La fiscalía ordena investigar un caso de presuntas torturas policiales en Grecia

Las sospechas de malos tratos y torturas se ciernen de nuevo sobre la policía griega tras la publicación de unas fotografías de cuatro detenidos por robo con evidentes signos de violencia. La fiscalía de Atenas ha ordenado este lunes una investigación inmediata tras publicarse las imágenes de los detenidos, con edades comprendidas entre 20 y 24 años, y el ministro del Interior, Nikos Dendias, ha prometido “un castigo sin piedad” para los autores si se demuestra que existieron torturas, aunque también ha reconocido que las fotos fueron retocadas mediante un programa informático de edición gráfica “para que estas personas pudieran ser reconocidas”.

Familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado sin embargo que el retoque de las fotografías que aparecen en las cuatro fichas policiales buscaba eliminar signos de violencia. "Las autoridades griegas no pueden borrar con Photoshop sus problemas. Esta cultura de la impunidad debe terminar", ha dicho este lunes Amnistía Internacional en un comunicado.

Las imágenes de los jóvenes, que el viernes presuntamente atracaron dos sucursales bancarias en la región de Kozani (norte), muestran magulladuras y hematomas bien patentes. Mandos policiales aseguraron que los golpes se produjeron durante la detención ya que fue necesario reducir a los jóvenes porque estos se resistieron con violencia. Veinticuatro horas después de que el Ministerio del Interior rechazara las acusaciones de malos tratos, el portavoz del Gobierno, Simos Kedíkoglu, anunció también este lunes sanciones implacables para los presuntos torturadores: “En Grecia no se puede torturar a nadie, pues es un Estado de derecho”.

No obstante, y en referencia a las reclamaciones de transparencia formuladas por Syriza, principal fuerza de oposición, Dendias pidió comprensión para las tareas de la policía, “que debió lidiar con terroristas fuertemente armados”. Los detenidos están acusados de asociación criminal, robos en serie, secuestro, tenencia ilícita de armas, uso de identidades falsas y daños materiales. Izquierda Democrática (Dimar, en sus siglas griegas), el pequeño partido de centroizquierda que participa en la coalición de Gobierno, también ha pedido explicaciones: “El terrorismo es enemigo de la sociedad y de la democracia, pero la democracia no significa venganza. Es necesaria una investigación y una explicación sobre las personas que aparecen deformadas por palizas”.

A dos de los detenidos se les relaciona con el grupo Conspiración de las Células de Fuego, una guerrilla urbana de inspiración antisistema que saltó a la luz en 2009, al hilo de las protestas sociales desencadenadas por el asesinato del joven Alexis Grigoróulos por un policía, y que se consagró en 2010 con una cadena de cartas bomba dirigidas a varias cancillerías europeas, entre ellas la alemana. Al grupo se le vincula con una serie de atentados contra edificios públicos e intereses públicos y privados cometidos en los últimos años, y especialmente en las últimas semanas, como el envío de artefactos caseros a cinco periodistas, el ataque con Kaláshnikov contra la sede de la gubernamental Nueva Democracia y el atentado sin víctimas contra un centro comercial al norte de Atenas, donde explotó una bomba.

El comportamiento presuntamente antidemocrático de la policía griega motivó, el pasado septiembre, un agrio rifirrafe entre Dendias y el periódico británico The Guardian, el primero que informó de presuntas torturas policiales a una quincena de activistas antifascistas que habían participado en una manifestación contra la extrema derecha en Atenas. Dendias anunció en su día una demanda contra el periódico británico, sin que hasta ahora se haya sustanciado. En verano, el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa instó al Gobierno de Atenas a investigar la presunta connivencia de elementos de las fuerzas del orden con agresiones xenófobas cometidas por elementos afines al partido neonazi Aurora Dorada (AD, 18 diputados). Y un alto cargo policial reveló en un vídeo albergado en la web del mismo diario la infiltración sistemática de elementos ultras en el cuerpo, acusación a la que añadieron más leña unas declaraciones posteriores de Dendias sobre la legalidad de que los diputados de AD entrasen armados en el Parlamento –como intentaron hacer ocho de ellos en diciembre- si disponían de licencia de armas. Las dudas sobre la actuación de la policía se multiplicaron a comienzos de enero, cuando dos agentes –uno de ellos precisamente un jefe antinarcóticos provincial- fueron detenidos por proteger presuntamente a una red de traficantes de droga.