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La oposición a Chávez expresa en las calles de Caracas su rechazo a la reforma

La 'marcha de las antorchas' clama contra el deseo del actual presidente de perpetuarse en el poder

Grupos opositores venezolanos han marchado esta noche pacíficamente en Caracas contra la reforma constitucional del presidente, Hugo Chávez, que califican de "ilegal" y "antidemocrática", al buscar con ella perpetuarse en el poder.

Varias decenas de simpatizantes del Comando Nacional de la Resistencia (CNR) han participado en la llamada "marcha de las antorchas", que ha recorrido parte del este de la capital venezuela en rechazo al proyecto de reforma de 69 de los 350 artículos de la Carta Magna de 1999.

El CNR considera "ilegal" el proceso de reforma constitucional y ha llamado a los venezolanos a "salir a la calle" a defender la democracia e impedir la aprobación del proyecto, que será sometido a referendo popular el próximo 2 de diciembre.

El grupo CNR y el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) han llamado a no participar en la consulta popular, postura que no es compartida por los partidos Primero Justicia (PJ-centroderecha) y el Un Nuevo Tiempos (UNT-socialdemócrata), liderado por el gobernador de Zulia y ex candidato presidencial, Manuel Rosales.

El PJ y el UNT han exhortado a la población a asistir a las urnas y votar "no" al proyecto de cambios constitucionales que, dada su magnitud, debió ser asumido por una Asamblea Constituyente, según han dicho los líderes de esos dos partidos políticos.

Un proyecto "revolucionario"

Chávez y sus aliados defienden la reforma con el argumento de que reforzará el proyecto "revolucionario" de instaurar el sistema socialista en Venezuela, quinto exportador mundial de crudo. Pero partidos políticos de oposición, la cúpula empresarial y el Episcopado la rechazan por considerar que "acaba con la democrcia", otorga poderes "imperiales" a Chávez y le "eterniza" en el poder.

Entre los artículos más polémicos del proyecto están la reelección indefinida presidencial y la posibilidad de que el Estado restrinja la información y suspenda el derecho al debido proceso durante los estados de excepción.

La reforma establece un nuevo ordenamiento territorial, una reducción de la jornada laboral a seis horas, y nuevas formas de propiedad, como la comunal, además de la privada, entre otros.