Un profesor para asumir la nueva figura del coordinador de bienestar: la nueva polémica educativa en Madrid

Siguen las aguas revueltas en la educación madrileña. Después de que el lunes los directores de secundaria denunciaran que encararán el curso que viene con 1.000 docentes menos, y de que el consejero Enrique Ossorio lo desmintiera el martes sin aportar datos concretos, ahora sale una nueva polémica que tiene de fondo el mismo problema: el presupuesto. En esta ocasión el que no se va a invertir para la nueva figura que se va a implantar a nivel estatal en todos los centros educativos que cuenten con menores: la del coordinador de bienestar. En Madrid la responsabilidad recaerá sobre un docente que deberá asignar el director del colegio o instituto, pese a las peticiones de toda la comunidad educativa para que asumieran ese papel especialistas en la materia, como los conocidos como Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC). Después de que el curso pasado se abrieran casi 750 protocolos de autolisis o antisuicidios en Secundaria y de que Primaria tuviera un aluvión de menores con problemas de salud mental que han aflorado tras los años más duros de la pandemia, un profesor de matemáticas, de historia o de ciencias naturales será el encargado de prevenir situaciones de violencia o de hablar con los servicios sociales. Y sin descuidar sus horas lectivas.

“Ya he recibido mensajes de profesores diciéndome que por favor no quieren ese marrón”, cuenta Esteban Álvarez, director del instituto Sierra de Guadarrama (Soto del Real).

Ese “marrón” nació en realidad como una buena noticia. Al menos fue una iniciativa aceptada positivamente por toda la comunidad educativa: directores, profesores, padres de alumnos, sindicatos, incluso el Consejo Escolar en su conjunto. El curso pasado fue duro dentro de las aulas, y esta figura pretende poner algo de orden, atender a los menores que arrastran problemas por sus circunstancias socioeconómicas, o de salud mental, hacer de enlace con los servicios sociales, con las fuerzas de seguridad, si es necesario, con los psicólogos, con las familias y con el propio menor.

El Consejo de Ministros aprobó el 4 de junio de 2021 la ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que incluye precisamente eso, que debe existir un profesional encargado de velar por los estudiantes y evitar situaciones de violencia en los centros. Las comunidades autónomas deberán aplicar la norma a partir de septiembre.

Y Madrid la asume, pero sin dedicar presupuesto a implementar esa figura. Un hándicap similar en la mayoría de regiones. “Como no puede ser de otra manera, la Comunidad de Madrid cumplirá con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, y, evidentemente, también en lo referente a la figura del coordinador”, asegura un portavoz de la Consejería de Educación. “La mayoría de estas tareas ya se realizan en los centros educativos de la Comunidad de Madrid”, continúa, “y el director podrá determinar la asignación de horas”. La Administración argumenta, además, que Madrid cuenta “con un equipo de atención socioemocional, pionero en España, que realiza una detección y seguimiento de todos los casos comunicados por los centros educativos”. No explica, sin embargo, que ese equipo está formado por cuatro personas para más de un millón de alumnos de la región y que no dan abasto, según aseguran los directores. “Por lo que solo te ayudan con alguna cuestión burocrática, cuando te cogen el teléfono”, asegura Álvarez.

La polémica, entonces, se centra en quién debe realizar esa tarea y durante cuántas horas. Álvarez, portavoz de los directores de Secundaria de la red pública, y Óscar Centeno, representante de los de Primaria, coinciden en que ese puesto estaba llamado a ser de los PTSC y que así se lo han comunicado en diferentes reuniones a los representantes de la Administración. Al fin y al cabo, argumentan, son profesionales que ya realizaban muchas de las funciones asignadas al nuevo coordinador, aunque no hayan tenido hasta ahora un puesto estructural dentro de los centros educativos. De hecho, desde la última crisis, concretamente desde 2010, ha sido un colectivo “maltratado”, según palabras de Marta Perela, presidenta de la asociación madrileña de PTSC, ya que ha ido desapareciendo de los colegios de difícil desempeño [los que se sitúan en zonas socioeconómicas complicadas] y de los institutos, donde solo acuden cuando hay 50 alumnos de compensatoria [cuando sufren un desfase escolar por sus circunstancias de desventaja sin que exista discapacidad personal añadida].

“En la Consejería admiten que nosotros somos los que cumplimos perfectamente el perfil para hacer de coordinador de bienestar”, explica Perela, que como portavoz de la asociación también se ha reunido con representantes de la Administración para reclamar un hueco que cree que les corresponde. “Pero nos dicen que como no desempeñamos un puesto estructural dentro de los centros, lo tenemos difícil. Pero hombre, metednos en los centros, digo yo, ¿no? Pero es un problema de dinero”, lamenta.

El CIS, en su encuesta sobre salud mental durante la pandemia, constató que se han reflejado cambios en el comportamiento de los niños y adolescentes. Un 52,2% de los padres que tienen hijos menores de edad con los que han convivido durante la pandemia han notado cambios en la manera de ser de sus hijos. De ellos, un 72,7% asegura que sus hijos han sufrido “cambios de humor”, un 78,6% “cambios en los hábitos de vida” y un 30,4% “cambios en el sueño”. A eso se le une que la Fundación ANAR ha constatado que en 2021 hubo un aumento significativo de los trastornos de alimentación en menores (+154,7%), del duelo (+138,9%), las adicciones (+41%), los síntomas depresivos y tristeza (+31,5%), la baja autoestima (+27,9%) y la ansiedad (+25,6%). Y todo eso se ha trasladado a las aulas. Y todavía no se ha ido.

Por eso, a principios de julio pasado, organizaciones de estudiantes, familias, centros y docentes se unieron para lanzar un manifiesto en el que reclamaban “medidas eficaces” para favorecer unas condiciones “más saludables” en los centros educativos, además de acciones de evaluación e intervención psicológica. Lo firmaron la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), el Consejo General de la Psicología de España (COP), la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi), la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), el Sindicato de Estudiantes (SE) y la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-Intersindical).

Sin embargo, en septiembre se encontrarán con que un profesor, el que decida el director de cada centro, será el encargado de velar por la salud mental de 600, 800, o 900 alumnos a la vez, además de realizar sus funciones como docente. Ese trabajo no tendrá aparejado un complemente económico ni una menor carga lectiva, por lo que los profesores lo tendrán que realizar en sus horas de guardia: aquellas que deben estar presentes en el centro por si tienen que cubrir la baja de última hora de un compañero, es decir, entre tres y cinco horas semanales, alternas en días diferentes.

“Estamos estudiando las instrucciones de inicio de curso para recurrirlas porque se pretende que unas funciones que no son propias del profesorado las realicen como cualquier otra materia”, avisa Isabel Galvín, de CC OO. El coordinar de bienestar ya crea malestar antes de empezar.

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