Entre la zozobra y la esperanza

El caso Lava Jato impacta ya sobre más de 40 países según ha hecho saber el Ministerio Público Federal de Brasil. Como se sabe, el caso específico de Odebrecht salpica y arrastra ya a presidentes en funciones, expresidentes, ministros y exministros de una decena de países latinoamericanos.

En Brasil, procesos investigatorios tocan ya al propio presidente Temer, al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al presidente del Senado, Renán Calheiros, a exministros y al propio expresidente Lula.

En el Perú están en la picota los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala (y su esposa, Nadine Heredia). El primero enfrentando el pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva y los segundos están sujetos a una investigación preliminar. Un exviceministro de Alan García, por su lado, está ya detenido y ha ofrecido prestar "colaboración eficaz" (es decir, información) a la justicia en algo que muchos estiman podría salpicar al propio García.

En Colombia las recientes revelaciones por el fiscal general del supuesto aporte de Odebrecht a las campañas electorales presidenciales de 2014 ha abierto una situación que, como se ha dicho un medio de ese país, ha "caldeado" la política colombiana

Este panorama es desolador. Que haya investigaciones, serias sospechas o indicios sobre quienes han desempeñado altas funciones públicas porque fueron elegidos democráticamente hace saltar a la vista tres constataciones.

Lo primero, la erosión en la legitimidad de la autoridad. Desde antes de estas revelaciones el descreimiento de la ciudadanía en la autoridad era ya un serio problema. De acuerdo con los estudios de Latinobarómetro, la confianza ciudadana en las instituciones de la democracia (Gobierno, partidos, Congreso y poder judicial) no supera los 4 de cada 10 latinoamericanos. Grave que con elecciones democráticas, en paralelo los mismos electores manifiesten que no creen en esa autoridad ni en la palabra oficial.

Lo que viene ocurriendo ahora acentuará esta desconfianza y afianzará la tesis catastrofista de que "todos son corruptos". Los efectos en el mediano y largo plazo están aún por verse pero no serán buenos. Es ostensiblemente difícil estructurar proyectos nacionales de desarrollo y de estabilidad interna cuando se está erosionado el respeto a la autoridad. Urgente que surjan proyectos políticos que tengan como una de sus vigas maestras el enfrentamiento a la corrupción, como fue el caso del Gobierno de transición de Paniagua en Perú (2000-2001).

Lo segundo es que en esta dinámica de diarias revelaciones explosivas no están todos los que deberían estar en la atención de la justicia y los medios. A ratos parecería que la corrupción está solo sobre la espalda de quienes han desempeñado o desempeñan una función pública. A veces se soslaya que donde hay corruptos hay corruptores.

Cierto que varios grandes capitanes —como Marcelo Odebrecht— ya están siendo sancionados por la justicia. Pero las responsabilidades pueden estar no solo en quienes hicieron los pagos irregulares. ¿Pasividad en las empresas auditoras privadas que no los vieron ni detectaron? Debería ponerse sobre el tapete la urgencia de transparentar no solo el manejo de los recursos públicos sino de las empresas que contratan con el Estado.

Lo tercero, un notable ingrediente de esperanza: cooperación internacional y fiscalías y sistemas judiciales de varios países que han entrado a tallar. En casi todos los casos son demostración viva de independencia frente al poder político, a contracorriente de una historia de sujeción al poder de turno. Debe velarse, por cierto, por el correcto respeto a las reglas del debido proceso corrigiéndose en lo que podrían haber errado.

La cooperación internacional sobre movimientos de cuentas bancarias proporcionada por Suiza, Reino Unido o Estados Unidos está poniendo sobre el tapete muchas pistolas humeantes para investigaciones ya en marcha en algunos de nuestros países. Una especie de transnacional anticorrupción se estaría, así, poniendo en acción.