La izquierda exige la dimisión de Ossorio, que se niega a rectificar sus palabras sobre las muertes en las residencias, y Ayuso culpa a Vox

Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, sonríe y mira cómplice a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cada vez que un portavoz de la oposición pide su dimisión en el pleno de este jueves en la Asamblea regional. Menos de 24 horas después de que el número dos del Ejecutivo dijera en rueda de prensa que las familias de los miles de ancianos muertos en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia “ya lo han superado”, sus rivales le enseñan la puerta de salida una y otra vez. Le pide que se vaya Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos: “Respeto, verdad y justicia”, reclama. En ello insiste Juan Lobato, del PSOE: “Dígale a su vicepresidente que pida disculpas y abandone el gobierno de Madrid”, le reclama a Ayuso. Y lo mismo exige Mónica García, de Más Madrid: “Cese a su vicepresidente por esas declaraciones miserables”. Entonces toma la palabra Ossorio. Y se desata la tormenta. Donde pudo haber una rectificación, hay un ataque. Donde pudo haber una disculpa, hay una queja. Donde pudo haber un paso atrás, hay dos adelante. Es Ossorio provocando un incendio en el pleno, mientras los diputados del PSOE abandonan sus escaños y los de Más Madrid golpean la madera de sus mesas y estallan en un coro: “¡Dimisión! ¡dimisión!”.

”Me quieren encasquetar a mí su falta de humanidad”, reta Ossorio, con una sonrisa irónica siempre colgada de la cara que observan algunos familiares de los fallecidos desde la tribuna de invitados. “Mis declaraciones están en la web y están transcritas. A ellas me remito”, sigue, negando la evidencia, porque no hay ninguna diferencia, o matiz, entre lo que dijo y lo que transcribieron los medios de comunicación. “Estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre. La falta de dignidad tendría que tener un limite incluso para sus señorías”.

Y se desata el caos. Los diputados de la izquierda se revuelven. Alejandro Sánchez, representante de Equo integrado en Más Madrid, abandona el hemiciclo con el rostro desencajado, tras recibir dos advertencias de la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo (PP). Esta intenta coger las riendas de la sesión, que para entonces es como un caballo indomable y encabritado, tan encendidos están los ánimos.

“Esto es inadmisible”, interviene ante las protestas de la oposición. “Es una vergüenza para el pueblo de Madrid, al que representamos”, sigue mientras retumban los golpes de los diputados de Más Madrid contra sus mesas. “Dejen de usar la violencia en el pleno. Escuchen al señor vicepresidente”.

Pero cuesta que las cosas vuelvan a la calma. La indignación entre la izquierda es absoluta. Son más de 5.000 ancianos muertos en residencias durante lo peor de la pandemia. Son los protocolos de triaje impuestos por el Gobierno regional, que impidieron la entrada de los residentes en los hospitales para salvar la vida o al menos paliar su sufrimiento. Y un Gobierno que ha pasado de no querer depurar responsabilidades en una comisión de investigación a dar el asunto por superado para unos afectados que aún penan las heridas abiertas por ni siquiera haber podido despedirse de sus mayores. Justo en los mismos días en los que el exconsejero Alberto Reyero (Cs) relata en un libro la frialdad con la que sus compañeros del PP vivieron, a su juicio, aquel drama, las palabras de Ossorio reavivan un fuego nunca apagado.

“¡Esto es inadmisible!”, se escucha en el pleno, mientras algún diputado hace gestos imitando el vómito como reacción a las palabras de Ossorio. “¡Usted no sabe un carajo!”, le dice Emilio Delgado (Más Madrid) al vicepresidente. “¿Cree que es normal que se escude en las familias a las que ningunea? Es usted un canalla (...) Son pobres en honestidad, decencia, coraje, empatía y sentido común”, estalla. “Si tuviera algo de esto, dimitiría”.

A esa exigencia se une luego, a través de un comunicado, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias: “Sus declaraciones ninguneando a las familias de las 6.891 víctimas en su comunidad hablan de un malandrín, de una mala persona, no todo tiene cabida en la democracia, por ética, e incluso por estética también”.

El PSOE, mientras tanto, anuncia que sus diputados se irán del pleno cada vez que intervenga Ossorio, insta a todos los grupos a crear una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en las residencias, y mantiene, como Más Madrid, su iniciativa para reprobar al vicepresidente autonómico por sus palabras.

Cuando pasa la tormenta, interviene Jaime de Berenguer (Vox), y afea a la izquierda su comportamiento. Es el único momento de complicidad entre el PP y su socio de la extrema derecha. Los dos partidos afrontan la negociación de los Presupuestos en un ambiente más que enrarecido. El PP ha visto como una traición que Vox activara el martes la comisión de estudio sobre las residencias, que tenía guardado en un cajón desde noviembre de 2021. Este partido, por su parte, considera que el PP ha dado orden de atacarlo a sus afines en los medios de comunicación. Y por si faltara leña para ese fuego que crece y crece, Rocío Monasterio, la portavoz de la extrema derecha en la Cámara, y Ayuso, se enzarzan durante el pleno.

“¿Qué ocurre?”, le pregunta Monasterio a Ayuso. “¿Es que cree que no es nuestra obligación mejorar la vida de nuestros mayores?”, insiste, para subrayar que el órgano que impulsa no es de investigación (para dirimir responsabilidades políticas por las miles de muertes en residencias durante la pandemia), sino de estudio (para proponer mejoras en el sistema). “Nos ha atacado desde sus terminales mediáticos”, acusa. “Nosotros votamos en contra de una comisión revanchista de la izquierda”, recuerda. Y remata, mirando a Ayuso: “No se sienta usted atacada (...) Ustedes hablan del pasado, nosotros de ir de juntos a mejorar el futuro de nuestros mayores”.

Esas palabras ofrecen a Ayuso dos opciones dialécticas: choque o diplomacia. Pero el día no está para sutilezas, ni parece pedirle el cuerpo tender la mano al partido con el que negocia los presupuestos regionales. Es una Ayuso enfadada, y autoritaria, pues reclama a Vox que rectifique, diciendo, sin decirlo, que retire la iniciativa para formar la comisión. No es de extrañar: en la primavera de 2021, Vox anunció su apoyo a una comisión de investigación, la presidenta les acusó de echarse en brazos de la izquierda, y Monasterio acabó dando marcha atrás. Un precedente que está ahora en mente de todos.

“Me llama la atención que Vox sea el mejor aliado de la izquierda en esta Cámara”, afea la presidenta. “Usted no tiene poder, fuerza política ninguna, para frenar a los subvencionados, las plataformas afines, que vayan a esa comisión”, argumenta. “La pretensión de la izquierda es retorcer el dolor de las familias, y ahora lo podrán conseguir en la Cámara, gracias a Vox”, insiste. “Es insensato lo que hacen”, opina. Y remata: “Es otra comisión más contra mí. Esta gente les llama ultraderecha, querría ilegalizarles. Hay que tener principios. Se tienen que replantear esa comisión”.

Ossorio escucha todo eso atentamente. Este es un hombre clave en el organigrama de Ayuso. En el Gobierno, coordina la acción política. En el PP, el programa electoral de 2023. Aunque el número dos del Ejecutivo pisa por segunda vez el charco de la polémica ―”¿Por dónde estarán [los pobres]?”, dijo para cuestionar un informe sobre la exclusión y la pobreza en la región―, eso cimenta su posición interna frente a las peticiones de dimisión. Su intervención es recibida con una ovación cerrada por la bancada del PP. Uno tras otro, los consejeros anuncian a los cuatro vientos su apoyo al vicepresidente. Pero Ayuso se marcha rápido del hemiciclo, igual que quien huye de un incendio, y sin dejar ninguna palabra sobre su número dos.

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