La revisión constitucional de Hollande fractura la izquierda en Francia

El anuncio era una bomba de relojería y a medida que pasan los días se multiplican las reacciones. La propuesta del presidente francés, François Hollande, de reformar la Constitución para ampliar la retirada de la nacionalidad a los nacidos en Francia con doble nacionalidad condenados por terrorismo ha provocado una ola de indignación entre las filas socialistas y las ONG. El primer ministro, Manuel Valls, salió este lunes de nuevo en defensa de la modificación de la Ley Fundamental instando a “preservar la unidad nacional” frente al terrorismo.

La medida había sido anunciada por el presidente Hollande tres días después de los atentados yihadistas del pasado 13 de noviembre en París, que se cobraron la vida de 130 personas, y fue ratificada la semana pasada por el Consejo de Ministros. El propio Hollande, que no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica, tendrá que encontrar las palabras necesarias para convencer a su propio grupo en su discurso de año nuevo, el jueves.

“Privar de la nacionalidad francesa a quienes matan ciegamente a otros franceses en nombre de una ideología del terror es un importante acto simbólico que sanciona a quienes se han excluido a sí mismos de la comunidad nacional. Nada menos, nada más”, escribió este lunes Valls en una tribuna publicada en su cuenta de Facebook. “Una parte de la izquierda se pierde en nombre de grandes principios y olvida el contexto de estado de guerra”, había declarado la víspera al diario Journal du Dimanche, provocando nuevas reacciones. Y advertía: “La determinación es total, iremos hasta el final”.

El primer ministro salía al paso del creciente número de críticas a una medida que han defendido en el pasado tanto la ultraderecha como la derecha. “Reafirmo firmemente mi oposición” a una medida que “no aportará nada a la lucha contra el terrorismo”, ha declarado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Para la ex primera secretaria del Partido Socialista y alcaldesa de Lille Martine Aubry, supone “una ruptura de la igualdad” entre los ciudadanos que pondría bajo sospecha a “un gran número de franceses que tienen doble nacionalidad”.

El diputado Christian Paul, cabecilla de los conocidos como frondeurs —los diputados socialistas rebeldes que se oponen a la política económica de Hollande—, se sumó este lunes al coro de condenas al estimar “irresponsable” seguir adelante con esta iniciativa que pone en peligro “el pacto republicano”. Significativo es también el silencio del actual secretario general del partido, Jean-Christophe Cambadélis, al que sus allegados consideran también contrario a la medida.

Críticas socialistas

“Hemos elegido mantener la coherencia al precio de arriesgarnos a una ruptura con la izquierda militante”, consideraba Julien Drey, cercano al presidente y antiguo responsable de la asociación SOS Racismo, en el Journal du Dimanche. El exministro de Educación y figura de la izquierda del partido Benoît Hamon denunciaba también la propuesta porque “envía a millones de nuestros conciudadanos el mensaje siguiente: sois franceses de segunda categoría”. “Empezar el mandato con la promesa de otorgar el derecho de voto a los extranjeros en las elecciones locales y terminarlo con la retirada de la nacionalidad a los binacionales..., tal mutación política e intelectual descoloca”, sentencia.

Hollande anunció solemnemente esta medida ante el Congreso (Asamblea Nacional y Senado) reunido extraordinariamente en Versalles tres días después los atentados para prolongar el estado de excepción. Muchos observadores, incluido el propio Drey, esperaban que el Gobierno diera marcha atrás en este asunto tan simbólico como sensible ante las reticencias que provocaba en su propio campo. Pero el mandatario ha preferido mantener su palabra ante el Congreso y la medida se ha incluido finalmente en la reforma constitucional aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada.

Para ser aprobada, esta reforma, que incluye también la incorporación del régimen de estado de excepción a la Ley Fundamental, debe ser aprobada por los tres quintos del Parlamento. Se empezará a debatir en la Asamblea Nacional. Aunque solo algunos diputados socialistas han declarado abiertamente que votarán en contra, según ha asegurado el diputado Bernard Roman, cercano a Hollande, al digital de L’Obs, “cerca del 80% de los diputados socialistas está en contra”. El grupo parlamentario socialista, de hecho, ha enviado un argumentario de tres páginas al conjunto de sus miembros para convencerles de los fundamentos de la propuesta. En él recuerda un dato significativo: el 95% de los franceses estarían a favor, según un sondeo del instituto Ifop apenas una semana después de los atentados.

Pero pasada la conmoción provocada por los ataques, las voces críticas suenan igual de virulentas fuera del ámbito político. El economista Thomas Piketty considera así que “a la incompetencia económica, el Gobierno añade la infamia”. En una dura tribuna publicada este lunes en el diario Libération, el presidente de la asociación SOS Racismo, Dominique Sopo, pregunta directamente a Hollande si no se avergüenza de este regalo al partido de la extrema derecha, el Frente Nacional de Marine Le Pen.