El Gobierno de Correa espiaba a la sociedad civil para tener bajo control a los opositores

La Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador vigiló a la sociedad civil durante el mandato del expresidente Rafael Correa. La conocida como Senain tenía establecido un plan de trabajo minucioso e individualizado para vigilar el entorno personal, familiar y profesional de políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas, tuiteros e incluso de miembros de su propio gobierno, con el fin de controlar a los personajes tóxicos y defender la estabilidad democrática de la República.

Esta policía de inteligencia política era parte de uno de los tres departamentos que constituyen la Senain: el de Democracia y Gobernabilidad. Los otros dos, según el decreto emitido por Rafael Correa en 2008 para crear la Senain, se centran en implicaciones económicas -como el contrabando o la falsificación de billetes- y de seguridad y justicia -contra el narcotráfico o la venta de armas-. El objetivo era defender “el imperio de la democracia”.

Y para ello, había que espiar y elaborar fichas individualizadas de personajes y de iniciativas políticas o sociales que pudieran representar una amenaza para el proyecto de Gobierno, según ha revelado el Diario Expreso. “Documentos internos de ese organismo demuestran que la Senain espió en la Asamblea Nacional, mantuvo bajo vigilancia el entorno (personal, familiar y de negocios) de los opositores más destacados, rutinariamente emitía informes sobre alianzas y estrategias de la oposición, provincia por provincia y pudo jugar un papel importante en la estrategia electora del movimiento PAIS durante la campaña de 2013”, desvela el periódico ecuatoriano.

La información fue publicada unos días después de que el presidente Lenín Moreno, también de Alianza PAIS, denunciara que había encontrado una cámara oculta activa en el despacho presidencial que Correa había mandado colocar durante su administración.

Esos documentos, fechados entre 2010 y 2014, no recogen el contenido de pinchazos telefónicos, ni correos electrónicos ni conversaciones de chat. Pero dan cuenta de que este tipo de averiguaciones se hacían para que el Gobierno pudiera anticiparse a lo que estuviera sucediendo. Y para ello, según la publicación, se invirtieron hasta 44,4 millones de dólares en implementar el Centro Nacional de Inteligencia, con gastos en obras de infraestructura y compra de equipamiento de última generación para hacer seguimiento telefónico o en redes sociales. Todo lo necesario para cumplir su misión.

Por ejemplo, cuando el colectivo Yasunidos inició una campaña de recolecta de firmas para evitar la explotación del yacimiento petrolero del Parque Yasuní, la Secretaría de Inteligencia, que no se ha pronunciado hasta ahora sobre estas revelaciones, elaboró un informe con fecha de 27 de enero de 2014 sobre el proceso de recolección de firmas y estableció dos posibles escenarios. Posicionándose políticamente: uno positivo, donde la “campaña no tiene acogida en la población” y otro negativo donde el colectivo indígena Yasunidos, definido como organización “tóxica”, conseguía el apoyo popular suficiente para convocar una consulta popular que desbaratara los planes gubernamentales de explotación petrolera.

Para líderes políticos destacados, la policía política tenía una dedicación especial. Y trazaba esquemas de seguimiento sobre sus movimientos diarios, sus personas de contacto y su situación económica. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por el movimiento CREO y líder de la oposición en la última campaña electoral, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas -que le arrebató al partido de Correa el control sobre la capital del país- fueron objeto de seguimientos pormenorizados, hora por hora, que llevaron a la Senain a sospechar incluso de la amplia biblioteca de la Fundación Ecuador Libre de Lasso.

“Me parece indignante que en una democracia se creen organismos para perseguir a los adversarios políticos del partido de gobierno”, protestó el mismo Lasso ante la prensa local. También Rodas se pronunció: “Estamos hablando de acciones de persecución, de espionaje que no solo están reñidas con la ley y los derechos de las personas, sino que afectan a la democracia”. Para el exvicepresidente León Roldos se trata además de un caso de peculado (malversación), porque un organismo que funciona con dinero público no puede ser usado con fines partidistas.

Pero la Senain no solo puso el ojo sobre la oposición. También miró puertas adentro del Gobierno. El vicepresidente Jorge Glas, entonces ministro y después vicepresidente de Correa, también está en la lista de seguimientos y ahora está vinculado por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. También se investigó al exministro Richard Espinosa que ahora está al frente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social o al exgobernador del Guayas por Alianza PAIS, Rolando Panchana. Fuera del gremio político, el periodista crítico con el régimen Carlos Vera o la abogada ambientalista Inés Manzano tienen sus respectivas fichas de seguimiento.

Ante la revelación de la policía política, los asambleístas de oposición decidieron pedir la comparecencia del Secretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, pero la propuesta para modificar el orden del día de la sesión fue rechazada, entre aplausos, por la mayoría oficialista de Alianza PAIS. Vallejo, hombre confianza de Correa que rinde cuentas por ley ante el presidente de la República y el ministro de Seguridad, ha declarado que es “irresponsable” afirmar que se ha espiado a la sociedad civil, dado que la Ley de Seguridad Pública y del Estado prohíbe a los organismos de inteligencia obtener información de personas por su afiliación política o adhesión a movimientos.