En busca de ocho deportistas de élite estafados para que declaren contra quienes se apropiaron de su dinero

El futbolista Eduardo Salvio tuvo un fin de semana ajetreado. Su equipo, el Boca Juniors ganó a su eterno rival, el River Plate, en el clásico de la liga argentina. Poco después compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que acumula 1,5 millones de seguidores del vestuario. Su vida no es precisamente anónima ni su ubicación, un secreto. Sin embargo, la justicia española no ha podido localizarle para que acuda a declarar al juicio que comenzaba este martes en la Audiencia Provincial de Madrid por una macroestafa a Hacienda en la que él, junto con otra docena de deportistas, es considerado “testigo esencial”. Esta ausencia, sumada a la de otros tantos jugadores en activo cuyo calendario de liga y lugar de trabajo es público, ha sido el principal impedimento para que comenzara la vista oral, que ha tenido que ser aplazada.

Los futbolistas, esta vez, no son los acusados de defraudar a Hacienda, sino unas meras marionetas de una alta funcionaria de la Agencia Tributaria y tres abogados especializados en asesorar a deportistas que utilizaron sus datos fiscales para quedarse con sus devoluciones correspondientes a sus declaraciones de IRPF. Según las investigaciones, Leonor Sánchez-Caballero Pérez, cuyo cargo en el organismo consistía en supervisar las declaraciones de los grandes contribuyentes, utilizó su acceso privilegiado a la información fiscal de los ciudadanos para saber qué deportistas habían dejado de reclamar las devoluciones que les correspondían. Antes de que pasara el plazo tras el que la Administración se queda con las cantidades no solicitadas, avisaba a Julio Lapausa Verdial, Manuel Val Jiménez y Juan Ignacio Torrontegui Salazar, los otros encausados.

El entramado se encargaba de solicitar estas devoluciones a través de dos supuestas sociedades deportivas. Para ello, los acusados falsificaban documentos como sus certificados de residencia, documentación de los clubes o la acreditación de la representación legal de los deportistas. Siempre según la Fiscalía, los acusados aprovechaban el momento en el que los jugadores cambiaban de club y se marchaban a jugar fuera de España para realizar estas operaciones. Esto es lo que sostiene la Fiscalía, impulsora de la investigación después de que el propio organismo diera el aviso cuando tuvo sospechas por una serie de operaciones muy similares, con destino a una misma cuenta y en un corto periodo de tiempo.

El Ministerio Público les acusa de apropiarse de más de seis millones de euros entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 y pide nueve años de prisión para ellos. La funcionaria es la exmujer de uno de los abogados y los investigadores sostienen que él y sus compañeros letrados regaron de regalos y viajes a la mujer para que ella continuara accediendo a esa jugosa plantilla de grandes contribuyentes a la que tenía acceso con un simple clic. En la fase de instrucción del caso, la Fiscalía sí localizó a los deportistas afectados, que reconocieron que no habían instado, ni directa ni indirectamente, las devoluciones presentadas ante Hacienda en su nombre.

Seis años más tarde de los hechos, estaba previsto que la supuesta estafa llegara por fin a juicio, pero la justicia no ha podido localizar a ocho de los 17 deportistas que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían propuesto como “testigos esenciales”. En total, se juzgará a los cuatro acusados por utilizar los datos de casi 40 deportistas de élite para quedarse con el dinero que ellos dejaron de solicitar. La mayoría son futbolistas de equipos como el Real Madrid, el Getafe, el Atlético de Madrid, el Valencia y el Mallorca, pero también hay jugadores de baloncesto.

La Policía, encargada de enviar los requerimientos a aquellos llamados a declarar, no ha podido hacer llegar la solicitud a jugadores como Jorge Oliveira, actual centrocampista del Santa Clara portugués, Marius Stankevičius, actual entrenador del equipo italiano Lumezzane y segundo entrenador de la selección lituana, o Pierre Webó, segundo entrenador del Basaksehir turco. Uno de los deportistas que más rentable les salió fue precisamente Stankevičius, que militó en el Sevilla, el Valencia y el Córdoba, y al que le correspondía una devolución de más de un millón de euros. Otra gallina de los huevos de oro fue Nuri Sahín, centrocampista del Real Madrid en 2011. La Fiscalía cree que los encausados se quedaron con 1,2 millones de euros del futbolista turco.

Tras la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la magistrada ha aceptado aplazar el inicio de la vista oral dos días en los que se intensificará la búsqueda de estos futbolistas que hasta ahora constan en paradero desconocido.

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