La Audiencia de Madrid dicta una primera resolución contra la creación de una macrocausa en el ‘caso residencias’

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han arrojado un jarro de agua fría a la idea de crear una macrocausa en el caso residencias, que desde hace seis años ha sido investigado por decenas de jueces. Los togados de la sección número 16 han ordenado a una jueza de instrucción que continúe instruyendo por su cuenta después de que esta pidiera remitir su caso a una compañera, según una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Este conflicto, hasta ahora desconocido, es independiente del recurso que presentaron las familias de los fallecidos en septiembre para conseguir ese mismo fin y que aún no ha resuelto la sección número 1.

Esta decisión se ha conocido antes del auto de la sección 1, en el que las familias han puesto sus esperanzas para transformar radicalmente el caso por las muertes sin atención hospitalaria de la pandemia. Las asociaciones de familiares sostienen que todos los procedimientos tienen en común una serie de decisiones políticas de la Comunidad de Madrid que causaron la discriminación en el acceso a la sanidad a las personas que vivían en una residencia de mayores (los protocolos de triaje que limitaron las hospitalizaciones, la falta de medicalización de las residencias y la falta de derivación al hospital de campaña de Ifema o a los hospitales privados).

La idea de crear una macrocausa solo surgió el año pasado cuando los jueces comenzaron a imputar a cuatro personas que tuvieron responsabilidad en la gestión autonómica de la crisis. Este nuevo escenario pondría fin a la dinámica de estos seis años, por la que las declaraciones se han sucedido en juzgados de una punta a otra de la región, desde Navalcarnero a Collado Villalba, en función del lugar donde murieron las personas mayores. El cambio supondría para las familias jugárselo todo a una sola carta, en lugar de confiar en que alguno de los múltiples jueces implicados avance hasta sentar en el banquillo a los investigados. A los hijos de los fallecidos les ha dado aliento el impulso que ha dado una sola jueza valenciana a la investigación de la dana de 2024, donde también se examina la posible culpabilidad de cargos políticos en su respuesta a una tragedia.

Sin embargo, los magistrados de la sección 16 han concluido que la fragmentación tiene sentido porque cada fallecimiento se produjo en unas circunstancias distintas. La resolución ahora desvelada por este diario tiene fecha del 4 de diciembre y se originó por un conflicto entre jueces. La jueza del número 5 de instrucción, Carmen Valcarce, remitió en julio del año pasado el caso de una fallecida, Dña. Consuelo M. C., a la jueza del 3, María Isabel Durántez, que en abril había sido la primera en imputar a ex responsables de la gestión autonómica de la crisis en las residencias. Alegaba que “de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares”.

Aquello pasó en medio de una cascada de imputaciones de los mismos protagonistas por parte de otros jueces de la región. Durántez se encontró con peticiones de concentrar las investigaciones de seis juzgados porque ella había sido la primera en imputar a esos ex responsables y la ley establece que ese primer órgano judicial debe tener preferencia para acumular las pesquisas. La concentración se basa en la economía procesal y en evitar sentencias contradictorias, pero la jueza Durántez se opuso en agosto a esa acumulación.

Las familias presentaron su recurso en septiembre y recibieron el apoyo de la Fiscalía. También uno de los imputados, el doctor que redactó los protocolos, Francisco Javier Martínez Peromingo, quiere la acumulación. Otro investigado, el firmante de esos documentos, Carlos Mur de Víu, se opone.

En paralelo, había surgido entre las juezas del 3 y el 5 este otro conflicto, conocido legalmente como cuestión de competencia. Los magistrados de la sección 16 de la Audiencia Provincial han considerado que los argumentos de Durántez para rechazar el procedimiento de su compañera eran “extensos y fundados”. En concreto mencionan que el Supremo había indicado anteriormente sobre el caso residencias que deben ser analizadas las circunstancias de cada muerte. También añaden que los delitos en cada procedimiento no son los mismos (en todos se investiga la supuesta discriminación en el acceso a un servicio público, pero en algunos también se ha denunciado por homicidio imprudente) y tampoco es descartable la posible responsabilidad de otras personas (se sobreentiende que son los trabajadores de cada residencia).

Además, los magistrados observan que la macrocausa “que hubiera de investigar todos y cada uno de los fallecimientos referidos en la denuncia colectiva -u otras que pudieran acumularse- resultaría inabarcable”.

Este criterio no es compartido por otros juristas como el profesor de Derecho Procesal de la Complutense Manuel Quintanar, quien da la razón a las familias. “Por economía procesal todo debería estar unido en una misma causa”, responde a este diario. “No puedes tener a varios juzgados investigando trozos de realidad que convergen”.

Fuentes de los juzgados madrileños informan de que la sección número 1 de la Audiencia inició los primeros trámites para estudiar el recurso de las familias “hace unos días” y que aún no se conoce la fecha de deliberación y fallo. La pregunta que surge es qué sucedería si estos otros magistrados de la Audiencia deciden que sí debe abrirse una macrocausa. En ese escenario habría dos resoluciones contradictorias de la Audiencia. Sobre esto, Quintanar responde que habría que elevar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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