La trama de corrupción de Odebrecht involucra al vicepresidente de Ecuador

Ha aparecido con iniciales, nombres en clave o meras alusiones a su cargo. Ahora el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, es oficialmente uno de los implicados en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en el país. La Físcalía decidió el lunes vincular al 'número dos' del Gobierno actual y del de Rafael Correa por asociación ilítica, atendiendo a las pruebas y testimonios recabados donde aparecen referencias a “JG” (por Jorge Glas, presuntamente), a “Vidrio” (en referencia a la traducción del inglés de su apellido), o directamente a “Jorge Glas”.

La fiscal Diana Salazar, que ha llevado con diligencia la fase de instrucción, enumeró 10 fundamentos para considerar que el alto funcionario había ejercido “directa influencia”, amparado por sus funciones de vicepresidente y ministro coordinador de los Sectores Estratégicos -que incluyen la gestión petrolera y la contratación de grandes obras energéticas-, “facilitando así la consumación del ilícito investigado”. Por eso, la fiscal decidió inhibirse en favor del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, que sí tiene rango suficiente para involucrar al vicepresidente, beneficiado del privilegio de aforado por lo que solo podría ser procesado ante la Corte Nacional de Justicia.

Glas reaccionó a la decisión del ministerio público rápidamente. Solo, apartado de sus funciones y sin la habitual escolta de aliados de peso de su partido Alianza PAIS, leyó un comunicado ante la prensa en la sede de la Vicepresidencia, cuyas responsabilidades le fueron despojadas hace un mes por cuestionar y criticar en un manifiesto al presidente Lenín Moreno. “Ya son dos años,el último con mucha más dureza, en el que he sido objeto de ataques, infundios, calumnias y rumores. Han lanzado todo lo que podía lanzar y Jorge Glas Espinel ya fue juzgado por el Estado de opinión”, lamentó tras asegurar que “no han podido encontrar un centavo mal habido” a su nombre. Y ratificó, pese a las presiones de la oposición y la desaprobación ciudadana -solo un 20 % le apoya, según la encuestadora Cedatos-, que no renunciará.

La decisión de vincular a Jorge Glas no significa aún que sea imputado o acusado formalmente, pero sí eleva el grado de la investigación contra él. Por eso, el Fiscal General condicionó, en un pronunciamiento ante la prensa, la decisión de vinculación a que la Asamblea Nacional la aprobara previamente, en base al artículo 120 numeral 10 de la Constitucion ecuatoriana. Glas se adelantó a las fisuras entre los legisladores de su partido y pidió al bloque oficialista que facilite el trámite, como ya había anunciado que haría la oposición.

Sin embargo, juristas como Enrique Herrería, exmagistrado del Tribunal Constitucional, cuestionan la necesidad de autorización legislativa para implicar a Glas en este punto del proceso. Según su interpretación, el fiscal general solo trata de dilatar el asunto ya que ese requisito solo haría falta si se decide enjuiciar al vicepresidente, pero no para la fase de instrucción o investigación que donde está el expediente ahora y que se prolongará hasta el 3 de octubre. Después, la Fiscalía podría decidir si prosigue con la acusación o imputación de cargos.

Entre los indicios que dan cuenta de que Jorge Glas participó en los hechos investigados por prácticas de corrupción auspiciadas por Odebrecht, la fiscal Salazar menciona conversaciones entre el delator de la constructora brasileña -el representante de Odebrecht en Ecuador que está colaborando con la justicia de Brasil- y el tío de Jorge Glas. Éste, según audios que forman parte del expediente, pide dinero para financiar la campaña electoral del vicepresidente. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, permanace desde junio en arresto domiciliario, dada su edad, después de que la policía registrara sus propiedades y encontrara más de 40.000 dólares en efectivo, en billetes de uno a 100 dólares. Aunque Glas ha negado que su tío fuera su testaferro, Rivera permanece detenido por ser, presuntamente, el intermediario -sin ser funcionario público- que ayudaba a Odebrecht a obtener contratos con el Estado ecuatoriano.

La instrucción de la trama en Ecuador acumula, por el momento, 17 personas procesadas desde que se iniciaron las detenciones y registros a inicios de junio, tras la toma de posesión del nuevo presidente Lenín Moreno. El departamento de Justicia de Estados Unidos, en cambio, había anunciado en diciembre de 2016 que Odebrecht había pagado al menos 33 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos. Entre los implicados en este caso y el de la petrolera estatal Petroecuador, también por corrupción, está el excontralor general Carlos Pólit, así como ocho ministros –algunos prófugos de la Justicia– nombrados en los tres gobiernos sucesivos de Rafael Correa. Y ahora también su vicepresidente, su hombre de confianza en la última legislatura al que, desde la distancia, sigue apoyando: “Continúa el show. Sin prueba alguna, Fiscalía vincula a vicepresidente en caso Odebrecht. No se respetan principios, tan solo presiones...”. El mensaje de apoyo llegó por Twitter, desde su agitada residencia en Bélgica.