“No se puede penalizar a miles de usuarios que no delinquen”

Con una sola decisión, el juez Marcel Montalvão, de la ciudad de Lagarto, en Sergipe, logró desagradar al público y a los expertos al ordenar el lunes el bloqueo de WhatsApp en Brasil. Además de provocar la ira de los millones de usuarios de la aplicación de mensajería instantánea, el magistrado recibió fuertes críticas de expertos en derecho de la comunicación y la libertad de expresión en Internet.

La medida, adoptada, según el juez, para tratar de convencer a WhatsApp de que entregue datos de conversaciones que involucrarían a traficantes de drogas objeto de investigación policial, se consideró “desproporcionada”. La decisión de Montalvão llegó, además, en un momento en el que una Comisión Investigación de los Delitos Cibernéticos discutía ayer en la Cámara de los Diputados un paquete de medidas que, en teoría, podrían socavar la neutralidad de Internet ya que se pretende facilitar aún más el bloqueo de webs y aplicaciones por orden judicial.

Flavia Lefèvre, representante del tercer sector en el Comité Gestor de Internet (CGI) en Brasil, explica que la decisión del juez violó el principio de “inimputabilidad de la red”, contemplado en la ley de Marco Civil de Internet y en los principios de gobernanza establecidos en 2009. “Uno no puede penalizar a toda la Red porque entonces está imponiendo una sanción a miles de usuarios que no han cometido ningún delito”, afirma.

Según Lefèvre, este tipo de prácticas “están retrocediendo en todo el mundo”, mientras Estados Unidos y varios países europeos buscan alternativas a la penalización colectiva. “Defendemos que la policía esté preparada para hacer frente a esta nueva realidad, la de los crímenes cometidos en la Red”, dice Lefèvre, que cita, además, la importancia social de WhatsApp, “al servir como uno de los principales medios para notificaciones de emergencia, por ejemplo”.

Lefèvre insiste en subrayar que el CGI no discute la obligatoriedad de que “cualquier empresa que proporcione aplicaciones o contenidos en el país cumpla con la legislación y las órdenes judiciales”, pero hay que tener en cuenta la posibilidad concreta de proporcionar los datos solicitados por las autoridades. WhatsApp, por ejemplo, adopta un sistema de cifrado que, según la empresa, vuelve todos los datos inaccesibles, incluso para sus empleados.

Para Lefèvre, el cifrado de datos es positivo para el usuario, debido a “la tendencia a la vigilancia masiva y a la invasión de la privacidad que existe en la Red”, pero es WhatsApp la que tiene que “demostrar ante al juez que es técnicamente imposible proporcionar esta información”.

Cooperar con la ley

En un comunicado, la empresa afirmó estar “decepcionada” con el bloqueo y aseguró que coopera con las autoridades. “Después de cooperar en toda la extensión de nuestra capacidad con los tribunales brasileños, estamos decepcionados con que un juez de Sergipe haya decidido, una vez más, ordenar el bloqueo de WhatsApp en Brasil”, dice el texto. Más adelante, el comunicado afirmaba que la decisión de Montalvão “castiga a más de 100 millones de brasileños que dependen de nuestro servicio”.

Veridiana Alimonti, coordinadora del colectivo ONG Intervozes, que trabaja con cuestiones relativas al derecho a la información y el monopolio de los medios, aseguró que “las operadoras no pueden verse obligadas a bloquear el acceso a una determinada aplicación”, ya que no serían partes involucradas en el proceso. “Esto ya se está convirtiendo en recurrente en el país, y es pésimo para la fiabilidad de Internet”, afirmó.

Para Alimonti, “en el caso de actos ilícitos cometidos en la Red, la sanción debe ser contra el usuario específico”. La coordinadora citó también el Marco Civil de Internet y afirmó que el código “prevé que se retire del aire un contenido específico, pero no la Red entera. Imagine si Gmail se niega a entregar un dato específico de uno de sus usuarios”.