Bachelet prepara el cierre del penal exclusivo para violadores de los derechos humanos

A siete meses de que finalice el Gobierno de Michelle Bachelet, el 11 de marzo próximo, el Ejecutivo chileno prepara los detalles para cerrar definitivamente el controvertido penal de Punta Peuco, destinado exclusivamente a exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El recinto que alberga a 130 reclusos y que históricamente ha contando con la oposición de los familiares de las víctimas, que piensan que los exuniformados deberían estar en cárceles comunes, sería clausurado en septiembre, de acuerdo con el periódico chileno La Tercera.

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"Los compromisos de la presidenta se cumplen", señaló la portavoz del Gobierno, Paula Narváez, aunque evitó confirmar la fecha del cierre definitivo. "Por lo pronto se están haciendo todos los trabajos y evaluaciones que se requieren para que eso pueda concretarse", agregó la ministra.

Hace dos años fue la propia Bachelet la que se comprometió al cierre del penal Punta Peuco, que abrió sus puertas en 1995 a 44 kilómetros al noreste de Santiago, en los primeros años de la democracia. La fefa de Estado asumió el compromiso en una reunión que sostuvo en agosto de 2015 con Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas de la dictadura de mayor simbolismo: en 1986, cuando tenía 18 años, fue quemada con gasolina por militares durante una protesta contra el régimen. Hace algunos meses, en julio pasado, Bachelet fue consultada por el cierre de la cárcel especial y la mandataria indicó: "Voy a cumplir todas las promesas que he hecho".

Los 130 reclusos, de acuerdo al diario La Tercera, serían trasladados a una zona especial del penal Colina 1, destinado a presos comunes. El mes elegido, septiembre, está cargado de simbolismo para Chile: el día 11 se cumplen 44 años del Golpe de Estado de 1973 y el 18 se festejan las Fiestas Patrias.

Parte de la derecha chilena reaccionó de inmediato ante el inminente cierre del penal, porque argumentan que la mayoría de los presos son ancianos, algunos enfermos terminales y que en diferentes partes del mundo existen cárceles segregadas para este tipo de casos. "Hay un ánimo de venganza de parte de la presidenta", indicó el diputado del partido UDI, Gustavo Hasbún. "Esta es decisión con una carga ideológica que lo único que hace es abrir las heridas del pasado y demostrar una tremenda inhumanidad", agregó el parlamentario.

El candidato presidencial de la oposición, el expresidente Sebastián Piñera, indicó que no se justifica cerrar el penal. Aunque durante su Administración (2010-2014) clausuró el centro de detención Cordillera, que albergaba a una decena de violadores de derechos, el abanderado de la derecha señaló que "es necesaria una cárcel especial para presos de las Fuerzas Armadas". Piñera, sin embargo, sostuvo que se trata de una decisión que le compete exclusivamente a la presidenta Bachelet, que debe firmar un decreto para ejecutar la clausura.

El cierre de Punta Peuco posiblemente se transforme en un tema de la campaña presidencial, puesto que las elecciones se realizarán el 19 de noviembre próximo. Los abogados de los internos anunciaron que apelarán a que el expresidente Piñera intervenga ante el Ejecutivo para que se postergue la decisión para el próximo Gobierno.