Los acusados de estafar a ancianos con la venta de enciclopedias, absueltos al no haber quedado demostrado el engaño

Los 17 acusados de estafar a una decena de ancianos con la supuesta venta de enciclopedias han sido absueltos porque no ha quedado demostrado que fueran ellos los que realizaron las ventas, o bien no ha sido probada la coacción en la compra. En el fallo ha pesado las declaraciones endebles de las víctimas, de avanzada edad y que se han visto obligadas a recordar hechos de hace ocho años. El tribunal considera que existe una “duda razonable sobre la real existencia de un engaño típico o, al menos, de uno que pudiera atribuirse a alguno de los aquí acusados”, reza la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La fiscalía les acusaba de haberse apropiado de, al menos, 185.000 euros de una decena de víctimas de entre 80 y 90 años con engaños sobre supuestas deudas por la compra de libros, presuntas subastas de las colecciones y cancelaciones de las suscrpciones.

El fallo relata las situaciones de acoso y amenazas a los que sometían a las personas mayores. A una de ellas, la llamó una mujer y le aseguró que su hermana, fallecida años antes, había dejado una deuda con una empresa editorial y que ella tenía que asumirla o le embargarían la casa. Sin embargo, por el tiempo transcurrido desde los hechos y debido también a la avanzada edad de las víctimas, el testimonio en sala de los supuestos estafados fue algo confuso y no permitió acreditar la coacción en la transacción. “Tengo mala memoria, recuerdo que fueron insistentes”, aseguró la afectada. “Las contestaciones de la testigo a lo largo de su declaración resultaron ser confusas y contradictorias”, resume el fallo judicial.

Las historias que relataron los denunciantes eran de lo más peregrinas y, si bien el tribunal no duda de que sucedieran, no ha visto acreditada la participación de los acusados. A otra señora la llamaron para comunicarle que se iba a proceder a la subasta de una colección de libros que ella había adquirido con anterioridad y que para participar en la misma debía abonar algo menos de 6.000 euros. Esta mujer no se fió y acudió a la sede de la empresa que habían mencionado en la llamada telefónica. El dueño de la empresa no tuvo duda en que se trataba de un engaño, por lo que acudieron juntos a presentar una denuncia en comisaría. Allí, víctimas y agentes prepararon un dispositivo en el que dos policías se esconderían en una habitación de la casa de la señora mientras los supuestos subastadores acudían a la casa a firmar los supuestos papeles.

Mientras mantenían una conversción con la mujer, los policías salieron de la estancia y registraron su vehículo y las carpetas que llevaban. Los agentes encontraron varios cheques de otras mujeres, un listado de personas con anotaciones como “tonta y compradora”, “ya no nos abre”, “es tonto”, así como resguardos bancarios, presuntas actas notariales y algunas cajas de cartón con libros. La sentencia da por bueno este relato, pero considera que no se ha probado que estos hombres cerraran estos negocios por medio de engaños.

Otra de las mujeres llegó a desembolsar entre 2014 y 2016 hasta 12.000 euros por varias colecciones que iban a revalorizarse y después se podrían vender por sumas más elevadas, según explicó ella en su declaración. En este caso, el juez no cree que haya quedado acreditado ni quién llevó a cabo estas ventas ni que se produjeran con mentiras o presión.

Los testimonios de los policías que participaron en la investigación dejan entrever la dificultad de unas pesquisas en las que las personas afectadas se sienten avergonzadas. “Nosotros contactamos con todas las posibles víctimas, pero muchos nos dijeron que no querían saber nada por vergüenza o para no meterse en más jaleos”, explicó uno de los agentes. Los jueces consideran que tampoco ha quedado probado mediante el análisis de un perito que los documentos que obraban en poder de los acusados fueran falsos y que no estuvieran relacionados con una actividad legal de compraventa de libros.

El tribunal exonera de todos los delitos a los encausados y apunta a que no existe ninguna prueba de que formaran una red criminal dedicada a sacar dinero a las personas mayores aprovechando su vulnerabilidad. Los magistrados no han visto motivos para dudar de la inocencia de los 17 detenidos, alguno de los cuales afirmó en su declaración que a sus clientes les “encanta” comprar libros.

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