¿Obama, el deportador?

Hace un año Barack Obama dio un paso controversial: haciendo uso de su autoridad ejecutiva y actuando contra la voluntad del Congreso, hizo elegibles para un permiso temporal de residencia y trabajo a casi la mitad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en EE UU. Sus adversarios reaccionaron con furia, argumentando que las acciones son ilegales. De hecho, 26 estados demandaron a Obama y lograron suspender temporalmente las medidas.

¿Qué explica entonces que el presidente que se las jugó para amparar a millones de la deportación ordene ahora la expulsión de familias y niños centroamericanos a través de redadas que muchos, incluyendo más de 140 congresistas de su partido, han llamado crueles e innecesarias?

Para ser justos, la Casa Blanca no miente cuando dice que las redadas encajan con su política migratoria. En 2014, cuando anunció las medidas ejecutivas, Obama reveló las nuevas directrices que regirían las deportaciones de indocumentados. Las prioridades serían los criminales y las personas que han entrado ilegalmente al país a partir de 2014. El gobierno dice que las redadas son una simple implementación de esta política. Se está expulsando a centroamericanos que ingresaron durante los pasados dos años y tienen orden de deportación.

El problema es que estas órdenes son engañosas. Parte de la razón que motivó las redadas es el recrudecimiento de la crisis de migrantes centroamericanos: las miles de familias y niños que, escapando la violencia en sus países, han cruzado la frontera buscando refugio en EE UU. Esta crisis, que se inició en 2011 y alcanzó su pico en 2014, había amainado — principalmente porque Washington convenció a México de detener a los centroamericanos antes de que llegaran a la frontera. Pero repuntó a finales de 2015. Sólo en octubre y noviembre 10.500 menores ingresaron a EE UU.

La Casa Blanca no miente cuando dice que las redadas encajan con su política migratoria

¿Qué conecta esta nueva ola de migrantes a las redadas? Ante la amenaza de otra crisis como la de 2014, que abrumó el sistema migratorio de EE UU, Obama decidió enviar un fuerte mensaje a futuros migrantes: si cruzan ilegalmente la frontera serán deportados.

Pero otro factor quizá influyó la decisión del presidente. Poco antes de las redadas, el Congreso aprobó una partida de 750 millones de dólares para ayudar a Honduras, El Salvador y Guatemala a disminuir la violencia, el desempleo y atacar otras causas de fondo de las migraciones. Las redadas son otra manifestación del esfuerzo de Obama para “balancear” su política; dejar claro que así como hay disposición para ayudar a Centroamérica y ofrecer protección legal a millones de indocumentados en EE UU, también hay disposición para expulsar a las personas con orden de deportación. Si el gobierno hace un esfuerzo para regularizar a inmigrantes que cumplen con determinadas condiciones, ¿no se debe aplicar la ley a los que no las cumplen? No castigar a nadie equivaldría a apoyar una política de fronteras abiertas.

Bajo circunstancias normales esta lógica es irrebatible. Pero la crisis de migrantes centroamericanos complica la ecuación. Activistas y ONG aseguran que la amplia mayoría los migrantes de Centroamérica califican para el asilo, pero no reciben adecuada asesoría legal y no cuentan con los recursos ni la educación para demostrarlo ante las autoridades. Por eso muchos son injustamente deportados. La burocracia estadounidense prioriza la deportación de aquellos que ingresaron ilegalmente a partir de 2014. Pero no hace el mismo esfuerzo para identificar a los que merecen asilo y separarlos de los migrantes comunes.

Por otro lado, las redadas no van a desalentar las migraciones. Quien piense lo contrario subestima la desesperación que lleva a muchos migrantes a abandonar sus hogares e iniciar un recorrido a la frontera que los expone a ser robados, extorsionados y violados. ¿Y por qué deciden irse? Porque la alternativa — quedarse — es peor. No hay que olvidar: Honduras, El Salvador y Guatemala están entre los países más violentos del mundo. Las pandillas criminales irrumpen en las escuelas para reclutar menores y los matan si se resisten. Sólo la magnitud de las migraciones debería persuadir hasta el más escéptico. Más de 100 mil niños han cruzado solos la frontera durante los últimos cinco años.

Lo que si logran las redadas es sembrar miedo en los vecindarios hispanos de EE UU. Ya hay reportes de inmigrantes que, por el ruido de las deportaciones, tienen miedo de ir al trabajo o llevar sus hijos a la escuela. Para enviar un mensaje que no tendrá el efecto deseado, el gobierno está atemorizando a comunidades y deportando a personas que merecen protección.

Una oscura ironía asoma al fondo de esta controversia. Si la nueva ola de migrantes se debe al aumento de la violencia en partes de Centroamérica, las familias que no han obtenido asilo podrían volver a lugares donde estarán bajo mucho mayor riesgo que cuando se fueron.

Alejandro Tarre es escritor y periodista. Twitter @alejandrotarre