Los mexicanos confían en que disminuya la corrupción

Los mexicanos tienen esperanzas en que el Sistema Nacional Anticorrupción acabe con un mal endémico que le cuesta al país cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Un estudio elaborado por la Cámara de Diputados revela que el 72% de los ciudadanos avala el sistema que imperará en México una vez que se aprueben las leyes secundarias que le darán sentido a las reformas constitucionales desahogadas hace casi un año en el Senado. 

El documento elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del legislativo mexicano indica que la mitad de los ciudadanos consultados cree que el nuevo sistema disminuirá la corrupción. Para que funcione correctamente, ocho de cada diez propuso que se sancionen actos ilícitos tanto de funcionarios públicos como de particulares. El 75% consideró que se debe contar con un comité de participación ciudadana integrado por personas destacadas por su empuje en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

México es el país más corrupto de los 34 que integran la OCDE. Los escándalos en la opinión pública como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cuestionada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y las acusaciones contra algunos gobernantes de los Estados por señalamientos de enriquecimiento ilícito, no han permitido que el país avance ni que mejore la percepción de los mexicanos sobre el tema, pese a que ya fue avalado el Sistema Nacional Anticorrupción, señala el Índice de la Corrupción 2015 elaborado por Transparencia Internacional.

Un estudio elaborado por la Cámara de Diputados revela que el 72% de los ciudadanos avala el Sistema Nacional Anticorrupción

El 21 abril del año pasado los senadores aprobaron la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El marco legal crea mecanismos para detectar, sancionar y denunciar a cualquier servidor público que sea partícipe de corruptelas y brinda facultades para castigar a particulares que cometan conductas ilegales. Obliga a los funcionarios a entregar sus declaraciones patrimoniales y de intereses (aunque no a hacerles públicas) y fortalece a la Auditoría Superior de la Federación –el máximo órgano fiscalizador- para que audite en tiempo real el dinero público. Actualmente los resultados de sus revisiones concluyen un año después de que los recursos fueron desviados.

Para que el Sistema Nacional Anticorrupción comience a operar se necesita la aprobación de al menos cinco leyes secundarias. A finales de mayo vence el plazo para desahogar estas normas, sin embargo algunos legisladores han adelantado que tal vez no quede listo el ordenamiento pues el periodo de sesiones concluye el último día de abril. Tienen menos de un mes para lograrlo y no se ponen de acuerdo en la normatividad que habrá de acompañar la reforma constitucional.

La encuesta realizada por la Cámara de Diputados desvela que el 93% considera que existe mucha o algo de corrupción en su país. El 61% cree que el Gobierno ha tenido poco o nada de éxito en combatirla. Para Transparencia Mexicana es el impuesto más regresivo en México y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales que garantizan el desarrollo, como la salud, la educación, la seguridad y la justicia. La solución para acabar con este problema no está solamente en el Sistema Anticorrupción, afirma la organización. El país debe avanzar en una agenda legislativa más ambiciosa, debe aplicar con efectividad la ley antilavado y se debe garantizar la independencia de los jueces.