Costa Rica y lo niega sin molestarse demasiado.

Más abajo aparecen el abogado conservador Rodolfo Piza por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, centro derecha) y el oficialista Carlos Alvarado, periodista y politólogo que dejo su cargo de ministro del Gobierno de Solís para asumir a sus 38 años una candidatura continuista en el PAC. Más allá de sus inciertas capacidades para atraer electores, el cementazo ha puesto en aprietos a ambos.

En total, son 13 los candidatos presidenciales y 25 los partidos que pelean por los 57 escaños legislativos. Los partidos abundan aunque solo tres de cada diez electores se reconocen como seguidor de uno de ellos. El 42% está dudoso de votar o seguro de abstenerse. De quienes están decididos, cuatro de cada diez no saben a quién apoyar, dice la encuesta del CIEP. Mientras, la campaña avanza sin suficiente atención a otros temas urgentes para este país, como la solución al déficit fiscal (el 6% del PIB), la desigualdad creciente, el estancamiento del empleo y un régimen de pensiones insostenible.