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La Fiscalía de Madrid pide medidas educativas “tempranas” para que los menores no banalicen sexo y violencia

Los implicados en homicidios crecieron en 2022 un 47% y los agresores sexuales, un 85%. El ministerio público destaca el gran número de menores de 14 años investigados

Imagen del despliegue contra las bandas juveniles en Madrid en febrero de 2022.
Imagen del despliegue contra las bandas juveniles en Madrid en febrero de 2022.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Patricia Peiró

Por tercer año consecutivo, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid destaca en su memoria anual el incremento de delitos cometidos por menores. Tanto es así, que el organismo ha tenido que ampliar el equipo para hacer frente al aumento de trabajo en esta área. En 2022, 34 menores de edad fueron acusados de participar en un homicidio, mientras que el año anterior fueron 23 ―un 47% más―. Para la fiscal superior, Almudena Lastra, este dato es “extremadamente preocupante”, como ha afirmado este jueves en la apertura del año judicial en Madrid. En 2017, se acusó a ocho por este mismo delito.

El ministerio público también destaca que se registraron 157 agresiones sexuales, frente a las 86 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 82,56 %. “Se hace imprescindible la adopción de medidas, especialmente educativas, que doten a los menores de los conocimientos y herramientas que les permitan gestionar adecuadamente sus relaciones y su desarrollo sexual. La intervención ha de ser temprana y multidisciplinar, evitando así que aquellos naturalicen la violencia”, reza la memoria.

Para interpretar los datos con los hechos, 2022 fue un año de explosión de violencia de las bandas juveniles, cuya actividad desembocó en seis asesinatos, dos de ellos de dos chicos de 15 años. En 2023, los resultados fatales de sus reyertas se han reducido notablemente y solo ha habido un homicidio hasta la fecha, cometido en el distrito de Tetuán en marzo. Sin embargo, más que los datos anuales, la fiscalía analiza la tendencia y por eso pide soluciones fuera del ámbito penal, precisamente para evitar que estos menores acaben delante de un juez.

La fiscalía resalta también que muchos de estos acusados contaban con reseñas policiales previas, especialmente aquellos en la franja de edad entre los 16 y los 18. Por este motivo, los fiscales piden una actuación “integral y multidisciplinar”. Esta llamada de atención está en consonancia con la que hizo hace dos semanas la Fiscalía General del Estado, que también se refirió a la naturalización de la violencia por parte de los jóvenes.

Pero este aumento de la agresividad en edades tempranas se percibe en otros ámbitos, como el de la violencia de género. La fiscalía ha detectado un “aumento significativo” de casos de malos tratos en parejas extremadamente jóvenes. “Se han registrado en el servicio de guardia un total de 959 casos de agresiones mutuas, lo que equivale a un 11,5% de las diligencias incoadas”, se lee en la memoria. Este porcentaje se encuadra dentro de un escenario en el que se han incrementado considerablemente los procedimientos abiertos por violencia de género, especialmente en la capital, donde se han iniciado 31.229 frente a los 17.563 del año anterior.

En los datos estadísticos también se observa un incremento en los malos tratos en el ámbito familiar, especialmente en casos de hijos que agreden a sus progenitores, lo que se conoce como maltrato ascendente. En 2022 se iniciaron 1.152 trámites por estas agresiones, cuando en 2021 fueron 706, es decir, se ha producido un crecimiento del 63%. “Esto debería hacernos reflexionar sobre el modelo educativo”, ha insistido Almudena Lastra.

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Otros delitos

Más allá del ámbito de la justicia de menores, la memoria ofrece un retrato de la delincuencia en la Comunidad de Madrid. Uno de los que más preocupa a la fiscalía es el de la seguridad vial, un área en la que las diligencias han crecido un 45% con respecto al año anterior. El delito que más ha aumentado es el de circular bajo los efectos de alcohol o drogas, que ha pasado de 1.930 asuntos a 3.061, un incremento del 58,60%. En este apartado, los fiscales hacen especial referencia a los llamados vehículos de movilidad personal (MVP), especialmente los patinetes, que desde hace unos años han surgido como alternativa sostenible a la movilidad urbana, aunque su encaje en la seguridad vial todavía suscita dudas. Estos vehículos han llegado a provocar accidentes mortales.

“Constan en el año 2022 diversas intervenciones de Policía Municipal en relación con los VMP. Entre ellas destacan la intervención en 97 siniestros con resultado de daños, 496 siniestros con resultado de lesiones leves y 24 con resultado de lesiones graves”, reza el documento. La memoria destaca que la mayoría de los procedimientos iniciados corresponde a la irregularidad en la conducción de patinetes que cuentan con una potencia y velocidad equivalente a ciclomotores, sin que estén registrados como tal. Apunta a que llegan a venderse al consumidor sin informarle de estas características, pero no siempre ocurre así: “En muchas ocasiones son los propios usuarios los que incumplen o no respetan las normas para la correcta utilización de estos vehículos, principalmente el circular por la acera con el consiguiente riesgo para los peatones”.

La memoria también detecta un incremento de delitos contra la salud pública (tráfico de drogas). En 2022 se iniciaron 3.050 diligencias en esta área, un 15% más que el ejercicio anterior. Según el ministerio público, el grueso de estos asuntos se debe al “continuo desmantelamiento de plantaciones de hachís y marihuana, que se han extendido por gran parte de la Comunidad de Madrid, bajo techado y, en algún caso, en lugares subterráneos”. El documento recoge que España se ha convertido en uno de los principales productores de esta droga. “Dicho incremento, sin duda, está relacionado con el gran beneficio económico que los investigados obtienen de los cultivos, unido a la escasa pena prevista para este tipo de sustancia”, señalan los fiscales.

Otro de los puntos conflictivos que señalan en la memoria es la Cañada Real, escenario habitual de operaciones policiales y desmantelamiento de puntos de venta. Los fiscales antidroga mencionan en especial la operación Barro de la Guardia Civil, y la operación Pipa de la Policía Nacional, llevadas a cabo en diversos sectores de la zona, con 44 detenidos y 22 registros efectuados y “donde el consumo ilegal de electricidad por parte de los investigados, en un solo día, equivalía al realizado por todo el Centro Comercial La Gavia”.

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Sobre la firma

Patricia Peiró
Redactora de la sección de Madrid, con el foco en los sucesos y los tribunales. Colabora en La Ventana de la Cadena Ser en una sección sobre crónica negra. Realizó el podcast ‘Igor el ruso: la huida de un asesino’ con Podium Podcast.

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