El TSJM incoa diligencias previas a una diputada del PSOE de Madrid por pedir el voto en Facebook durante la jornada electoral europea

Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, ha recibido este jueves en el Parlamento regional, justo antes del comienzo del pleno, la comunicación de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha incoado diligencias que la afectan tras aceptar a trámite en septiembre una denuncia por la presunta comisión de un delito electoral consistente en haber publicado un post en Facebook pidiendo el voto para el PSOE en la jornada electoral de las últimas europeas. El caso rebosa de polémicas. Primero, porque existe un caso similar protagonizado por la consejera del PP Rocío Albert. Segundo, porque la Fiscalía se opuso a judicializar el asunto, y lo consideró como mucho una falta administrativa con competencia de la Junta electoral. Tercero, porque en septiembre hubo un voto particular de un magistrado en ese sentido. Y cuarto, porque la entrega de la notificación se ha escenificado en medio de la entrada de la Asamblea, cuando lo habitual es que la hubiera recibido la procuradora de la diputada.

El 9 de junio, día en el que se celebraron las últimas elecciones europeas, Morales publicó un mensaje en la red social Facebook en el que se la podía ver votando. “Hoy”, escribió, “#VotaPSOE”.

Esa misma jornada, y también fotografiándose en el colegio electoral, Albert publicó en la red social X (antiguo Twitter) un mensaje parecido, que acompañó de la etiqueta “#votaPP”.

“Quiero confiar en que la Justicia tiene cuestiones más importantes que esto, máxime cuando no me pusieron una querella, si no una denuncia”, cuenta la diputada. “También, en que será igual para todas, sin importar si yo me apellido Porro y ella López-Ibor”.

Si el primer caso está judicializado y el segundo no es porque la sala de lo civil y de lo penal del TSJM admitió a trámite una denuncia contra la diputada socialista, que es uno de los rostros más destacados del grupo parlamentario de Juan Lobato, donde está especializada en políticas sociales, y se ha distinguido por su denuncia de las muertes ocurridas en las residencias durante la pandemia del coronavirus, o de la mala calidad de la comida en estos centros.

La Fiscalía consideró entonces que procedía inadmitir la denuncia, argumentando que “la conducta de la denunciada carece de la capacidad o idoneidad para forzar o desviar de forma grave la voluntad de los lectores”, según documentación a la que accedió EL PAÍS, e instó a comunicar el caso a la junta electoral correspondiente por ser una “posible infracción administrativa”. A eso se unió el voto particular de un magistrado de la sala, en el mismo sentido. Pero la posición mayoritaria fue admitir a trámite la denuncia.

“Vistas las circunstancias en que presuntamente se produce el hecho denunciado (por su contenido, por la condición del sujeto emisor y por el medio utilizado a tal fin), resulta, prima facie, que el acto de propaganda examinado puede gozar de una intensidad, de una potencialidad tal captatoria del voto, que no cabe excluir, y mucho menos a radice, su eventual relevancia penal”, se argumentó entonces. Y se recalcó: “No existe la menor duda de que estamos ante el más prototípico acto de propaganda electoral: aquel en que expresamente se pide el voto para un partido político determinado”.

Poco más de un mes después, el TSJM ha pedido a la Guardia Civil que certifique la veracidad de la publicación del mensaje de Morales en Facebook, y que determine “su remitente, difusión y contenido, así como la funcionalidad de los hashtags o etiquetas que aparecen enlazadas”.