La recuperación del gobernador más odiado

Un aparatoso contingente policial con apoyo militar ha sido movilizado en la ciudad mexicana de Oaxaca, por orden del cuestionado gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a fin de garantizar los actos de la tradicional fiesta de la Guelaguetza que se celebran estos días.

El despliegue pone de relieve la fragilidad de la situación en este Estado, que el año pasado vivió un conflicto interminable, marcado por la violencia y el desgobierno. Ulises Ruiz pretende demostrar que Oaxaca ha recuperado la normalidad, mientras sus detractores no escatiman esfuerzos para desmentirle.

Hace un año, el gobernador parecía abocado a la dimisión. Era un político débil, que no podía salir a la calle. Su Gabinete se reunía a escondidas, las dependencias del Gobierno estaban cerradas al público, Oaxaca era una ciudad intransitable, repleta de barricadas, y la policía estaba acuartelada. La autodenominada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los maestros en huelga habían tomado la capital del Estado ante el vacío de poder. Su lema de presentación era "Va a caer". La APPO radicalizó el movimiento de protesta, que ya no se limita a reivindicaciones laborales.

Hoy el escenario es bien distinto. Ulises Ruiz ha logrado desbaratar todos los intentos para apartarle del poder, y ha fortalecido su posición, al tiempo que la división ha hecho mella en las filas de sus adversarios. El gobernador saca pecho y se mueve envuelto en la arrogancia. Necesitaba transmitir al mundo la imagen de que las aguas han vuelto a su cauce en Oaxaca, y para ello se empleó a fondo en los preparativos de la fiesta más importante, la Guelaguetza, palabra indígena que significa ofrenda. Varios miles de oaxaqueños abarrotaban el lunes el auditorio del Cerro del Fortín, en la capital del Estado, para presenciar las danzas y tradiciones festivas de las distintas comunidades. Era un espectáculo lleno de color, en el que los indios bailaban y dejaban ofrendas a los pies del gobernador o las lanzaban al público.

Pero no todo era tan normal como pretendían las autoridades. La APPO había llamado a boicotear "la Guelaguetza comercial" y reclamaba la fiesta para el pueblo. La semana anterior, una manifestación degeneró en violentos enfrentamientos con la policía, con decenas de heridos y detenidos. El lunes, los accesos del Cerro del Fortín estaban tomados por unidades antidisturbios y entre los asistentes abundaban los funcionarios del Gobierno y los acarreados.

"Esto no tiene nada que ver con la Guelaguetza del pueblo", decía Cástulo López Pacheco, portavoz de la APPO, que a la misma hora convocó una marcha hasta el Zócalo. "Ulises utiliza a los indígenas para sus fines. Aquí está el verdadero pueblo de Oaxaca", proclamaba uno de los oradores. Pero los concentrados en la plaza no superaban los 5.000. El hartazgo de un conflicto tan largo ha hecho mella no sólo en el ciudadano común, sino también en los protagonistas principales, es decir, los maestros y los militantes de la APPO.

La salida de Ulises Ruiz del Gobierno de Oaxaca sigue siendo la demanda número uno de un movimiento de protesta maltrecho. La libertad de los líderes y militantes de la APPO encarcelados, el castigo a los responsables de las 25 muertes violentas del año pasado y la indemnización a los familiares de las víctimas, son otros puntos prioritarios en la lista de reivindicaciones. Aquí termina el consenso.

Más allá de las cuestiones puntuales, las organizaciones que integran la APPO discrepan sobre los objetivos de largo plazo. López Pacheco pone el énfasis en una política de desarrollo que permita resolver las demandas de las comunidades y construir una línea democrática de autogobierno. Desde una perspectiva más radical, un líder estudiantil de la Facultad de Derecho urgía el lunes a los concentrados en el Zócalo a "construir los soviets en las regiones".

En un mes, los oaxaqueños tienen una cita importante en las urnas para renovar el Congreso estatal, actualmente en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del gobernador Ruiz, y en octubre habrá elecciones en los 570 municipios del Estado. La APPO sólo ha sido capaz de ponerse de acuerdo en un punto: "Ningún voto al PRI y al PAN [Partido de Acción Nacional]". Antes, la Corte Suprema se pronunciará a finales de mes sobre las denuncias contra Ulises Ruiz por graves violaciones de derechos humanos.

Hace unos meses, nadie hubiera dudado que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, fuera el gran beneficiado del conflicto de Oaxaca. De hecho, en las elecciones presidenciales del 2 de julio el Estado dejó de ser un bastión tradicional del PRI. Andrés Manuel López Obrador ganó ampliamente la elección, y el PRD obtuvo nueve de los 11 diputados federales y los dos senadores en disputa. Hoy, las encuestas auguran una recuperación del PRI y del PAN y un descalabro perredista, a pesar de que las razones de fondo que propiciaron la revuelta, el enorme atraso de gran parte de los oaxaqueños, permanecen inmutables.