Perú crea una comisión de fiscales para investigar la trama Odebrecht
La constructora brasileña pagó sobornos a altos cargos para hacerse con contratos de obras públicas
El fiscal de Perú, Pablo Sánchez, informó el lunes de la creación de un equipo especial de fiscales para investigar la trama corrupta de Odebrecht, en la que la constructora brasileña pagó sobornos a altos cargos para hacerse con contratos de obras públicas. Las tareas de la comisión empezaron en noviembre, antes de que la empresa comenzara a delatar a sus cómplices en todo el continente. Por ahora seguirá trabajando en secreto para evitar intromisiones.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, declaró el lunes en la ceremonia de inauguración del año judicial: “Estamos ante un caso de megacorrupción que abarcaría un periodo de 15 años. El Poder Judicial se va a preparar para estar a la altura de las circunstancias”. Pero luego advirtió: “Solo si las pruebas de la acusación destruyen la presunción de inocencia habrá condena, pero si las pruebas son insuficientes habrá absolución”. Presente en el evento, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, hizo eco de esas palabras: “Tenemos que ser implacables contra la corrupción, pero tenemos que tener el debido proceso, no se juzga a través de la prensa, tenemos que tener un poder Judicial bien administrado y objetivo”.
Pablo Sánchez afirmó que la Fiscalía no se opondrá a otras investigaciones sobre el caso, como la que iniciará una comisión del Parlamento peruano. En las últimas semanas, varias críticos aseguraron que hay un alto riesgo de que los congresistas que la integran hagan prevalecer sus intereses políticos, e incluso obstruyan el avance de la investigación.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro reveló que la información de las coimas está disfrazada con seudónimos y que fue registrada en Suiza, en un sistema informático muy sofisticado, que aún no ha podido ser decodificado. El trabajo ahora consistirá en “descubrir quiénes están detrás de los seudónimos, así como establecer la ruta del dinero”, afirmó.
A pesar del hermetismo, algunos nombres ya se conocieron. Una investigación del diario La República reveló que el encargado de repartir los sobornos confesados por Marcelo Odebrecht a la justicia estadounidense fue el empresario Gonzalo Monteverde. Él y un grupo de colaboradores habrían sido quienes crearon un entramado de empresas fachada que permitió blanquear los dineros. En estos delitos estarían implicados funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Nuevas revelaciones
El propio fiscal anticorrupción abrió un frente inesperado. Éste no tiene que ver con Odebrecht, sino con Camargo Correa, otra constructora brasileña que operó en Perú y es parte del caso Lava Jato. Se estima que en los últimos años, habría depositado seis millones de dólares en coimas, para obtener beneficios en la construcción de un tramo de la Carretera Interoceánica. Al menos 91.000 dólares ingresaron por adelantado a una cuenta del empresario Joseph Maiman, estrecho amigo del expresidente Alejandro Toledo (ambos están implicados en otro juicio por millonarias adquisiciones de inmuebles). Según Castro, también se pudo confirmar el pago ilícito de Camargo Correa a un exministro de Vivienda.
Luego de la conferencia, Odebrecht publicó un comunicado de prensa en el que reiteró “su compromiso y cooperación con las investigaciones en curso”. Se sabe que ya se produjeron los primeros acercamientos entre la empresa y la fiscalía, para la entrega de información valiosa que acelere las investigaciones. Hace unos días se conoció un documento en el que el director de la empresa en Perú, Mauricio Cruz, manifestaba su deseo de cooperar con la justicia. Como parte de las negociaciones, la justicia evalúa un adelanto del pago de las ganancias ilícitas obtenidas en el período investigado. A Odebrecht le interesa alcanzar un acuerdo, siempre que se le permita seguir funcionando en el país. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció recientemente una modificación de la Ley de Contrataciones, que impedirá que el Estado mantenga tratos con compañías corruptas
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