Alfonso Serrano, sobre el cargo del PP acusado de espionaje: “Es refriega de afiliados”

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado este jueves de “refriega de afiliados” lo sucedido con el concejal del distrito de Latina de la capital, Alberto González. En declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press en los pasillos de la Asamblea, el número dos del PP de Madrid ha confirmado que esa denuncia le llegó a él, pero ha cuestionado hasta qué punto esta información es “noticiable”. “Me sorprende como una refriega entre afiliados, que puede ocurrir en cualquier partido, en este caso el de un distrito de Madrid, para algunos medios tenga tanta importancia y relevancia que le dan páginas enteras”, ha criticado, al tiempo que ha cuestionado que apenas se le dedique “un breve” a que “Sumar ha forzado los despachos de sus excompañeros de Podemos en el Congreso de los Diputados”.

Para Serrano, si se habla de “escándalos”, en el seno de la izquierda tienen mucho “que mirarse en el espejo”. En cualquier caso, ha incidido en que esto es “un procedimiento” para el que el PP, al igual que el resto de formaciones políticas, tiene “sus mecanismos”. “Llega una denuncia, se analiza, se trata, se instruye, se solicitan pruebas. No hay pruebas, por lo tanto, se archiva. Se vuelve con una nueva iniciativa o vuelven esas mismas personas a presentar una nueva denuncia y se instruye. Esa es la normalidad con la que tratamos”, ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que tienen que ser “extremadamente prudentes” y “cautelosos” y que él como secretario general no debe entrar en un proceso que tiene habilitado el Comité, más cuando en un primer momento “no se aportaron pruebas”.

Serrano no intervino hasta que el caso llegó a Génova

Los cargos del PP, que dimitieron en 2023, pero que continúan siendo afiliados, denuncian presiones, coacciones y encargos de espiar a otros afiliados del entorno de la actual presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, además de presuntas irregularidades económicas en la sede del PP de Latina, que actualmente preside el edil González. Las denuncias llegaron a Génova en junio de 2023. Sin embargo, cuatro meses antes de dirigirse a la sede nacional del partido, los denunciantes escribieron varias cartas y mensajes de WhatsApp al secretario general de los populares en la región, Alfonso Serrano, pero no obtuvieron ninguna respuesta. El silencio, cuentan, se instaló desde el primer momento en la sede del PP de Madrid. De hecho, esta circunstancia no afectó a la elaboración de las listas electorales, donde el concejal González fue en el puesto número 24.

“Alberto González”, se lee en el escrito, “me pide realizar espionaje a la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y a su entorno. Que marque con una cruz aquellos miembros de Madrid que son afines a la dirección nacional y recabe información sobre otras personas, entre ellas Ricardo Calle, asesor del Ayuntamiento en la pasada legislatura, y Alejandro Cortés, entre otros”. “Por razones obvias”, explica el autor de la denuncia, “no llego a hacerlo y empiezo a darle largas a Alberto [González]”. “En esos momentos a ciertas personas con las que tengo una amistad les advierto de que tengan cuidado, que me han mandado espiarlas”, escribe.

El concejal Alberto González ocupa actualmente varios cargos de importancia en el organigrama del Ayuntamiento y del PP madrileño. Es secretario del partido en todos los distritos, presidente del PP en el distrito de Latina y, entre 2021 y 2023, fue director general de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. González es, también, un hombre de la máxima confianza de Serrano, mano derecha de la presidenta Ayuso en el PP madrileño. Consultado por este diario, el edil González prefiere guardar silencio y deriva cualquier asunto al partido regional.

“No tengo ninguna sensación de que esté haciendo nada inmoral ni amoral”

La primera decisión que toma el PP de Madrid al respecto se produjo el 12 de septiembre de 2023. Según el escrito al que ha tenido acceso este diario, el instructor que los populares madrileños han puesto para el caso es Antonio Ángel Avilés García. Avilés García, según una noticia de eldiario.es de 2018, facturó 860.000 euros con su bufete de abogados mientras cobraba un sueldo público de 2.574 euros mensuales como concejal de Economía de Tres Cantos. “No tengo ninguna sensación de que esté haciendo nada inmoral ni amoral”, declaró entonces. “Cumplo todas mis funciones aquí con unos resultados bastante aceptables. Yo creo que la política no se debe vivir de ella”.

Avilés García tomó declaración a uno de los denunciantes el 27 de septiembre de 2023. Según cuenta este último a EL PAÍS, el instructor popular le dijo que estas actuaciones no deberían de haberse notificado al Comité Nacional de Derechos y Garantías, que era mejor hablar las cosas antes. Cuatro meses después, el pasado 9 de enero, los denunciantes fueron llamados de nuevo por el instructor. El expediente continúa abierto, según fuentes populares.

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