Gracias, Odebrecht

La exposición del sistema de corrupción organizado por Odebrecht es el proceso más relevante que se registra hoy en América Latina. La razón más evidente es su extensión. México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y la Argentina son algunos de los países sacudidos por escándalos asociados a esa compañía brasileña. No haría falta, sin embargo, que la mancha cubriera semejante geografía para que tuviera un alcance regional. Alcanzaría con la tormenta que sigue provocando en Brasil. En el país más gravitante de Sudamérica se desata una crisis dentro de la crisis. Ahora está en duda la continuidad de Michel Temer, quien reemplazó a Dilma Rousseff en agosto del año pasado por un impeachment. En ese momento, Fernando Henrique Cardoso describió al Gobierno que surgía como "un frágil puente hacia 2018". Afloraron las fisuras.

Temer está herido. Marcelo Odebrecht declaró ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que el presidente le había solicitado para su campaña proselitista. Fue en 2014, cuando secundaba a Rousseff. Los fondos habrían sido recibidos por Eliseu Padilla, el ministro más importante de Brasil. Para el juez Herman Benjamin, encargado de la pesquisa, el caso Odebrecht está demostrando que en el país hubo una apropiación del poder público por el poder privado.

Temer estudia impugnar las declaraciones en su contra. No es para menos. Estas miserias se conocen cuando el rechazo a su gestión subió, entre octubre y febrero, de 51% a 62%. Solo el 10% le aprueba. Son los números que exhibía Rousseff cuando encaró hacia la puerta de salida. Desde esa plataforma, tan endeble, Temer debe liderar la recuperación de una economía cuyo gran decaimiento trasciende las fronteras de Brasil.

La investigación del TSE entraña una paradoja: se abrió por pedido del PSDB, el partido que compitió con Rousseff y Temer en 2014. Esa fuerza es hoy la principal aliada de Temer. Y ya perdió a uno de sus hombres en el poder: nada menos que el canciller, José Serra, quien presentó la renuncia por razones de salud. Su nombre apareció en el expediente de Lava Jato. Un ejemplo inconfundible de somatización. En este contexto, la vida pública brasileña retrocedió, por un instante, en el túnel del tiempo. El jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, declaró que "Brasil es un país a la deriva", que se arriesga a estar gobernado, a partir de 2018, por un populista. Hacía décadas que un militar no se manifestaba en cuestiones políticas. Por suerte, Villas Boas fue piadoso: dijo que no hay condiciones para un golpe, aunque admitió entender a los que lo reclaman.

En este paisaje desalentador naufraga la gran ensoñación de los últimos Gobiernos brasileños: la de una hegemonía regional, que tendría en la Unasur un instrumento diplomático, y cuya coronación sería la instalación del país como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El eclipse de este proyecto es un dato operativo. El 23 de febrero, el argentino Mauricio Macri confesó ante Mariano Rajoy su intención de aprovechar la debilidad de Temer para acelerar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que Brasil siempre fue reticente.

Odebrecht fue clave en el empeño por consolidar el liderazgo de Brasil. Protagonizaría el capítulo empresarial. El oscuro subsuelo de ese plan hace temblar la política de casi todos los países. La revista Veja reveló que Odebrecht financió durante 20 años a la guerrilla colombiana de las FARC. La compañía lo desmiente. Veja insiste. Álvaro Uribe convirtió la acusación en un insumo para su campaña contra los acuerdos de paz: los pecados de Odebrecht serán absueltos porque los colaboradores del terrorismo resultaron indultados. La polémica disimula mal que el Gobierno de Uribe y el de su adversario, Juan Manuel Santos, son sospechosos de haber recibido dinero de Odebrecht.

Macri, en la Argentina, espera que desde Brasil lleguen los nombres de los que se ensuciaron con esa compañía durante los Gobiernos de los Kirchner. Pero, antes de que sean identificados, trascendió que entre los que traficaron los sobornos estaría su primo hermano, Ángelo Calcaterra. Es el titular de Iecsa, compañía familiar asociada con Odebrecht en un soterramiento ferroviario. El inconveniente es que, en junio pasado, el Gobierno de Macri destinó unos 3.000 millones de dólares a Odebrecht y su primo. El decreto fue firmado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Macri estaba de viaje. El Congreso lo rechazó. Y la justicia abrió una investigación. La Argentina es disonante. En los demás países se suspendieron los contratos de Odebrecht.

El escándalo tiene, sin embargo, una derivación alentadora. Promueve reformas para mejorar los estándares éticos de las contrataciones. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski propuso al Congreso iniciativas para declarar la "muerte civil" de los funcionarios corruptos. Macri anunció un proyecto para penalizar a los empresarios que sobornan. Mientras tanto, el juez Sérgio Moro, ángel exterminador de Curitiba, recorre la región. Ya participó en Lima en un seminario sobre ética. Y en abril estará en Buenos Aires, invitado por el Colegio de Abogados. Son los frutos saludables de una planta envenenada. Ya es inocultable que la corrupción es la principal enfermedad latinoamericana. Gracias, Odebrecht.