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Ni por todo el oro del mundo

Dieciséis familias mexicanas se niegan a dejar sus casas en una zona de explotación minera en Zacatecas

La iglesia de Salaverna ha sido cerrada porque está a punto de derrumbarse.
La iglesia de Salaverna ha sido cerrada porque está a punto de derrumbarse.Oswaldo Ramírez

Roberto de la Rosa contempla su casa: una construcción de muros anchos y grietas en el techo que por varias generaciones ha pertenecido a su familia. En la sala, frente a una imagen del mítico héroe revolucionario Emiliano Zapata, dice que él no abandonará sus raíces por nada en el mundo. Esos muros desgastados resguardan la historia de un hombre que desde hace seis años lucha contra un consorcio que quiere explotar una mina a cielo abierto en el terreno donde está asentada su casa y la de sus vecinos.

Él vive en Salaverna, una comunidad apostada sobre un terreno montañoso del municipio de Mazapil, ubicado en el noreste del Estado de Zacatecas. Ahí la empresa Tayahua en asociación con Frisco —una compañía de Carlos Slim, el hombre más rico de México— emprendió en 2010 un proyecto minero-metalúrgico que extraería el mineral mediante minado a cielo abierto con una inversión de 45 millones de dólares.

El conflicto entre la comunidad y la minera comenzó a finales de 2010 cuando recibieron las primeras visitas de los miembros de la compañía que intentaban convencerlos de desalojar el terreno, cuenta don Roberto, delegado municipal. La empresa les ofrecía reubicarlos a un nuevo fraccionamiento construido exclusivamente para ellos porque en el subsuelo de Salaverna había una falla sísmica que representaba un riesgo para su vida.

La mayor parte de las 120 familias se resistieron a aceptar el trato y la minera continuó con el trabajo subterráneo, que implicaba detonaciones tres veces al día. En diciembre de 2012 una parte del cerro donde están apostadas las casas se desgajó y se vieron afectados un par de vecinos. Casualmente ese día gente de la empresa llegó a contarles que el nuevo fraccionamiento, ubicado a 5 kilómetros de ahí, estaba casi listo para su inauguración. Los opositores al proyecto están convencidos que el desprendimiento ocurrió por las detonaciones que hace la empresa con la finalidad de infundirles temor.

"Muchos por el miedo de que sus casas se fueran a hundir se fueron, pero otros aceptaron porque se deslumbraron. Nunca había visto esas casas con regadera, vitropiso (piso de cerámica), como en las ciudades. Entonces se fueron como 50 familias", explica Celestino Guevara, otro de los habitantes que se resisten a dejar su propiedad.

La compañía cuenta con la declaración de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente que les autoriza trabajar en la zona y posee la concesión para explotar unas 300 hectáreas. Sin embargo no ha podido desalojar a las 16 familias porque estas poseen títulos agrarios que amparan la propiedad de sus parcelas.

Roberto de la Rosa encabeza el movimiento de familias que se resisten a dejar Salaverna.
Roberto de la Rosa encabeza el movimiento de familias que se resisten a dejar Salaverna.Oswaldo Ramírez

Un pueblo fantasma

Al caminar por las veredas de Salaverna se observan decenas de casas derruidas que dan la sensación de un pueblo abandonado. Son los restos de las viviendas que fueron vendidas a la empresa y que ésta pulverizó. La iglesia ha sido cerrada porque está atravesada por una enorme grieta, en la primaria ya no hay clases y los servicios que ofrecía la clínica médica fueron trasladados al nuevo Salaverna.

—Ese era un cine hace muchos años, luego lo hicimos un auditorio —señala don Roberto mientras camina entre los escombros del inmueble sin techo.

Más arriba está la única tienda de la localidad. Emilia Torres, la dueña del comercio, dice que aunque su tienda está a punto de extinguirse por las escasas ventas, no dejará Salaverna. “Dicen que allá es una colonia moderna, pero yo no vivo de lo moderno, si yo ahorita no tengo para comer, voy y mato una gallina y se las cocino en una fogata allá afuera a mis hijos, y allá abajo no te dejan tener animales ni prender lumbre en la calle. Yo aquí tengo cochinos, conejos y palomas porque esta es nuestra forma de vivir”, expresa.

Celestino Guevara tampoco se marchará. En Salaverna hay muchas personas como él que poseen casas de 50 metros de largo y 50 de ancho. En el nuevo fraccionamiento las viviendas son de 8 y 12 metros. “Yo aquí no molesto a ningún vecino porque mi casa está separada de la de él, allá viven juntitos los unos a los otros”, afirma.

En el nuevo Salaverna, Refugio –una anciana de 90 años y arrugas pronunciadas- está sentada afuera de una vivienda de colores pálidos. Su nuera dice que ahí se la pasa todo el día. “Está deprimida, desde que nos vinimos para acá, no tiene mucho que hacer. Allá se la pasaba todo el día caminando por el monte o alimentando a los animalitos”. Otra vecina, quien atiende una tienda de abarrotes, dice que ella está conforme con su casa. “Acá tenemos una escuela nueva, nos hicieron una iglesia y las calles están pavimentadas”, dice.

Terreno que vale oro

Zacatecas es un Estado tradicionalmente minero y esta actividad es uno de los principales pilares del desarrollo económico de la región. Desde la época de la colonia se han explotado importantes yacimientos de cobre, oro y plata. Actualmente el 40% del territorio está concesionado.

Uno de las regiones mineras más importantes está en Mazapil (22.000 habitantes), a donde pertenece Salaverna. El municipio fue el mayor productor de oro y plata durante 2014, según el último informe de la Cámara Minera de México.

El alcalde de Mazapil, Vicente Pérez Esquivel, cuenta que Salaverna se formó como un centro de población para los empleados que trabajaban en el ejido Terminal de Providencia –donde están las instalaciones de la mina- y con el paso de los años estudios geológicos fueron encontrado que el yacimiento minero daba hacia donde está ubicado Salaverna “El ejido quedó atrapada en ese importante yacimiento”, explica el alcalde.

La actividad minera es uno de los principales ejes económicos del municipio debido a la derrama económica que dejan los empleados y a la mano de obra que contratan. “El primer beneficio es que nos ocupan a una parte de nuestra gente, y pagan un impuesto de su predio. Al año se les cobra un predial de 16 millones de pesos (unos 888.000 dólares). Ese dinero nos ayuda en las necesidades del municipio: servicios públicos, mantenimiento de escuelas o centros de salud”, expone.

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