Miles de chilenos protestan contra el sistema de pensiones impuesto por Pinochet

Miles de chilenos se manifestaron hoy en las principales ciudades del país para exigir el fin del sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.

Según los organizadores, las marchas, que se realizaron de forma pacífica en 50 ciudades y 250 municipios, reunieron a más de un millón de personas en todo el país y más de 600.000 en Santiago, si bien el cuerpo de Carabineros cifró la concurrencia en la capital en 80.000.

"La voluntad de la ciudadanía, la voluntad del pueblo, termina barriendo con la intransigencia de quienes se oponen a la petición, y este clamor que hacemos con mucha humildad, pero con mucha fuerza también", declaró el coordinador del movimiento ciudadano No+AFP, Luis Mesina.

Desde hace 25 años, los ciudadanos chilenos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Actualmente, el 90% de los jubilados de Chile reciben pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país sudamericano, según un informe publicado por la Fundación Sol.

Esto representa entre un tercio y la mitad de los ingresos que recibían los pensionistas durante su vida laboral.

"AFP: jubilación de hambre", "Queremos pensiones dignas y no más migajas" o "Las AFP deben morir para que los jubilados puedan vivir", son algunas de las frases que se podían leer en las distintas pancartas que llevaban los manifestantes que desfilaron por las calles de la capital.

Los manifestantes llegaron a la céntrica plaza Italia antes de las 11.00 hora local (14.00 GMT), desde donde comenzaron a caminar por la avenida Alameda en dirección a la plaza Los Héroes.

Al final del recorrido, los portavoces del movimiento ciudadano No+AFP subieron al escenario para celebrar la convocatoria de la movilización, que superó sus expectativas.

"Somos los que hoy juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales (de jubilación) dejen de estar al servicio de los grupos económicos y se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores", expresó Mesina durante su discurso.

La pensión que reciben los actuales trabajadores chilenos cuando se jubilan está determinada por la fluctuación de los mercados y el rendimiento de los fondos que los asalariados depositan mensualmente en las AFP, que representa el 10 % de su sueldo.

Los ahorros de los jubilados chilenos superaron en mayo de este año los 171.000 millones de dólares, una suma que es puesta a disposición de entidades financieras que lo reinvierten en empresas chilenas.

Ello convierte a las AFP en empresas rentables que, según una investigación publicada por la Fundación Sol, durante los primeros diez meses de 2015 aumentaron sus ganancias en un 71,4 %.

Las manifestaciones contra este sistema, que según el movimiento No+AFP "ahoga a los ciudadanos", se repitieron en más de medio centenar de ciudades del país, incluidas Arica, San Antonio, Temuco, Coyhaique, Talca o Punta Arenas.

"Estamos muy contentos, muy satisfechos, hemos tenido una manifestación ciudadana absolutamente pacífica (...) Chile despertó y el Gobierno debe escucharnos de una buena vez", declaró hoy la representante de No+AFP Carolina Espinoza.

Mesina aseguró que si el Gobierno no escucha los llamados de la ciudadanía, se convocará a un paro nacional para el próximo 4 de noviembre.

"Llamamos a prepararnos para múltiples actividades y acciones de aquí al 4 de noviembre, fecha en la que deberemos hacer sentir toda la fuerza de nuestro movimiento. Si no se nos quiere escuchar, entonces la paralización de todo el territorio nacional será inevitable", manifestó.

Esta fue la segunda marcha nacional convocada por la plataforma en Chile en menos de un mes. La primera se realizó el 24 de julio y reunió a más de 750.000 personas en todo el país.

La masiva manifestación logró poner el tema de las pensiones en la primera plana de la agenda nacional, lo que llevó a la presidenta, Michelle Bachelet, a anunciar una serie de medidas para mejorar el sistema.