Un testigo protegido da un giro al caso Iguala e implica a la Policía Federal

La hoguera en la que México arde desde la noche del 26 de septiembre de 2014 está destinada a no apagarse nunca. La reconstrucción del secuestro y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aún ofrece zonas ciegas y sorprendentes bifurcaciones. La última puerta la ha abierto, gracias a un testigo protegido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En una inesperada vuelta de tuerca, el presidente de este organismo público ha presentado una línea de investigación que implica en la matanza a la Policía Federal, pide revisar el papel del Ejército, ofrece nuevas escenarios para las desapariciones y aporta un tenebroso e inédito personaje a la trama: un líder criminal llamado El Patrón.

Las revelaciones parten de un testigo presencial que no participó en los crímenes. Su relato, según la comisión, ha sido corroborado por “diversas pruebas” y se centra en uno de los tres autobuses implicados en la tragedia: el Estrella de Oro 1531. Un transporte que la Policía Municipal de Iguala, embarcada aquella noche en una feroz persecución de los normalistas, detuvo a balazos junto al Puente del Chipote. Dentro iban de 15 a 20 estudiantes, entre ellos, Alexander Venancio Mora, la única víctima cuyos restos han sido identificados hasta la fecha.

Rodeados por los agentes, los normalistas evitaron bajar del autobús. Pero la fuerza pudo más. A golpes y con gases lacrimógenos fueron sometidos. Una vez en el asfalto, les pusieron boca abajo y los esposaron. Fue entonces cuando los policías se dieron cuenta de que no tenían coches suficientes para transportarlos y pidieron apoyo a los agentes de la localidad de Huitzuco (16.000 habitantes). Acudieron tres patrullas. Cuando estaban subiendo a los normalistas en los coches, hicieron su aparición dos unidades de la Policía Federal, una fuerza que depende del Gobierno central. Se inició entonces una macabra discusión. ¿Qué hacer con los estudiantes? “Por consenso”, según el relato de la comisión, decidieron conducirles ante un extraño personaje llamado El Patrón, posiblemente un cabecilla del sanguinario cártel de Guerreros Unidos, para que decidiese su destino. Las patrullas municipales de Huitzuco se los llevaron. Fue la última vez que se les vio con vida.

Lo que ocurrió después es un misterio. La investigación no aclara si los detenidos fueron agrupados con el resto de normalistas capturados en Iguala y entregados al cártel de Guerreros Unidos para su eliminación. Pero, en cualquier caso, esta versión ofrece un ángulo inédito de aquella noche. Y por ello mismo viene cargada de dinamita. ¿Cómo es posible que hasta la fecha no se hayan conocido estos detalles? ¿Ni que Huitzuco figurase en la geografía del crimen? La misma CNDH sostiene que sus pesquisas han sido obstaculizadas y que las empresas que deberían haber informado ocultaron los hechos a la fiscalía y encubrieron a los criminales.

Un testigo protegido da un giro al caso Iguala e implica a la Policía Federal

Pero la onda expansiva va mucho más allá de una nueva fisura en la “verdad histórica”, como denominó a su versión el anterior procurador general. Las implicaciones de esta reconstrucción, aunque no sean incompatibles con la hipótesis oficial del asesinato y quema en el basurero de Cocula, amenazan con abrir una nueva crisis de confianza. La presunta participación de la Policía Federal no sólo pone en entredicho a este cuerpo, sino a sus superiores políticos. Tras un año y medio de investigaciones, es difícil entender cómo no se llegó antes a determinar la participación de sus agentes. Y en el mismo brete queda el Ejército. Cómo recuerda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está demostrado que al menos un militar acudió esa noche al Puente del Chipote, presenció el enfrentamiento con los agentes y tomó cuatro fotografías. ¿Por qué no hicieron nada?

Con la Policía Federal y el Ejército salpicados, el fuego de la polémica ha vuelto a prender. La Procuraduría General de la República se apresuró a asegurar que investigará hasta el último detalle y que el testigo ha quedado bajo protección federal. Pero, como ya es una constante con el caso Iguala, su destilado de muerte y corrupción ha vuelto a despertar el escepticismo y a confrontar a México con sus peores espectros. “Lo sucedido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituye la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones criminales en nuestro país”, afirmó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. La hoguera, hasta nuevo aviso, sigue ardiendo.