La muerte de menores a cargo del Estado enciende el Congreso chileno

Con un ambiente acalorado, que incluyó un desalojo de las tribunas del Congreso y un garabato con micrófono abierto de parte de un congresista, este martes la Cámara de Diputados chilena ha interpelado a la titular de Justicia, Javiera Blanco, por diversos escándalos que han explotado en los últimos meses y que involucran a su ministerio. El asunto de mayor complejidad tiene relación con la muerte niños y niñas a cargo el Servicio Nacional de Menores (SENAME), un organismo dependiente del Estado que se hace cargo de los casos de extrema vulnerabilidad. De acuerdo al diputado independiente René Saffirio, que en el hemiciclo ha anunciado este martes una acusación constitucional contra Blanco, desde 2005 a la fecha han fallecido 477 niños y adolescentes, que incluyen a residentes en centros de protección y los menores que infringieron la ley.

El parlamentario busca la destitución de Blanco, cuya continuidad en el gabinete está en entredicho, pese a contar con el apoyo de la presidenta Michelle Bachelet. “Hay 15.000 niños que lo están pasando mal porque el Estado no se ha hecho cargo”, ha señalado Saffirio, que criticó a la ministra por las cifras poco específicas que ha entregado al Parlamento. Aunque en un primer momento Blanco había señalado que los decesos en el SENAME llegaban a 185 desde 2005, un informe de Unicef señaló que solo en 2010 los casos llegaban a 75. Luego de la denuncia del diputado Saffirio, que elevó la cifra a 477, la ministra se ha negado a especificar la cantidad de muertes. “No voy a entregar una cifra irresponsablemente, por respeto a las familias”, indicó el martes en el Congreso. De acuerdo a Blanco, es primera vez que el Estado hace esa contabilización.

Arropada por los cuatro principales ministros políticos de la presidenta, la ministra llegó al Congreso con sede en la ciudad de Valparaíso y respondió las preguntas a cargo de la diputada Marcela Sabat, del partido de derecha Renovación Nacional (RN). En las tres horas de interpelación –una facultad constitucional del Parlamento para fiscalizar a los ministros–, la líder de Justicia intentó hacer frente a diferentes polémicas que han marcado sus últimos meses de gestión. Junto con los conflictos que la enfrentan a diferentes grupos de sindicatos, uno de los escándalos involucra al socialista Osvaldo Andrade, el presidente de la Cámara de Diputados que esta tarde dirigió la sesión de interpelación contra Blanco.

 A comienzos de julio se conoció que la exesposa de Andrade, la periodista Myriam Olate, se jubiló de Gendarmería con una pensión equivalente a unos 7.900 dólares mensuales. La institución de prisiones del Estado tiene un sistema diferente al del resto de los chilenos: al igual que las Fuerzas Armadas, para calcular la jubilación mensual de sus funcionarios se obtiene el promedio de sus últimos sueldos. Las remuneraciones de Olate, sin embargo, habían aumentado considerablemente en los últimos 16 meses en Gendarmería, por lo que actualmente es investigada por su presunta participación en el delito de fraude al Fisco. En un país donde el 50% de los trabajadores que cotizaron entre 25 y 33 años se jubilan con menos de un 22% de su sueldo de la última década, la situación de Olate provocó irritación colectiva y desencadenó protestas ciudadanas contra el sistema de pensiones.

La nueva crisis del SENAME, un organismo que hace año está en tela de juicio por su papel en la protección de los menores, se desató en abril pasado luego de la muerte de Lissette Villa Poblete, de 11 años. Residente en el centro Galvarino de Estación Central, la niña estaba a cargo de personal sin estudios superiores y sin experiencia en casos de crisis, por lo que no pudieron socorrerla cuando se golpeó en la cabeza y comenzó a sangrar. La madre de Lissette, que estuvo desde los cinco años a cargo del Estado por orden de la Justicia, interpuso una querella por cuasidelito de homicidio. El escándalo supuso la remoción de la directora del SENAME, Marcela Labraña, que indicó que la niña había muerto a causa de una crisis emocional. Desde hace cuatro meses, la situación de los menores vulnerables en Chile no ha dejado de marcar del debate nacional.