Heidi Paz, un cadáver que espera su entierro desde hace cuatro años

La maleta oscura con ribetes plateados en la que el 13 de agosto de 2018 se hallaron los restos de Heidi Paz estuvo presente durante todo el juicio en el que se condenó a su expareja a 15 años de prisión por haberla matado. Estaba ahí, en una esquina de la sala, como un testigo silencioso frente a un acusado que no paraba de hablar: César Román, el Rey del Cachopo. Cuatro años después, el cadáver que contenía esa maleta continúa en una cámara frigorífica a la espera de una orden judicial que permita a su familia cerrar por fin este capítulo. Algo excepcional, incluso en el caso de una muerte violenta.

Heidi, que cuando falleció tenía 25 años, nació en San Pedro Sula (Honduras), una de las ciudades más violentas del mundo. Allí es donde esperaba su familia que regrese para poder despedirse de ella y darle a sus restos la dignidad que trató de arrebaratle su asesino. En la sentencia se condenó a Román también por la profanación del cadáver por el trato vejatorio que dio a los restos. Las extremidades y la cabeza nunca fueron encontradas y el asesino extrajo sus prótesis mamarias para dificultar la identificación. En el país latinoamericano todavía vive una parte de su familia, incluidos sus hijos. “La repatriación está acordada ya con la Embajada desde hace tiempo, pero nos falta el permiso judicial para poder llevarnos el cuerpo, que probablemente se incinerará”, explica el abogado de la familia, Alexis Socías.

La entrega a las familias de las víctimas de una muerte violenta no está regulada de forma minuciosa, por eso depende en gran medida de factores como el desarrollo de la instrucción del caso o la sensibilidad de los jueces. En este caso, la defensa del Rey del Cachopo sostuvo una buena parte de su estrategia en sembrar la duda sobre la identificación del cadáver. Cuestionaron desde la prueba de ADN, hasta el color del torso. “En las fotos de Heidi, se ve que ella era negra y esos restos son blancos”, aseguró la letrada, Ana Isabel Peña, sobre un cuerpo descompuesto, al sol de agosto y lleno de sosa caústica. Una prueba genética confirmó el parentesco entre esos restos y la madre de Heidi.

El Rey del Cachopo alegó también en su escrito de apelación que se habían “vulnerado sus derechos fundamentales”. Esto puede ser un motivo más para que la jueza de la que depende la decisión haya preferido extremar las cautelas hasta que el condenado agote todas sus opciones. Hay que tener en cuenta que a Román aún le queda un último recurso ante el Supremo, que su abogada ha anunciado que agotará a pesar de la contundencia con la que los fallos judiciales han confirmado hasta ahora su culpabilidad.

“A efectos judiciales es una prueba más, pero para los allegados es su ser querido, así que a veces es difícil encontrar el equilibrio entre procurar las garantías de las partes y respetar las creencias y el duelo de la familia”, explica el juez José Antonio Vázquez Taín. El magistrado recuerda que fue criticado por lo contrario a esta situación, por permitir demasiado pronto la incineración de la niña Asunta, cuyos padres fueron condenados por su asesinato. “Hay que saber cómo funciona este proceso y eso de las segundas autopsias es más de las películas americanas que de la realidad. Normalmente, si es necesario hacer una revisión basta con analizar las muestras que se recogen del cadáver en la primera. Pero con las técnicas actuales se puede saber hasta si el autor hizo presión en alguna parte del cuerpo por el estado en el que quedan las moléculas. Se sabe todo”, explica.

Taín justifica que algunos jueces también prefieren ser conservadores y esperar por si en el transcurso de los años aparece una nueva técnica forense que pueda aportar más respuestas. Esto ha sucedido en el caso del homicidio de Déborah Fernández-Cervera, que fue hallada muerta en Galicia en 2002 y cuyo cuerpo se exhumó el año pasado para someterla a nuevas pruebas que hace 20 años no existían. Gracias a esas técnicas, se ha podido extraer ADN de debajo de sus uñas.

Una nueva petición

El letrado de la familia de Heidi ha vuelto a solicitar esta semana la entrega del cadáver después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmara la pena impuesta a Román tras el recurso que presentó su abogada. “Ya hace más de un año nos llamaron del Instituto Anatómico Forense para preguntarnos qué hacíamos”, detalla Socías. El torso fue trasladado desde las antiguas instalaciones de la Universidad Complutense, que cerraron a finales de 2020, hasta la nueva sede del Instituto de Medicina Legal, en Valdebebas. Y allí siguen.

Fuentes del TSJM inciden en que la decisión de entregar un cuerpo depende de cada causa y no hay una regla general. “En este hay que tener en cuenta que nunca ha habido confesión del condenado y que la defensa siempre ha sembrado la sombra de la duda sobre la identificación de los restos”, especifican. Estas mismas fuentes indican que la presidenta del jurado que dictaminó que César Roman era culpable, la magistrada Araceli Perdices, aún no ha recibido el último documento en el que la familia reclama la entrega del cadáver. “En cuanto lo haga, dará traslado a las partes y, si ninguna se opone, tomará una decisión”, señala este portavoz.

“Es cierto que cuatro años es algo excepcional, probablemente sea el cadáver que lleva más tiempo en las instalaciones, pero a veces en casos mediáticos, los jueces prefieren ser cautos y esperar a permitir el enterramiento”, detallan fuentes del Instituto de Medicina Legal. En otras causas mediáticos también ha sucedido algo parecido. Los pequeños restos óseos de los niños Ruth y José, a los que su padre mató y quemó en Córdoba, también se mantuvieron almacenados hasta que la sentencia contra José Bretón fue firme, a pesar de que la madre solicitó poder enterrarlos antes. “Por mi experiencia y por lo que me dicen los especialistas, muchas familias no empiezan su duelo hasta que se produce ese momento, es algo necesario. Hasta ese momento muchas hasta creen que esa persona va a volver”, especifica el juez Taín.

En algunas ocasiones, la entrega de los restos mortales ha supuesto un verdadero problema. En una sentencia de marzo de 2020, el Tribunal Supremo dictó una sentencia contra una magistrada en Valencia en la que recordaba que agilizar los trámites para el enterramientos de los cadáveres era “una prioridad”. La raíz del fallo fue el hallazgo de un cadáver en el interior de un coche en Mislata (Valencia) en enero de 2017. Un mes después la Policía dio por cerrada la investigación al descartar cualquier causa violenta y confirmar el suicidio del hombre. Pero no fue hasta noviembre cuando la jueza dio permiso a sus hermanos para hacerse cargo del cuerpo.

Los magistrados del Supremo afearon la dilación de la jueza, que justificó el retraso por la carga de trabajo de su juzgado. “A partir del momento en que deja de ser necesario el cadáver para realizar las diligencias penales, existe un deber judicial inexcusable de autorizar el enterramiento o incineración. Es algo que, precisamente porque los cadáveres no pueden quedar indefinidamente insepultos, tiene prioridad sobre prácticamente cualquier otra actuación que haya de realizar el correspondiente juez”, recoge la sentencia del Supremo.

El cuerpo de Heidi sigue en una cámara frigorífica y su familia continúa esperando un viaje de vuelta a su país que nunca esperaron hacer.

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