Los atentados anarquistas desatan la inquietud en el Gobierno chileno

El bombazo que estalló el lunes en un centro comercial cercano a una estación de metro de Santiago, la capital de Chile, y que provocó heridas de diversa gravedad a 14 personas, se ha convertido en la prioridad del Gobierno de Michelle Bachelet. “Lo que ha sucedido es horrible, abominable, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro”, señaló la presidenta después del atentado, el más grave de este tipo desde el regreso de la democracia en 1990.

El Ejecutivo debutó en marzo pasado, pero se encontraba en alerta desde hacía meses: en 2014, los grupos antisistema han instalado 29 artefactos. Desde que comenzaron a actuar en Chile, en 2005, han instalado 203. El 13 de julio pasado, una bomba explotó por primera vez en una estación de metro, Los Domínicos, pero no causó víctimas. Aunque detonó por la noche y casi no había pasajeros, fue una señal para las autoridades, que entendieron que los autores estaban dispuestos a actuar en lugares públicos con gran afluencia de público. Hasta entonces, los objetivos más frecuentes habían sido cajeros automáticos, y siempre de madrugada.

El atentado del lunes fue diferente. Dos hombres jóvenes instalaron un extintor con pólvora negra en un basurero del centro comercial subterráneo, ubicado junto a la estación Escuela Militar, donde transitan entre 120.000 y 150.000 personas a diario. El mecanismo estaba asociado a un sistema de relojería y estalló a las dos de la tarde, en pleno horario de comida. Dos heridos se encuentran graves, una empleada de la limpieza perdió parte de la mano derecha y un informático venezolano tuvo que ser operado por una fractura en la pierna. La onda expansiva de la bomba fue lo suficientemente fuerte como para provocar trauma acústico en una docena de personas.

Los grupos antisistema a los que se le atribuyen las acciones tienen un perfil bastante complejo y, pese a que existen pistas, como nombres de algunas personas y de 81 agrupaciones distintas que se han atribuido los ataques, la inteligencia chilena no ha podido adelantarse a sus acciones.

En mayo de 2009, por ejemplo, murió Mauricio Morales: le explotó un artefacto explosivo que iba a instalar cerca de la Escuela de Gendarmería. De 27 años, era un anarquista conocido en los circuitos de casas okupas de Santiago y llevaba un tatuaje con la leyenda Sin dios ni amo. Un nuevo nombre apareció en escena el 2 de junio de 2011: Luciano Pitronello, de 23 años. Le estalló una bomba en las manos, sufrió quemaduras en el 32% del cuerpo quemado, perdió la mano derecha, tres dedos de la izquierda y parte de la visión en un ojo. Fue condenado por portar aparato incendiario, pero se desechó el cargo de terrorista y se le otorgó una pena de seis años, con el privilegio de libertad vigilada. A los 17 años escribía en su blog: “Soy un anarquista de tan sólo 17 años, pero tengo el criterio bien formado para tomar mis decisiones (...) Un ejemplo claro de no estar de acuerdo con las injusticias del mundo es, por ejemplo, estar a favor de los boicots contra empresas que hacen de este mundo una gran injusticia… ejemplo: la COCA-COLA (...) financió la guerra de Irak”. El único que cumple una pena efectiva es el sociólogo Hans Niemeyer, de 41 años, que fue enjuiciado y acusado de fabricar e instalar bombas, aunque los tribunales no acreditaron el delito terrorista. La Justicia lo condenó a 5 años y 300 días después del estallido en un banco el 30 de noviembre de 2011.

Aunque la primera administración de Bachelet (2006-2010) y la del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) realizaron esfuerzos por controlar los ataques, fueron infructuosos. En agosto de 2010, poco después de que un artefacto explotara cerca de la casa de Piñera, la Fiscalía ordenó la detención de personas acusadas de asociación ilícita para el terrorismo, que concluyó con el enjuiciamiento de 11 personas en el llamado Caso bombas. Los tribunales, sin embargo, absolvieron en junio de 2012 a los seis que habían sido inculpados. La Ley Antiterrorista tiene deficiencias y el Ministerio Público, que no tenía en sus manos una investigación sólida, no pudo hacer nada ante la falta de pruebas. Incluso se habló de un montaje que involucraba al Gobierno de Piñera.

El refuerzo de las medidas de seguridad, las querellas del Gobierno, la actuación de las policías y la comisión de expertos que estudia la reformulación de la Ley Antiterrorista no han sido suficientes para impedir el inédito ataque del lunes. Tampoco bastó con la designación de un fiscal exclusivo para investigar la trama: el Ministerio del Interior todavía no concreta la inyección de recursos que comprometió para conformar equipos de investigación.